19/11/2026
LANOTA.MX.- Karla Sofía Sandoval Domínguez, recién designada como encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del Instituto Nacional Electoral (INE), enfrenta un procedimiento de responsabilidad administrativa ante el Órgano Interno de Control (OIC) derivado de presuntas anomalías en una adjudicación por más de 22 millones de pesos otorgada al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).
De acuerdo con una investigación publicada por el diario Reforma, la funcionaria electoral deberá acudir a comparecer el próximo 26 de noviembre ante la Contraloría Interna para responder por estos señalamientos, apenas días después de haber asumido el mando de una de las áreas estratégicas del organismo autónomo encargado de garantizar la profesionalización de su personal.
ACUSACIONES DE ABUSO DE FUNCIONES Y NEXOS CON PROVEEDOR POLÉMICO
El expediente administrativo no solo involucra a Sandoval Domínguez, sino también a tres exfuncionarios de la estructura administrativa del Instituto: el exsecretario administrativo Jesús Octavio García González; el extitular del SPEN, Jorge Egren Moreno Troncoso; y el exdirector de Recursos Materiales y Servicios, Mario Alfonso Burciaga. Estos tres últimos exservidores públicos han sido vinculados previamente con el polémico proveedor José Alfredo Hernández Casillas, protagonista de diversos cuestionamientos por contrataciones dentro del árbitro electoral.
A los cuatro implicados se les atribuye la falta grave de “abuso de funciones”. El señalamiento se origina tras haber asignado de manera discrecional y mediante adjudicación directa —omitiendo el proceso de licitación pública— un contrato al Ceneval para diseñar y aplicar el examen de ingreso destinado a reclutar nuevo personal para el servicio civil de carrera del INE.
Por la prestación de dicho servicio, el Ceneval recibió un pago por 22 millones 371 mil 350 pesos. Sin embargo, la ejecución del proyecto derivó en una crisis operativa en mayo de 2026: la evaluación, programada originalmente para realizarse en modalidad en línea con el fin de concursar 300 plazas, colapsó por fallas técnicas en la plataforma digital. El desplome del sistema obligó al Instituto a reorganizar de emergencia la logística para aplicar la prueba de forma presencial, provocando afectaciones directas a 17 mil 291 aspirantes en todo el país.
EL EXPEDIENTE DEL OIC Y LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO
Según consta en el expediente integrado por la autoridad fiscalizadora —el cual abarca 135 páginas—, el caso inició a partir de una denuncia ciudadana presentada por un particular. Tras analizar las pruebas documentales, el pasado 3 de noviembre el Órgano Interno de Control resolvió iniciar formalmente el procedimiento de responsabilidades administrativas tras calificar las conductas detectadas como faltas “graves”.
En el momento en que se gestó el convenio, Karla Sofía Sandoval Domínguez se desempeñaba como directora de la Carrera Profesional Electoral y fungió como administradora directa del contrato. Bajo ese cargo, la funcionaria argumentó que la naturaleza “especializada” de la evaluación justificaba que el servicio fuera ejecutado exclusivamente por el Ceneval, prescindiendo de la solicitud de un estudio de mercado previo que permitiera comparar cotizaciones y capacidades técnicas.
“Al dar su visto bueno y firmar el dictamen consintió que dicha contratación se llevara a cabo, lo que impidió garantizar al Instituto que ese proveedor ofreciera las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes conforme al artículo 134 Constitucional”, establece de manera textual el dictamen de la Contraloría Interna.
DAÑO AL ERARIO Y POSIBLE ESCALAMIENTO ANTE LA FGR
Las indagatorias del OIC detallan que las decisiones tomadas por los cuatro funcionarios no solo vulneraron la normatividad interna en materia de adquisiciones, sino que generaron un impacto presupuestal adicional. Tras la caída de la plataforma digital, el INE se vio forzado a desembolsar recursos humanos y financieros adicionales de su propio presupuesto para “corregir las deficiencias” operativas en las que incurrió el Ceneval durante la jornada de evaluación.
“Se causó un perjuicio al servicio público, ya que incumplió con los términos y condiciones pactados en el contrato INE/DEAJ/56/2026, al presentarse fallas técnicas que afectaron el acceso, continuidad y conclusión del examen”, subraya el documento oficial del órgano fiscalizador.
Más allá de las fallas técnicas, el pliego de responsabilidades advierte sobre un posible direccionamiento previo en la asignación del recurso público: “Existen indicios de que desde las etapas iniciales del procedimiento dicho proveedor ya se encontraba previamente identificado como destinatario de la contratación”, apunta la resolución.
En sus respectivos tramos de responsabilidad, García González, Moreno Troncoso y Burciaga habrían utilizado sus facultades administrativas para validar y dar curso legal a la adjudicación sin apegarse a los controles internos del organismo. Fuentes internas del Instituto señalaron que las irregularidades en torno al contrato INE/DEAJ/56/2026 podrían formar parte del paquete de seis denuncias penales que el propio organismo electoral presentó recientemente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos hechos de corrupción administrativa.
PUNTOS CLAVE DE LA NOTA
- Procedimiento abierto: Karla Sofía Sandoval Domínguez, nueva encargada del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del INE, enfrenta una investigación por faltas “graves” ante el Órgano Interno de Control (OIC) y deberá comparecer el 26 de noviembre.
- Contrato sin licitación: La indagatoria abarca la adjudicación directa de 22 millones 371 mil 350 pesos otorgada al Ceneval (contrato INE/DEAJ/56/2026) sin haber realizado un estudio de mercado previo.
- Falla masiva en examen: En mayo de 2026, la caída del sistema en línea del Ceneval obligó al INE a repetir la evaluación de forma presencial para 300 plazas, afectando a 17 mil 291 aspirantes y generando gastos extra al Instituto.
- Red de exfuncionarios implicados: Junto a Sandoval Domínguez están acusados de “abuso de funciones” tres exdirectivos del INE (Jesús Octavio García, Jorge Egren Moreno y Mario Alfonso Burciaga), vinculados previamente al proveedor José Alfredo Hernández Casillas.
- Posible denuncia penal: El expediente de 135 páginas señala indicios de direccionamiento previo en favor del proveedor; fuentes del INE indican que este caso estaría incluido entre las seis denuncias turnadas ante la FGR.
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