*Odracir R Espinoza Valdez.
4/11/2026
LANOTA.MX.- Guadalupe Taddei es mi paisana. La conocí hace años, cuando su trayectoria electoral era vista con respeto; la recuerdo transitando por instituciones y gobiernos de distintos partidos políticos sin aparecer, al menos públicamente, manchada por escándalos de esta dimensión. Es lamentable que la historia cambiara; hoy su nombre es tema nacional, conversación obligada en los cafés y, para muchos, emblema de una corrupción que promete modernizarse, pero nunca desaparecer.
Su renuncia a la presidencia del INE fue presentada y vendida como un acto de responsabilidad institucional. Taddei afirmó que “las personas cumplimos ciclos” y que “las instituciones permanecen”; añadió que su decisión no releva a nadie del deber de esclarecer los hechos con transparencia, rigor, debido proceso y rendición de cuentas. Tiene mucha razón: renunciar puede proteger temporalmente al Instituto —lo cual es necesario—, pero ello no borra todo lo que se manchó: los contratos, las relaciones irregulares, los nombramientos y, sobre todo, las posibles responsabilidades administrativas y penales.
La Auditoría Superior de la Federación informó que cuenta con indicios de irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. La investigación comprende al INE, organismos electorales locales, empresas, proveedores y servidores públicos. Es claro que tanto a Taddei como al empresario José Alfredo Hernández Casillas les asiste la presunción de inocencia, pero sin duda, por las evidencias y los famosos videos, existe material suficiente para investigar y llegar hasta las últimas consecuencias.
Investigaciones periodísticas exhiben y describen una red de empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas que obtuvieron contratos millonarios en organismos electorales, con firmas que presuntamente aparentaban competir entre sí y compartían socios, representantes o apoderados. También se documentó que personas relacionadas con esas compañías llegaron a puestos administrativos dentro del INE y se repartieron dichas posiciones. Es información lamentable, pero debemos reconocer que ocurre de forma muy común en nuestra realidad mexicana; por ello, debe dejar de ser chismes de sobremesa para merecer ser investigada, procesada y mandar un mensaje de no repetición.
La presidenta Sheinbaum dijo que “no puede haber sombras de corrupción” en el Instituto y consideró acertada la separación de Taddei para facilitar las investigaciones. Después elevó el estándar, señalando que “tiene que auditarse todo”, incluidos contratos de esta y de administraciones anteriores. Sin embargo, auditar todo no dará el resultado esperado si no se fincan responsabilidades a los culpables. Por otro lado, revisar el pasado no debe ser un pretexto para no determinar quién decidió, quién se benefició y quién simuló competencia en el presente; no es justificación ni mucho menos impunidad.
Dentro del INE, no olvidemos que existen voces disidentes que han hablado de una crisis institucional grave. Martín Faz, por ejemplo, señaló que la gestión estuvo marcada por problemas de conducción y opacidad, agravados por la concentración de facultades en la presidencia para realizar nombramientos unilateralmente. El problema, entonces, no sería solo personal de la señora Taddei, sino también de diseño a raíz de su última reforma, porque cuando una institución concentra decisiones, concentra riesgos y responsabilidades, dando pie a la autocracia institucional; y ya hemos visto de nuevo sus resultados.
Acabo de participar en la IX Cumbre de Fiscales Anticorrupción en La Paz, Baja California. Ahí escuché preocupaciones institucionales reales que van desde la falta de autonomía, recursos limitados y dificultad para obtener información financiera, hasta protección insuficiente a denunciantes y la necesidad de coordinar investigaciones complejas, siendo estas instituciones las que también debemos fortalecer. La paradoja es que la reforma anticorrupción anunciada por el Gobierno sigue enfocada principalmente en sanciones administrativas, la reforma judicial y la electoral, pero no en la anticorrupción. La propia Presidenta reconoció que el paquete “no trae nada relacionado con la Fiscalía General” y es “esencialmente administrativo”. Es lamentable que, hasta donde pude constatar, las fiscalías especializadas todavía no hayan sido convocadas de manera pública y estructurada para exponer sus necesidades; mal por los tomadores de decisiones, muy lamentable.
Cierro con estos dos temas. Taddei, el empresario y toda la red deben ser investigados y procesados; si existieron conflictos de interés, colusión, tráfico de influencias, triangulación o lavado, deben ser sentenciados como ejemplo de que esto ya no se tolera en nuestras instituciones. Si no existieron, también debe aclararse mediante resoluciones fundadas, no a través de pactos políticos ni escarmientos. Al tiempo.
En cuanto a la reforma anticorrupción, es reprochable que no se escuche a quienes están al frente de la batalla y representan la última ratio en la investigación de delitos. Si no se fortalece la autonomía de las fiscalías, volveremos a producir auditorías sin sentencias y escándalos sin responsables. Como dice el refrán: Cuentas claras, amistades largas. La renuncia puede vaciar una oficina, como ha pasado hasta hoy; lo que nunca debe vaciar es la justicia ni el ejemplo.
*Mtro. Odracir Ricardo Espinoza Valdez.
Abogado Penalista, Académico, Primer Fiscal Anticorrupción del País y Ex asesor Legal del Departamento de Justicia de EU en México.
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