5/11/2026
LANOTA.MX.- Una inédita sacudida institucional puso fin al mandato del Ejecutivo paraguayo.
Santiago Peña presentó este miércoles su dimisión formal a la Presidencia de la República de Paraguay en medio de un severo colapso financiero provocado por la intervención de Ueno Bank y bajo la presión inminente de un juicio político impulsado en el Congreso.
La crisis bancaria que liquidó a una de las entidades más influyentes del país detonó la ruptura del bloque oficialista y forzó la dimisión del jefe de Estado antes de que el Senado concretara su destitución.
LA DIMITIDA PRESIDENCIAL: “NINGÚN CARGO ESTÁ POR ENCIMA DEL BIENESTAR DEL PARAGUAY”
Mediante un mensaje en formato de video difundido en sus canales oficiales, el ahora exmandatario oficializó su salida argumentando la necesidad de frenar el escalamiento del conflicto institucional y preservar la paz social.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”, afirmó Peña en la apertura de su alocución, donde subrayó que la búsqueda de gobernabilidad motivó su dimisión: “Ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”.
El eje del discurso del exmandatario se centró en la zozobra de millones de ciudadanos atrapados en el quiebre de la entidad financiera y en el uso de recursos estatales.
“Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”, expresó Peña, haciendo una explícita solicitud al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para asegurar la devolución oportuna de los activos privados y el resguardo de las arcas públicas.
La renuncia se consumó luego de que la oposición y disidentes de su propia bancada formalizaran la acusación por su presunto conflicto de interés y vínculos previos con el grupo financiero colapsado.
EL RUPTURISMO DE HORACIO CARTES Y EL AVAL DEL PARTIDO COLORADO AL JUICIO POLÍTICO
La estocada definitiva a la permanencia de Peña no provinieron únicamente de la oposición, sino de la propia cúpula de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
Horacio Cartes, expresidente paraguayo, líder del Partido Colorado y padrino político que catapultó la candidatura de Peña en 2023, retiró el respaldo de la estructura partidaria y ordenó a sus legisladores votar en favor del procesamiento penal procesal.
“Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado”, aseveró Cartes mediante sus redes sociales.
La postura del titular de la ANR selló la suerte del mandatario en el Congreso al instruir el apoyo del oficialismo al libelo acusatorio de la Cámara de Diputados.
“Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”, sentenció Cartes.
De forma paralela, 35 legisladores promovieron la demanda amparados en el artículo 225 de la Constitución.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad someter a juicio político tanto a Peña como a su vicepresidente Pedro Alliana, trasladando la decisión definitiva al Senado para evaluar la aceptación formal de la renuncia o la declaración de culpabilidad, además de resolver la ratificación de Alliana al frente del Ejecutivo.
Ante este escenario, el diputado colorado disidente Mauricio Espínola advirtió la urgencia de actuar: “Si Santiago Peña no se va, el Partido Colorado tiene muy pocas chances de seguir en la conducción nacional de la república en el 2028”.
EL COLAPSO FINANCIERO DE UENO BANK Y LA RESPUESTA JUDICIAL
El origen de la crisis institucional radica en la severa insolvencia de Ueno Bank.
La intervención fue decretada por el Banco Central del Paraguay (BCP) tras constatar una caída drástica en los parámetros regulatorios del banco, cuyo índice de solvencia descendió a menos del 50% del límite legal mínimo.
La firma contaba con cerca de 2.9 millones de clientes en una nación de 6.1 millones de habitantes y gestionaba entre 800 y 850 millones de dólares en depósitos con fondos del Estado, incluyendo reservas operativas del Instituto de Previsión Social (IPS).
Ante el estallido social, la Cámara aprobó una ley de emergencia que amplía la cobertura del Fondo de Garantía hasta por 40 salarios mínimos mensuales por ahorrista.
Peña promulgó la norma pidiendo madurez política: “A todos los sectores políticos les solicito encarecidamente anteponer el interés de los ahorristas a cualquier otro interés”.
En el frente legal, el Ministerio Público activó un operativo judicial de gran escala imputando a 27 personas por maniobras financieras irregulares cometidas entre 2025 y 2026.
Las pesquisas revelaron el otorgamiento de créditos desproporcionados y sobregiros a empresas vinculadas al mismo grupo económico sin los análisis de riesgo exigidos por la ley.
La Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción solicitó la prisión preventiva para el fundador y accionista mayoritario de la entidad, Miguel Vásquez, y medidas cautelares para otros siete ejecutivos, quienes comparecieron ante los tribunales esposados, protegidos con chalecos antibalas y bajo un fuerte despliegue policial frente a las protestas populares en Asunción.
PUNTOS CLAVE
- Renuncia presidencial: Santiago Peña dimitió a la Presidencia de Paraguay mediante un mensaje público antes de consumarse su juicio político en el Senado.
- Fractura en el Partido Colorado: Horacio Cartes, titular de la ANR y mentor político de Peña, retiró su apoyo y ordenó a la bancada oficialista votar en favor de la destitución.
- Quiebre de Ueno Bank: La crisis se desató tras la intervención del Banco Central por la caída del índice de solvencia del banco a menos de la mitad del límite legal, poniendo en riesgo depósitos de 2.9 millones de clientes y unos USD 850 millones en fondos públicos.
- Proceso en el Congreso: La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana; el Senado definirá la ratificación de las renuncias y la sucesión del Ejecutivo.
- Imputaciones y arrestos: La Fiscalía acusó a 27 personas por delitos financieros e insolvencia punible, solicitando la prisión preventiva del fundador de la entidad, Miguel Vásquez.
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