25/09/2026
LANOTA.MX.- El megadecomiso de 59 millones de litros de combustible en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, realizado a mediados de septiembre de 2026, mantiene abiertas las dudas sobre su verdadera naturaleza legal. Aunque la cifra representa el mayor aseguramiento de hidrocarburo sin origen plenamente acreditado en la historia reciente del país, las primeras diligencias y peritajes de las autoridades federales todavía no han podido confirmar formalmente si el producto confiscado corresponde a prácticas de huachicol o si se trata de una discrepancia de carácter estrictamente administrativo y documental.
Durante el despliegue informativo oficial, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que el hallazgo no se originó de manera repentina, sino que fue el resultado de dos o tres diligencias previas ejecutadas en la entidad a lo largo de un par de semanas. A diferencia de los grandes operativos contra el crimen organizado que comúnmente lidera la FEMDO, esta investigación comenzó a gestarse desde la propia delegación estatal de la FGR, apoyada por informes de inteligencia aportados por la policía local y estatal.
La magnitud del volumen requisado —que incluye más de 33 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de la versión premium y 18.2 millones de litros de diésel, equivalentes a llenar 371 mil barriles de Pemex— superó por un margen histórico los registros previos.
Para ponerlo en perspectiva, este aseguramiento multiplica por 35 veces el decomiso más alto de hidrocarburo registrado en Guanajuato el año anterior, y rebasa ampliamente los 15.4 millones de litros incautados en julio de 2025 entre Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, que hasta entonces ostentaban el récord de la actual administración federal.
EL ORIGEN DE LA INDAGATORIA Y EL ROL DE LAS EMPRESAS IMPLICADAS
La ruta crítica de la investigación se remonta a varios meses atrás, específicamente al 3 de julio, cuando un operador de carga fue detenido en una estación de servicio ubicada en San Luis de la Paz tras no poder acreditar la legal procedencia de 33 mil litros de diésel que transportaba en su unidad. Esa aprehensión individual encendió las alertas institucionales y propició tres órdenes de cateo sucesivas autorizadas por un juez federal.
La segunda de estas inspecciones se llevó a cabo en un despacho de gas LP localizado en el municipio de Dolores Hidalgo, mientras que la tercera y más voluminosa intervención se concentró en un predio de la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide, operado en las inmediaciones de la empresa Gas Natural del Noreste. En dicho lugar quedaron bajo resguardo oficial diez tanques de almacenamiento masivo, tres unidades de transporte pesado y expedientes con registros de entradas y salidas de pipas que carecían de la documentación fiscal y comercial completa.
Ante el impacto mediático y financiero del operativo, el conglomerado Simsa, operador de la terminal de almacenamiento, se deslindó públicamente de la propiedad del hidrocarburo retenido. La corporación argumentó mediante comunicados que sus funciones se limitan estrictamente a prestar el servicio de almacenamiento a terceros que cuentan con permisos vigentes emitidos por la CRE desde 2016. Bajo esta línea de defensa, la compañía sostuvo que son sus clientes permisionarios quienes tienen la obligación legal de demostrar la propiedad y la trazabilidad legítima de cada barril depositado en las instalaciones.
LA POSTURA DEL GOBIERNO FEDERAL Y LA ATRACCIÓN DEL EXPEDIENTE
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el caso desde Villahermosa, Tabasco, donde aclaró que la investigación inicial se centró rigurosamente en el control de los accesos vehiculares y la falta de papeles en regla de las pipas que ingresaban al predio guanajuatense.
La mandataria federal precisó que, debido a las observaciones detectadas en las actuaciones ministeriales iniciales, la delegación local remitió formalmente el expediente hacia las oficinas centrales, quedando bajo la jurisdicción de la FEMDO y de la dirección especializada en hidrocarburos de la FGR.
Especialistas del sector energético consultados sobre el tema explicaron que este tipo de complejos industriales operan comúnmente bajo contratos de depósito, por lo que la acumulación masiva de inventario en una terminal no constituye, por sí misma, una prueba irrefutable de contrabando o extracción ilegal, abriendo la puerta a que el litigio gire en torno a omisiones administrativas y trazabilidad fiscal de los permisionarios.
PUNTOS CLAVE
- Magnitud histórica: El operativo en San José Iturbide, Guanajuato, permitió el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible (gasolina regular, premium y diésel), superando por 35 veces el decomiso más alto previo en el estado.
- Orígenes de la investigación: La indagatoria no nació en la FEMDO, sino en la delegación estatal de la FGR a partir de la detención de un chofer en julio de 2025 que transportaba 33 mil litros de diésel sin comprobar su origen.
- Falta de certeza sobre huachicol: El secretario Omar García Harfuch confirmó que las primeras diligencias y peritajes todavía no logran comprobar si el producto confiscado es huachicol o si se trata de irregularidades documentales.
- Postura empresarial: El conglomerado Simsa y Gas Natural del Noreste negaron la propiedad del hidrocarburo, argumentando que operan mediante contratos de almacenamiento para terceros con permisos vigentes.
- Atracción del caso: Ante las observaciones detectadas, el expediente pasó a manos de la FEMDO y de la dirección de hidrocarburos de la FGR para definir responsabilidades y posibles detenciones futuras.
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