3/06/2026
LANOTA.- El Gobierno de Estados Unidos ha puesto bajo la lupa a dos figuras clave del oficialismo en el norte de México. De acuerdo con un amplio reportaje publicado por el diario estadounidense Los Angeles Times, las autoridades de ese país investigan a Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, y a Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, por presuntas relaciones con estructuras del crimen organizado.
Las indagatorias, atribuidas por el rotativo a múltiples fuentes que hablaron bajo estricto anonimato, habrían provocado ya la revocación de las visas estadounidenses de ambos mandatarios estatales de Morena. Estas acciones se inscriben en una ofensiva frontal de la administración de Donald Trump dirigida a desmantelar las redes de complicidad institucional entre altos funcionarios mexicanos y los cárteles de la droga.
ALFONSO DURAZO: BAJO EL RADAR DE WASHINGTON
Alfonso Durazo, quien antes de gobernar Sonora ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a nivel federal, es descrito por Los Angeles Times como uno de los líderes políticos de más alto perfil sujetos a investigación.
Personas familiarizadas con el expediente señalaron al diario que la visa de Durazo fue cancelada desde el año pasado, en tanto las agencias de seguridad estadounidenses robustecen un caso en su contra por presuntos nexos con la delincuencia organizada.
La reacción oficial de Hermosillo no se hizo esperar. Paloma Terán, vocera del Gobierno de Sonora, desmintió categóricamente la publicación a través de sus canales oficiales.
“Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño. El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento y reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la transparencia”, fijó la funcionaria en la red social X.
AMÉRICO VILLARREAL: HUACHICOL Y CONDICIONES TRANSFRONTERIZAS
En el caso de Tamaulipas, la línea de investigación principal apunta a un delito de fuerte impacto binacional: el contrabando de combustible de gran escala (huachicol). Por su posición geográfica colindante con Texas, la entidad es catalogada como un centro neurálgico para el flujo ilegal de hidrocarburos en ambos sentidos de la frontera.
Fuentes cercanas a las indagatorias citadas por el rotativo indicaron que, a pesar de la revocación de su visado ordinario, Villarreal Anaya cuenta formalmente con un esquema de libertad condicional por beneficio público significativo (parole), una figura legal que le permite ingresar a territorio estadounidense bajo condiciones estrictas. De acuerdo con testimonios recogidos en el reportaje, cuando el gobernador tamaulipeco cruza la frontera suele ser escoltado por autoridades de EEUU.
Por su parte, el mandatario tamaulipeco emitió un comunicado de prensa donde rechazó haber incurrido en conductas delictivas. Américo Villarreal negó acusaciones y las calificó de falsas, sesgadas y carentes de sustento probatorio, manifestando que su trayectoria pública se ha conducido bajo principios de transparencia y apego estricto a la legalidad.
EL ANTECEDENTE SINALOA Y EL EFECTO EN CADENA
La revelación de estos expedientes ocurre en un ecosistema de alta tensión entre Washington y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Apenas en abril pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos destapó una serie de cargos penales de extrema gravedad contra otros cuadros del partido gobernante.
El caso más crítico ha sido el de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien junto a una decena de funcionarios y exfuncionarios estatales fue acusado formalmente por fiscales estadounidenses de brindar protección y facilidades operativas al Cártel de Sinaloa. Según los expedientes de las cortes norteamericanas, el mandatario sinaloense habría colaborado con la organización criminal para el tráfico masivo de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas a cambio de financiamiento electoral y sobornos multimillonarios.
La acumulación de investigaciones contra gobernadores del litoral del Pacífico y la frontera norte (Sinaloa, Sonora y Tamaulipas) perfila una estrategia coordinada desde los departamentos de Estado y de Justicia de EEUU para presionar de forma directa el corazón de la estructura territorial del oficialismo en México.
PUNTOS CLAVE DE LA NOTA
- Señalamiento directo: Los Angeles Times reveló que el Gobierno de Estados Unidos investiga formalmente a Alfonso Durazo (Sonora) y Américo Villarreal (Tamaulipas) por supuestos vínculos con el crimen organizado.
- Sanciones migratorias: Fuentes confidenciales confirmaron al diario estadounidense que a ambos gobernadores de Morena les han sido revocadas sus visas de ingreso a EEUU; en el caso de Durazo, el retiro del documento habría ocurrido el año pasado.
- Situación particular en Tamaulipas: La investigación a Villarreal se centra en el contrabando de combustible; el reporte señala que ingresa a EEUU bajo un permiso condicional especial y escoltado por autoridades de ese país.
- Desmentidos oficiales: El Gobierno de Sonora afirmó que Durazo mantiene su visa vigente y no tiene notificaciones legales en EEUU. Villarreal, en tanto, tildó las acusaciones de falsas y carentes de pruebas.
- Presión binacional creciente: Estas indagatorias se suman al proceso penal que el Departamento de Justicia estadounidense inició en abril contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por conspiración con el narcotráfico.
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