17/08/2026
LANOTA.MX. La narrativa oficial del repliegue de la violencia en México enfrenta un severo escrutinio técnico.
Aunque los indicadores difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) perfilan una caída sin precedentes en las cifras de homicidios durante el último año —tras casi una década de estancamiento en índices críticos—, analistas e investigadores advierten que la presunta pacificación del país esconde severas anomalías metodológicas, manipulación de registros e inconsistencias en la integración de las carpetas de investigación.
BRECHAS METODOLÓGICAS Y SUBREGISTRO EN LAS FISCALÍAS
Un diagnóstico elaborado por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (IBERO) insta a recibir con escepticismo el desplome en los registros administrativos de criminalidad.
Si bien los datos preliminares contabilizan 27 mil 989 homicidios (lo que redujo la tasa nacional de 25.8 a 21.4 casos por cada 100 mil habitantes en el último periodo anual), los especialistas enfatizan que esta contracción estadística no equivale a una pacificación real sobre el terreno, sino a una creciente distorsión en la captura y procesamiento institucional de las muertes violentas.
La discrepancia central radica en la brecha entre los certificados médicos de defunción procesados por el INEGI y las investigaciones abiertas por los ministerios públicos.
Mientras que en 2024 la diferencia entre ambas fuentes era del 8.5% a favor del organismo estadístico, para el siguiente ejercicio la distancia se duplicó al 15%, dejando un vacío de aproximadamente 3 mil 600 víctimas fatales que jamás fueron asentadas en las pesquisas de las fiscalías locales.
El fenómeno resulta agudo en entidades con supuestos “éxitos” en seguridad como Quintana Roo y San Luis Potosí, donde las actas de defunción por homicidio certificado llegan a multiplicar hasta por siete los casos que las fiscalías reconocen formalmente.
A este subregistro ministerial se suma la denuncia constante de colectivos y periodismo regional en zonas de alta confrontación delictiva, como Sinaloa, donde se documenta la omisión deliberada de víctimas y la alteración de escenas.
Ante la falta de explicaciones públicas por parte de las autoridades sobre estos desfases, la IBERO subraya que la drástica caída en los registros de las fiscalías —significativamente más pronunciada que la reducción en los certificados de defunción— compromete la credibilidad de la estadística oficial.
HOMICIDIO DOLOSO VS. CULPOSO: LA LLAVE DE LA RECLASIFICACIÓN
Para comprender la gravedad de estas anomalías estadísticas, resulta indispensable precisar la diferencia jurídica entre ambas modalidades del delito: mientras que el homicidio doloso implica la intención deliberada, consciente y voluntaria de privar de la vida a una persona (el indicador central para medir la violencia delictiva), el homicidio culposo se refiere a muertes no intencionales derivadas de la negligencia o imprudencia, como en los accidentes de tránsito.
En este contexto, la reclasificación técnica de un expediente se convierte en una herramienta opaca.
Registrar la muerte de una víctima con disparos como un hecho “imprudencial” o “accidental” en lugar de un ataque deliberado permite restar casos del conteo oficial de violencia criminal, generando una ilusión de reducción de la delincuencia violenta en las métricas de gobierno.
RECLASIFICACIÓN DE DELITOS Y MAQUILLAJE ESTADÍSTICO
Detrás del descenso en la tasa de homicidio doloso subyace un sospechoso repunte en otras categorías de muertes violentas.
Los datos revelan que el homicidio culposo cometido con armas de fuego, armas blancas u otros objetos se incrementó un 37% al comparar los primeros semestres, pasando de 1,166 a 1,598 víctimas.
El foco más alarmante se ubica en los homicidios culposos perpetrados con arma de fuego, categoría que casi se quintuplicó en el periodo analizado, mostrando repuntes atípicos en entidades como Guanajuato y Quintana Roo.
El ajuste en los manuales de registro institucional también ha fracturado la continuidad de las series históricas.
La implementación del catálogo del Registro Nacional de Incidencia Delictiva (RNID) alteró la comparabilidad anual al fragmentar las tentativas de homicidio y eliminar rubros clave como “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”.
Esta maniobra contable invalida el seguimiento longitudinal del fenómeno delictivo y entorpece el diseño de políticas públicas sustentadas en diagnósticos reales.
Frente a este escenario de opacidad, la IBERO urgió a someter el sistema de información criminal a una auditoría integral bajo estándares internacionales.
Entre las recomendaciones prioritarias figuran la estandarización estricta de las métricas estatales, la desagregación puntual de los tipos de violencia, la aplicación de evaluaciones independientes y el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas que impidan el uso político de la estadística criminal.
PUNTOS CLAVE
- Discrepancia estadística al alza: La brecha entre los homicidios certificados por el INEGI y los investigados por las fiscalías estatales pasó del 8.5% al 15%, dejando fuera de las carpetas de investigación más de 3,600 muertes violentas.
- Focos rojos de subregistro: En entidades como Quintana Roo y San Luis Potosí se registran hasta siete defunciones por homicidio certificado por cada caso que las fiscalías locales admiten en sus conteos oficiales.
- Maniobra legal y reclasificación: Se aclara la distinción entre homicidio doloso (intencional/violencia criminal) y culposo (accidental/imprudencial); la reclasificación técnica de muertes violentas a modalidades culposas permite inflar o desinflar artificialmente las métricas oficiales.
- Sospechoso repunte “culposo”: Mientras el homicidio doloso baja en el papel, el homicidio culposo con arma de fuego creció casi 500%, lo que sugiere una alteración en el tipificado de las muertes para matizar el impacto de la violencia.
- Ruptura de la serie histórica: La introducción de la nueva metodología del RNID eliminó categorías de análisis como “otros delitos contra la vida”, dificultando la comparación longitudinal de los datos de criminalidad.
- Exigencia de auditoría: Especialistas de la Universidad Iberoamericana demandan un peritaje independiente a las métricas del gobierno y la armonización de registros bajo estándares internacionales de derechos humanos.
Síguenos en @LaNotaDeMexico
