20/10/2026
LANOTA.MX.- En un fallo judicial determinante que marca un giro decisivo tras 18 meses de impunidad y batallas legales, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de ocho personas físicas y tres personas morales (empresas), imputadas por el delito de homicidio culposo en agravio de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles. Ambos comunicadores perdieron la vida el 5 de abril de 2025 al colapsar una estructura decorativa instalada sobre una grúa durante la cobertura del festival AXE Ceremonia 2025 en el Parque Bicentenario.
La resolución se emitió alrededor de las 02:00 de la madrugada de este martes, al concluir una prolongada jornada en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Con este dictamen, la autoridad judicial determinó iniciar el proceso penal contra la totalidad de los 11 acusados, sumando a las empresas y sus ejecutivos a la situación jurídica de María ‘N’, funcionaria encargada de Protección Civil durante el concierto masivo, quien ya había sido vinculada a proceso desde el jueves pasado.
La acusación formulada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sustentó que el colapso, derivado de ráfagas de viento, se originó por una violación directa al programa de protección civil. Las investigaciones concluyeron que dicho plan no contemplaba la colocación ni la operación de una estructura metálica suspendida en una grúa, la cual fue habilitada de forma irregular como punto de encuentro en el recinto.
Para la familia de Miguel Ángel Rojas, el fallo judicial representó un respiro de dignidad tras afrontar más de un año de dilaciones y maniobras procesales por parte de los corporativos involucrados.
“Yo creo que en este momento para la familia es festejo, es alegría, porque han pasado 18 meses desde los hechos que ocurrieron aquel 5 de abril de 2025 y que las empresas han jugado de una forma, digamos grosera”, declaró Edwin Alan Piñón González, representante legal de la familia de Miguel Ángel Rojas.
“Es un día muy importante para la familia. El juez escuchó los argumentos de ambas partes, tanto de las defensas como de la asesoría jurídica y el Ministerio Público, y determinó dictar auto de vinculación para las tres empresas y también en contra de ocho personas físicas. En total se dictaron 11 autos de vinculación a proceso”, enfatizó el litigante.
MANIOBRAS LEGALES, AMPAROS Y COALICIÓN SOSPECHOSA
El camino hacia esta audiencia inicial estuvo bloqueado por múltiples recursos promovidos por los corporativos acusados —entre ellos los organizadores de Grupo Eco—, quienes interpusieron más de 20 juicios de amparo con la intención de obstaculizar la acción de la justicia y retrasar la comparecencia ante el juez.
Adicionalmente, la representación legal de la víctima expuso ante la opinión pública la detección de presuntas irregularidades y pactos fuera de tribunal dirigidos a frenar el avance del expediente.
“En este tiempo detectamos una coalición entre la asesoría jurídica de Berenice Giles con una de las empresas imputadas, que también impulsaron una estrategia para poder evitar llegar a esta audiencia”, denunció Piñón González, haciendo referencia al contexto en que la familia de la fotógrafa Berenice Giles decidió previamente suscribir un acuerdo reparatorio con los corporativos para retirarse del litigio.
COBRO CLANDESTINO DEL SEGURO Y PRESIÓN SOBRE LOS DEUDOS
Uno de los puntos más graves ventilados al cierre de la comparecencia fue la revelación de que al menos una de las firmas vinculadas a proceso cobró en lo oculto la indemnización del seguro de vida contratado para cubrir riesgos en el evento.
“Esa información es muy importante porque los seguros ya fueron cobrados por parte de las empresas. Esa información nunca fue informada a la Fiscalía, nunca se le hizo del conocimiento a ninguna de las asesorías jurídicas”, reveló el asesor legal Edwin Alan Piñón.
“En teoría, los montos que maneja la póliza de seguro es para incidentes y riesgos, y la agencia de los socios la cobró a nombre de la familia”, agregó el abogado.
Esta maniobra financiera contrasta severamente con la situación de la familia de Miguel Ángel Rojas, que no solo ha rechazado acuerdos económicos condicionados bajo amenazas de disolución empresarial, sino que ha debido contraer deudas financieras para sostener la causa penal.
Al fijar la resolución final de la audiencia, el juez de control otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía y la asesoría jurídica recabarán más elementos probatorios antes de dar paso a la etapa de juicio oral por el caso AXE Ceremonia 2025.
PUNTOS CLAVE
- 11 vinculaciones a proceso: Un juez de control procesó penalmente a 8 personas físicas y 3 personas morales por homicidio culposo tras el colapso de una estructura en el festival AXE Ceremonia 2025.
- Falla en Protección Civil: La FGJCDMX basó la acusación en la omisión y violación del programa de seguridad al montar una estructura no autorizada sobre una grúa que cayó por fuertes vientos.
- María ‘N’ imputada: La encargada de Protección Civil del evento quedó vinculada a proceso junto con los ejecutivos y las empresas organizadoras.
- Cobro irregular de seguro: La defensa denunció que las empresas cobraron a espaldas de la Fiscalía y la familia la indemnización de la póliza de seguro por los fallecimientos.
- Plazo de investigación: El juez otorgó un periodo de tres meses para la investigación complementaria, mientras que la familia de Berenice Giles optó por un acuerdo previo fuera de juicio.
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