6/11/2026
LANOTA.MX.- Un nuevo capítulo en la tormenta política y administrativa que envuelve al Instituto Nacional Electoral (INE) salió a la luz tras la difusión de material audiovisual que compromete de manera directa la gestión de su expresidenta, Guadalupe Taddei. Las revelaciones exponen presuntas amenazas vertidas por el empresario José Alfredo Hernández Casillas, contratista vinculado a la firma Cajas Graf, en medio de un ríspido conflicto por el control de contratos públicos y adjudicaciones electorales.
La divulgación de estos audios y videos, presentada en el espacio del periodista Carlos Loret de Mola en Latinus, ocurre en una coyuntura crítica. Las imágenes y testimonios no solo confirman la ruptura del vínculo comercial y personal entre el proveedor y la exfuncionaria electoral durante los primeros meses de 2026, sino que coinciden con acciones punitivas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y una solicitud formal de fiscalización al interior del propio órgano electoral.
ESTRATEGIA DE REPRESALIA Y ARCHIVOS EN EL EXTRANJERO
De acuerdo con los materiales difundidos, las grabaciones registraron conversaciones en las que el contratista detalla la existencia de un expediente de resguardo internacional ideado como una póliza de seguro personal ante posibles consecuencias legales o políticas. Hernández Casillas habría encarado a la entonces consejera presidenta para dejarle en claro el alcance de los documentos en su poder.
En uno de los extractos más contundentes del material audiovisual, el empresario externa con crudeza el nivel de la advertencia formulada a la cabeza del arbitraje electoral:
“Nada más que también le dije (a Taddei), tienes en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, tienes declaraciones mías con todo el puto rollo que puedo decir aquí en México. Me pasa algo a mí, te lleva la ching*** a ti y a todo tu pu** INE”.
Asimismo, las filtraciones exhiben otros pasajes de las disputas entre el proveedor y la cúpula del organismo.
En una grabación realizada en febrero, el contratista alude a pactos no cumplidos y pactos de silencio vinculados con dependencias de la administración central, al señalar textualmente: “Habíamos quedado en que no iba yo a decir nada de esto, de Gobernación”.
NOMINACIONES IRREGULARES Y EL MANEJO DE PLAZAS INTERNAS
Más allá de los amagos, los videos exponen presuntas injerencias en la estructura burocrática del instituto electoral.
Las conversaciones publicadas detallan el conocimiento y control que el empresario afirmaba tener sobre la asignación de plazas administrativas dentro del organismo, en coordinación con colaboradoras cercanas a la presidencia.
Hernández Casillas hace referencia directa a un paquete de decenas de puestos de trabajo gestionados por Iliana Araceli Hernández, exfuncionaria vinculada al círculo íntimo de la expresidenta del INE:
“Las dos personas de Iliana que son parte de las 62 plazas se dieron de baja en diciembre; son las únicas que reconozco. No vayas a creer que esas eran plazas que yo manejaba aparte de las otras”.
En el mismo compendio de grabaciones, el contratista llega a asegurar que puestos dentro del organigrama institucional habrían sido otorgados de manera discrecional a personas ajenas a la carrera electoral, entre ellas una antigua terapeuta de la funcionaria: “Venía y ella le quitaba las dolencias y la contrató y ahí está, trabaja todos los días, chequen eso”.
BLOQUEOS DE LA UIF Y REVISIÓN DECENAL EN EL INE
El impacto del escándalo trascendió el ámbito mediático para convertirse en un expediente de fiscalización federal. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó la inclusión de 25 personas físicas y 15 personas morales conectadas con la proveeduría del órgano electoral en su Lista de Personas Bloqueadas, debido a la detección de discrepancias financieras e indicadores de riesgo. Tras este congelamiento preventivo, la dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Paralelamente, el Consejo General del INE aprobó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión integral y detallada de todos los procesos de contratación, arrendamientos y prestación de servicios ejecutados a lo largo de la última década (2016-2026).
Durante la sesión, la consejera Carla Humphrey respaldó la auditoría al demandar que en el proceso de investigación “no quede nada sin revisar”.
El paquete de acuerdos aprobados por el árbitro electoral contempla el resguardo cautelar de archivos, la depuración del padrón de proveedores y la apertura de canales de denuncia interna, mientras la institución diseña planes de contingencia para blindar la continuidad operativa de cara a los comicios federales de 2027.
PUNTOS CLAVE
- Nuevas filtraciones: Latinus reveló grabaciones donde el empresario José Alfredo Hernández Casillas advierte haber dejado pruebas y declaraciones en el extranjero contra Guadalupe Taddei como medida de protección ante un conflicto por contratos.
- Control de nómina y favores: Los audios exhiben señalamientos sobre la gestión de un paquete de 62 plazas administrativas y la presunta incorporación a la plantilla laboral del INE de una expersona del servicio médico/terapéutico de la expresidenta.
- Acción de la UIF y denuncia formal: La UIF congeló las cuentas de 25 personas físicas y 15 empresas vinculadas a la proveeduría electoral tras detectar anomalías financieras, e interpuso una denuncia penal ante la FGR.
- Auditoría decenal: El Consejo General del INE solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizar todos los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios suscritos entre 2016 y 2026.
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