21/09/2026
LANOTA.MX.- Un informe de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dejó al descubierto un paquete de 47 sanciones administrativas a servidores públicos y a una empresa privada, las cuales incluyen destituciones, inhabilitaciones de hasta 10 años y multas globales por 4.6 millones de pesos.
Sin embargo, el desglose de los expedientes ha generado debate público debido a que múltiples castigos aplicados ante faltas que van desde daños patrimoniales, negligencias médicas con saldo mortal, maltrato infantil, falsificación de documentos y acoso sexual, entre otros, resultan desproporcionados o lenitivos frente a la magnitud de las irregularidades detectadas en dependencias clave como CFE, Sedena, SAT, IMSS, Pemex y el DIF.
Las investigaciones formales y los procesos de fiscalización se desahogaron bajo el marco constitucional y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por un lado, las faltas graves fueron resueltas e impuestas directamente por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tras las indagatorias de la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad y de los Órganos Internos de Control adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Educación Pública, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo.
Por otro lado, la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno resolvió de manera directa las conductas catalogadas como no graves, exhibiendo un abanico de deficiencias operativas y éticas en diversas instituciones federales.
EL TFJA SANCIONA CON HASTA 10 AÑOS DE INHABILITACIÓN POR DAÑOS AL ERARIO Y OMISIONES JURÍDICAS
Entre los casos más representativos de faltas graves que ameritaron el castigo del TFJA se encuentran quebrantos financieros y pifias jurídicas de alto impacto. Uno de los expedientes principales recayó en Juan D., adscrito al Hospital Militar de Zona de Cinco de Mayo, en Durango, quien fue destituido, inhabilitado por una década y multado con 651 mil pesos tras comprobarse que durante 2021 y 2022 no comprobó los pagos de víveres, el consumo de gas LP para alimentos del personal militar ni las devoluciones de impuestos a la Tesorería de la Federación, generando un daño patrimonial equivalente al monto de la multa.
En el sector hacendario, Alejandra M., funcionaria del SAT, fue inhabilitada por 10 años y multada con 253 mil pesos debido a su omisión en 2021 al no solicitar a tiempo la documentación necesaria para la defensa en diversos juicios, lo que impidió recuperar un crédito fiscal equivalente a dicha sanción.
Asimismo, en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), María H. y Susana E. recibieron una inhabilitación decenal y una multa conjunta de 564 mil pesos por firmar convenios y tramitar prestaciones improcedentes a un ex trabajador al concluir su relación laboral en 2018.
CASTIGOS IRRISORIOS Y DISCREPANCIAS ANTE FALTAS GRAVES Y OMISIONES MÉDICAS
El análisis de las resoluciones dejó en evidencia castigos que parecen contrastar de forma alarmante con la gravedad de las conductas reprochadas. En la CFE, Rodrigo C., de la División Centro Oriente en Puebla, fue inhabilitado 10 años pero se le impuso una multa de apenas 33 mil pesos tras presentar nueve incapacidades médicas falsas en 2024 para evitar el descuento salarial de 22 días.
Casos similares de lenidad ocurrieron con directivos que autorizaron recontrataciones de personal que arrastraba inhabilitaciones vigentes de hasta 10 años, recibiendo suspensiones temporales de únicamente 30 días.
En el sector salud, cinco trabajadoras del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, en Jalisco —Olivia G., Ana V., Erika A., Laura C. y Elizabeth M.—, recibieron una inhabilitación de tan solo un año por no realizar en 2021 un diagnóstico oportuno y certero ante una hemorragia cerebral, omisión que impidió brindar el tratamiento adecuado y contribuyó al fallecimiento del paciente.
En una línea similar, una empresa privada identificada como D. fue inhabilitada cuatro años y multada con 3.1 millones de pesos por presentar facturas alteradas de vehículos en una licitación de transporte.
TRECE DEPENDENCIAS Y SANCIONES POR CONDUCTAS INAPROPIADAS, ACOSO Y MALTRATO INFANTIL
Las faltas no graves concentraron procedimientos en 13 dependencias, incluyendo Pemex, Secretaría de Salud, Sader, DIF, Guardia Nacional y Profeco. En Pemex, Sergio M. fue inhabilitado por un año tras incurrir en 2025 en conductas verbales, físicas y visuales de connotación sexual respecto a la apariencia física de una trabajadora externa.
Paralelamente, en el DIF, Ricardo A., del centro Casa Cuna Coyoacán, fue destituido e inhabilitado por solo seis meses por agredir física y psicológicamente a dos menores en 2025, mientras que dos testigos que encubrieron el abuso recibieron suspensiones menores de 15 y 30 días.
La negligencia institucional también alcanzó a la seguridad nacional y la salud pública. Cinco elementos de las Oficinas Centrales de la Guardia Nacional fueron destituidos por entregar en 2024 certificados de estudios falsos de la SEP para tramitar licencias de portación de armas.
Finalmente, Rigoberto R., médico de la Unidad de Medicina Familiar 46 del IMSS en Culiacán, Sinaloa, fue suspendido 30 días por no brindar atención oportuna y omitir estudios básicos a un paciente en 2022, contribuyendo a su deceso.
PUNTOS CLAVE
- Sanciones globales: La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el TFJA impusieron castigos a 47 servidores públicos y una empresa, acumulando inhabilitaciones de hasta 10 años y multas por 4.6 millones de pesos.
- Castigos cuestionados e irrisorios: Múltiples sanciones han generado debate público al parecer desproporcionadas frente a la gravedad de los hechos, como multas mínimas por falsificar incapacidades o suspensiones breves por recontrataciones ilegales.
- Negligencias médicas mortales: Trabajadoras del IMSS y del Centro Médico Nacional de Occidente recibieron suspensiones e inhabilitaciones de un año tras diagnósticos tardíos que derivaron en la muerte de pacientes.
- Acoso sexual y violencia: Se sancionó con un año de inhabilitación a un funcionario de Pemex por hostigamiento de connotación sexual, y con seis meses a un trabajador del DIF por maltrato físico y psicológico a menores.
- Fraudes y documentos falsos: Directivos y elementos de la Guardia Nacional y la CFE fueron sancionados por el uso de certificados escolares falsos y facturas alteradas en licitaciones públicas.
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