Protestas de estudiantes por la violación de su compañera.
LANOTA.- La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrenta una crisis que desnuda sus fallas estructurales frente a la violencia de género. Una estudiante de la Facultad de Derecho fue presuntamente violada el viernes 17 de octubre por tres compañeros y un hombre ajeno a la institución dentro de las instalaciones universitarias, según la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado.
Lo más alarmante no es solo el acto en sí, sino la permisividad que permitió que ocurriera. Testimonios recogen que los agresores —identificados como miembros de la “Organización Plural Universitaria”— consumieron alcohol y marihuana durante horas sin que docentes o personal de seguridad intervinieran. Tras la agresión, uno de los implicados externos salió del plantel sin restricción alguna, mientras que otros estudiantes alteraron la escena antes de la llegada de las autoridades.
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS BAJO LA LUPA
El coordinador de la Facultad de Derecho, José Miguel Meave Llarena, condujo a los estudiantes a la dirección, pero no garantizó la detención del hombre externo ni la preservación del lugar de los hechos, lo que evidencia una negligencia institucional que se suma a un patrón de omisiones denunciadas por las estudiantes.
La madre de la víctima, consternada, acudió a la Fiscalía para presentar la denuncia correspondiente, responsabilizando también a la universidad por su “reiterada permisividad” frente a acoso, consumo de drogas y violencia sexual dentro del campus.
INDIGNACIÓN ESTUDIANTIL Y DEMANDAS DE JUSTICIA
El caso desató indignación en la comunidad universitaria, especialmente porque se produce apenas una semana después de que alumnas de la Facultad de Economía protestaran contra el rector Alejandro Zermeño Guerra por permitir el acoso sistemático de un docente sin sanción.
Colectivos feministas y organizaciones estudiantiles acusan directamente a Zermeño Guerra y al director de la Facultad de Derecho, Germán Pedroza Gaitán, de minimizar la violencia de género y de mantener un silencio cómplice ante un clima de hostigamiento que afecta a toda la comunidad.
TOMA DE INSTALACIONES Y EXIGENCIAS CLARAS
Estudiantes de Derecho tomaron las instalaciones para exigir justicia inmediata, sanciones ejemplares y la renuncia de los funcionarios señalados por omisión. Denuncian que los líderes de la Federación Universitaria Potosina (FUP), presuntamente involucrados, gozan de protección y han intimidado a otros alumnos.
“Estamos hartas del acoso sexual dentro de la universidad y de la falta de acciones concretas para evitar estos hechos”, declararon alumnas durante la movilización. La toma busca presionar a la rectoría para que implemente medidas de protección y protocolos efectivos que prevengan futuros incidentes.
UN PATRÓN DE IMPUNIDAD
El caso expone la vulnerabilidad de estudiantes frente a un sistema que parece proteger más a los agresores que a las víctimas. Desde el consumo de drogas dentro del plantel hasta la liberación de implicados por parte de docentes, la UASLP enfrenta una crisis de confianza que refleja un campus donde la impunidad se ha normalizado.
La Fiscalía General del Estado ha iniciado investigaciones, pero la comunidad estudiantil exige acciones concretas y transparencia, advirtiendo que la justicia no puede esperar a los procedimientos administrativos que históricamente han favorecido a los perpetradores.
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