11/11/2026
LANOTA.MX.- La llegada de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no puede entenderse únicamente como el resultado de una tómbola.
Aunque formalmente su nombramiento surgió de un procedimiento de insaculación previsto en la Constitución, el desenlace fue precedido por una cadena de decisiones políticas, judiciales y administrativas que permitieron a Morena conducir el proceso hacia un escenario donde cualquiera de los resultados posibles aseguraba un perfil cercano a su proyecto político.
A lo largo de tres meses, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados construyeron un mecanismo que comenzó con la integración de un Comité Técnico de Evaluación cuestionado por sus vínculos con el oficialismo, continuó con la selección de finalistas señalados por sus relaciones familiares o políticas con la llamada Cuarta Transformación y culminó con una quinteta presidencial en la que cuatro de las cinco aspirantes fueron identificadas públicamente por su cercanía al partido gobernante.
En ese contexto, la tómbola dejó de ser un factor de incertidumbre para convertirse en el último paso de una estrategia que había reducido significativamente los riesgos para Morena.
EL DISEÑO QUE ABRIÓ EL CAMINO
La renovación de cuatro posiciones del Consejo General del INE, incluida su presidencia, comenzó formalmente el 13 de diciembre de 2022, cuando la Cámara de Diputados aprobó el procedimiento para designar a los sustitutos de Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz.
Desde ese momento se estableció una ruta de doble salida: alcanzar una mayoría calificada de dos terceras partes en la Cámara o, en caso de fracasar las negociaciones, recurrir a la insaculación.
La primera controversia apareció pocos días después.
El 23 de diciembre de 2022, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó parcialmente el acuerdo de la Cámara y ordenó modificar aspectos sustanciales del procedimiento, incluida la integración y funcionamiento del Comité Técnico de Evaluación.
La resolución eliminó diversos mecanismos de supervisión sobre el Comité y fortaleció su autonomía para decidir quién avanzaba y quién no en el proceso.
Con ello, el órgano evaluador se convirtió en el verdadero filtro para determinar quiénes llegarían a la etapa decisiva.
MORENA TOMA EL CONTROL DEL COMITÉ
La integración del Comité Técnico, formalizada en febrero de 2023, se convirtió en uno de los episodios más polémicos del proceso.
Morena, junto con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), utilizó su mayoría en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para designar a los tres integrantes que le correspondían:
- Enrique Galván Ochoa
- Evangelina Hernández Duarte
- Andrés Norberto García Repper Favila
Los tres perfiles arrastraban antecedentes que generaron cuestionamientos sobre su independencia respecto del oficialismo.
Galván Ochoa era identificado como columnista de La Jornada y cercano a diversas posiciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Evangelina Hernández había ocupado cargos públicos en administraciones vinculadas a la izquierda gobernante.
García Repper Favila tenía como antecedente haber fungido como representante de Morena ante autoridades electorales.
La oposición denunció entonces que Morena había utilizado su mayoría parlamentaria para asegurar el control del órgano que evaluaría a todos los aspirantes.
La preocupación no era menor.
El Comité tendría facultades para revisar expedientes, aplicar exámenes, evaluar trayectorias, realizar entrevistas y, finalmente, determinar quiénes conformarían las cuatro quintetas definitivas.
En los hechos, el futuro presidente o presidenta del INE comenzaría a definirse dentro de ese órgano.
EL TEPJF MODIFICA LAS REGLAS PARA LA PRESIDENCIA
El 22 de febrero de 2023, otra decisión del TEPJF modificó el escenario.
La Sala Superior ordenó que la quinteta destinada a elegir la presidencia del INE estuviera integrada exclusivamente por mujeres, bajo el principio de alternancia de género.
La medida redujo el universo de aspirantes y concentró la competencia en un grupo específico de candidatas.
Formalmente, el Tribunal no seleccionó nombres ni favoreció a ninguna participante en particular.
Sin embargo, la decisión aumentó la importancia de la etapa de evaluación, pues serían los integrantes del Comité quienes definirían qué cinco mujeres llegarían a la lista final.
DE 530 ASPIRANTES A UNA LISTA BAJO SOSPECHA
El proceso recibió 530 solicitudes.
Tras exámenes, revisiones curriculares y entrevistas, el Comité redujo progresivamente el universo de participantes hasta conformar una lista de 20 finalistas.
Fue entonces cuando surgió la objeción más seria de todo el procedimiento.
María Esther Azuela Gómez, integrante del Comité propuesta por el INAI, presentó un voto particular para manifestar su desacuerdo con la inclusión de seis aspirantes.
Entre ellas figuraban:
- Bertha María Alcalde Luján
- Guadalupe Álvarez Rascón
- Iulisca Zircey Bautista Arreola
- Guadalupe Taddei Zavala
Azuela sostuvo que esos perfiles presentaban elementos que comprometían los principios de autonomía e imparcialidad exigidos por la convocatoria, derivado de relaciones familiares, vínculos políticos o trayectorias asociadas a gobiernos y actores partidistas.
La relevancia de esta advertencia radicó en que no provenía de la oposición, sino de una integrante del propio órgano evaluador.
A pesar de ello, la mayoría del Comité mantuvo a todas las candidatas dentro del proceso.
LA QUINTETA PRESIDENCIAL: CUATRO PERFILES VINCULADOS AL OFICIALISMO
El momento decisivo llegó el 26 de marzo de 2023.
El Comité entregó la quinteta destinada a elegir a la futura presidenta del INE:
- Bertha María Alcalde Luján
- Guadalupe Álvarez Rascón
- Rebeca Barrera Amador
- Iulisca Zircey Bautista Arreola
- Guadalupe Taddei Zavala
La integración de la lista provocó una inmediata controversia.
Distintos medios documentaron que cuatro de las cinco aspirantes mantenían vínculos familiares, profesionales o políticos con Morena o con integrantes del gobierno federal.
Bertha Alcalde era hija de Bertha Luján, expresidenta del Consejo Nacional de Morena, y hermana de Luisa María Alcalde, entonces secretaria del Trabajo.
Guadalupe Álvarez Rascón era hija del senador morenista José Antonio Álvarez Lima.
Iulisca Zircey Bautista mantenía vínculos familiares con un subsecretario del gobierno federal.
Guadalupe Taddei era familiar de diversos funcionarios identificados con Morena en Sonora.
La única integrante de la quinteta que no aparecía relacionada con estos señalamientos era Rebeca Barrera Amador.
En términos políticos, la composición resultaba extraordinaria.
Cuatro de las cinco posibles presidentas del INE habían sido cuestionadas por sus nexos con el partido gobernante.
La consecuencia era evidente: si el proceso terminaba en una tómbola, Morena tendría amplias probabilidades de obtener una presidencia afín independientemente del nombre extraído.
EL CLIMA DE CONFRONTACIÓN FAVORECÍA LA INSACULACIÓN
Paralelamente, las negociaciones en la Cámara de Diputados se desarrollaban en un ambiente de confrontación política.
La elección requería una mayoría calificada de dos terceras partes.
Morena no contaba por sí solo con los votos suficientes para imponer a una candidata determinada, pero sí tenía capacidad para influir decisivamente en la conformación de las quintetas.
Con una lista final ampliamente integrada por perfiles cercanos al oficialismo, el fracaso de las negociaciones dejaba de representar un riesgo.
Por el contrario, la falta de acuerdos favorecía el uso de la insaculación.
La estrategia resultaba políticamente funcional: Morena podía argumentar que respetaba el procedimiento constitucional mientras avanzaba hacia un escenario donde cualquiera de los desenlaces posibles beneficiaba a perfiles vinculados a su entorno político.
LA TÓMBOLA RESOLVIÓ LO QUE EL COMITÉ HABÍA PREPARADO
El 31 de marzo de 2023 se realizó la insaculación.
De la quinteta presidencial resultó seleccionada Guadalupe Taddei Zavala.
La narrativa oficial presentó el resultado como producto del azar.
Sin embargo, el elemento central del proceso no fue la extracción del nombre, sino la selección previa de quienes llegaron a la urna.
La suerte eligió entre cinco mujeres, pero el Comité había decidido quiénes formarían parte de ese grupo.
Y de esas cinco aspirantes, cuatro habían sido objeto de cuestionamientos públicos por sus vínculos con Morena o con integrantes de la administración federal.
En consecuencia, la verdadera disputa no ocurrió frente a la tómbola, sino durante la integración del Comité Técnico de Evaluación, la evaluación de los aspirantes y la conformación de la quinteta presidencial.
UNA ELECCIÓN LEGAL, PERO MARCADA POR CUESTIONAMIENTOS POLÍTICOS
Nunca se acreditó judicialmente que existiera una instrucción directa de Morena para imponer a Guadalupe Taddei ni se probaron manipulaciones ilegales de calificaciones o expedientes.
Tampoco el Tribunal encontró elementos para invalidar su designación cuando el PAN impugnó el nombramiento.
Sin embargo, la secuencia de hechos dejó una percepción difícil de ignorar.
Una mayoría parlamentaria alineada con Morena integró un Comité cuestionado por sus vínculos con el oficialismo.
Ese Comité ignoró objeciones internas sobre autonomía e imparcialidad.
Posteriormente elaboró una quinteta donde cuatro de cinco candidatas tenían nexos identificados con el movimiento gobernante.
Finalmente, el proceso desembocó en una tómbola donde cualquiera de varios resultados posibles resultaba políticamente favorable para Morena.
Por ello, el verdadero debate no es si la insaculación se realizó conforme a la ley.
La pregunta de fondo es si el diseño previo del proceso convirtió el supuesto azar de la tómbola en una garantía política para el partido en el poder.
Más que una historia de suerte, el ascenso de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE es la historia de cómo se construyó un proceso en el que, llegada la hora del sorteo, Morena ya había ganado desde antes.
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