21/10/2026
LANOTA.MX.- En una sorpresiva e intempestiva maniobra administrativa que cierra una de las rutas de retiro más codiciadas y rentables del sistema de seguridad social en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le puso un freno de mano definitivo a las jugosas pensiones que superaban los 80 mil pesos mensuales a través de la popular Modalidad 40.
La decisión, cocinada en los pasillos de la alta burocracia técnica, desmantela la estrategia financiera de miles de trabajadores veteranos que planeaban elevar exponencialmente sus percepciones de vejez en el tramo final de su vida laboral.
El reajuste no es menor: asesta un impacto directo e irreversible a la llamada “generación de transición”, integrada por los asalariados que cotizaron bajo el marco regulatorio de la Ley de 1973 —aquellos que ingresaron al mercado laboral formal antes de las reformas de 1997 que dieron paso a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores)— y que encontraban en este esquema voluntario el atajo legal perfecto para maximizar sus derechos adquiridos.
EL FIN DEL TOPE DE 25 UMAS: LANZA CONSEJO TÉCNICO CANDADO SALARIAL
Oficializado mediante la publicación de un nuevo acuerdo del Consejo Técnico del IMSS en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el ajuste destruye las reglas del juego de la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio.
Tradicionalmente, la ley permitía a las personas que perdían su empleo o dejaban de cotizar con un patrón inscribirse por su cuenta e inyectar recursos propios para fijar un salario de cotización superior, con un techo financiero de hasta 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 2 mil 932 pesos diarios.
Con la nueva disposición aprobada por el órgano de gobierno del instituto, la discrecionalidad del trabajador para inflar voluntariamente su base salarial queda completamente cancelada.
A partir de ahora, la referencia obligatoria para el cálculo será el último salario base de cotización que tuvo el asegurado en su empleo formal, al cual únicamente se le podrá sumar un margen marginal de hasta una UMA adicional, respetando la base del salario mínimo vigente.
Para ponerlo en perspectiva, si un derechohabiente promedió un sueldo de 500 pesos diarios durante sus últimas 250 semanas laborales, con las reglas anteriores podía financiarse de su bolsillo una cotización al tope de los 2 mil 932 pesos diarios para garantizarse un retiro holgado.
Con la entrada en vigor del decreto, ese mismo trabajador quedará acorralado en un límite máximo de cotización de 617.31 pesos diarios, reduciendo en más del 75% sus aspiraciones de incremento pensional.
El nuevo acuerdo “dispone que se tome como referencia el último salario base de cotización, con un margen de hasta una UMA adicional, respetando el piso de salario mínimo previsto en el acuerdo”, estipula la resolución oficial del Consejo Técnico.
DE PENSIONES DE 61 MIL PESOS A JUBILACIONES MEDIOCRES
El impacto de este cerrojazo financiero se traduce en una drástica devaluación de las expectativas de retiro para el sector obrero y profesional. Bajo la mecánica tradicional, un jubilado de 60 años con un récord de 2,000 semanas cotizadas que lograba cotizar los últimos cinco años bajo el tope de las 25 UMA alcanzaba con facilidad una pensión base de 61 mil 500 pesos al mes, monto que solía trepar por encima de los 80 mil pesos mensuales al contabilizar asignaciones familiares, asignación por vejez y dependientes económicos.
Con la tijera regulatoria, ese techo se desploma por completo, atando el monto del retiro a la realidad salarial previa del trabajador. El IMSS justified la medida bajo el argumento de implementar “acciones temporales de restricción” que aplican de forma inmediata para nuevas solicitudes y reingresos, dejando a salvo únicamente a quienes ya se encontraban inscritos en el esquema antes de la entrada en vigor del acuerdo.
Las autoridades aclararon que el cambio no altera ni confisca las semanas efectivamente cotizadas y pagadas en el pasado, ni tampoco desconoce la antigüedad acumulada. Sin embargo, impuso otro duro revés operativo: la eliminación de la retroactividad. Mientras que antes la incorporación a la Modalidad 40 surtía efectos desde el día siguiente a la baja patronal —permitiendo pagar las cuotas vencidas en una sola exhibición—, ahora el alta correrá estrictamente a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
LAS SEVERAS REPERCUSIONES DE UN CAMBIO DE REGLAS A MEDIO CAMINO
Las consecuencias de este viraje regulatorio dibujan un escenario sombrío para miles de familias mexicanas. En primer lugar, la medida pulveriza la capacidad de compensar historiales de sueldos bajos: aquellos trabajadores que cotizaron gran parte de su vida con percepciones mínimas ya no tendrán forma de financiar de su bolsillo un salario promedio alto, quedando relegados a jubilaciones que difícilmente superarán los 10 mil o 18 mil pesos mensuales.
Por otro lado, la restricción desmantela toda una industria de despachos de asesoría financiera y esquemas de préstamo pensional que financiaban los pagos mensuales a los asegurados a cambio de un porcentaje de su retiro futuro.
Asimismo, destruye la certidumbre jurídica de miles de personas de entre 50 y 59 años que llevaban años ahorrando o liquidando bienes patrimoniales para aplicarlos a este esquema, cambiando abruptamente las condiciones del juego justo en la recta final de su trayectoria laboral.
En el fondo, la decisión responde a la urgencia del Seguro Social por tapar una fuga presupuestal insostenible y frenar el vertiginoso déficit que representan los pasivos pensionales de la Ley 73.
No obstante, al aligerar la carga sobre las finanzas públicas, la medida traslada todo el costo social hacia la población de la tercera edad, obligando a una mayor masa de adultos mayores a depender exclusivamente de programas de apoyo gubernamental en su vejez.
DOCE MESES PARA REINVENTAR LA NORMATIVA Y SALVAR LAS FINANZAS DEL INSTITUTO
Detrás de este viraje regulatorio subyace una profunda preocupación por la viabilidad presupuestal del Seguro Social, golpeado por el pasivo contingente que representan las pensiones de la Ley 73. Ante el desbalance financiero que generaba la inyección de capital privado para obtener altas pensiones públicas, el acuerdo mandata una auditoría interna de fondo a la arquitectura del sistema.
El decreto instruye formalmente a la Dirección de Finanzas del IMSS a elaborar y presentar, en un plazo no mayor a seis meses, un diagnóstico costo-beneficio exhaustivo que determine la magnitud del impacto económico de la Modalidad 40 en las arcas del organismo.
A la par, se le dio una encomienda directa a la Dirección Jurídica del IMSS para que, una vez recibido el dictamen financiero, formule en un periodo posterior de seis meses una reforma normativa definitiva y estructural que deberá ser sometida a consideración del Consejo Técnico, abriendo la puerta a que el esquema vuelva a sufrir severas modificaciones en el corto plazo.
PUNTOS CLAVE
- Tope a la Modalidad 40: El IMSS restringió severamente la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, impidiendo que los trabajadores elijan cotizar voluntariamente con el límite de 25 UMAS (2,932 pesos diarios).
- Nuevo cálculo de cotización: Las nuevas incorporaciones solo podrán cotizar tomando como base su último salario registrado más un tope adicional de una UMA, fijando un límite drásticamente menor (ejemplo: 617.31 pesos para quien ganaba 500 pesos).
- Desplome en los montos de retiro: Se eliminan en los hechos las pensiones superiores a los 61,500 y 80,000 pesos mensuales que lograban los cotizantes de la Ley 73 mediante estrategias financieras de último momento.
- Fin a la retroactividad: La inscripción a la Modalidad 40 ya no surtirá efecto desde el día posterior a la baja laboral, sino estrictamente desde la fecha en que se tramite la solicitud.
- Consecuencias sociales y financieras: La medida frena la sangría en las arcas del IMSS, pero destruye la certidumbre de miles de trabajadores en su recta final de retiro y desploma sus ingresos pensionales a rangos de $10,000 a $18,000 pesos.
- Derechos respetados e investigación en curso: Las nuevas reglas aplican únicamente a nuevos trámites y reingresos (no afecta a los ya inscritos) y se otorgó un plazo de 12 meses a las direcciones de Finanzas y Jurídica del IMSS para definir el futuro normativo del esquema.
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