20/11/2026
LANOTA.MX.- En un operativo interinstitucional ejecutado la noche del jueves 19 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México, autoridades federales y estatales detuvieron a Roxana Lili Campos Miranda, expresidenta municipal del entonces municipio de Solidaridad —hoy denominado Playa del Carmen—, Quintana Roo.
La captura responde al cumplimiento de una orden de aprehensión por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades, derivado de presuntas anomalías en contratos públicos que habrían ocasionado un perjuicio económico superior a los 62 millones de pesos al erario municipal.
De acuerdo con el informe oficial emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, la diligencia se concretó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Las pesquisas ministeriales se concentran en tres licitaciones públicas adjudicadas a un proveedor particular entre 2022 y 2024, durante el trienio encabezado por Campos Miranda, cuyo objeto era brindar servicios especializados de lavado a las unidades de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
MÁS DE 62 MILLONES DE PESOS Y REGISTROS INVEROSÍMILES DE LAVADO
El expediente integrado por la representación social sostiene que los convenios bajo escrutinio provocaron un quebranto financiero mayor a los 62 millones de pesos, debido tanto al incumplimiento material de los servicios pactados como a la ausencia de evidencia documental que justificara las erogaciones realizadas por la tesorería local.
Entre las inconsistencias detectadas por los auditores y agentes ministeriales destaca la desproporción entre el padrón automotriz del Ayuntamiento y el volumen de servicios facturados. Según los datos oficiales:
- Flotilla reducida: La Secretaría de Servicios Públicos Municipales disponía en aquel periodo de apenas 123 vehículos.
- Cifras atípicas: Los reportes de cobro registraban hasta 865 lavados en un solo mes, lo que equivale a un promedio cercano a siete servicios mensuales por cada unidad oficial.
- Plantilla insuficiente: La FGE subrayó que la empresa contratada operaba con una plantilla de únicamente 15 trabajadores, pese a que las bitácoras reportaban jornadas continuas de limpieza sin un solo día de descanso.
Estas discrepancias técnicas y operativas constituyen la columna vertebral de la imputación con la que las autoridades buscan acreditar la simulación o el sobreprecio de los servicios prestados al gobierno de Solidaridad.
PAGOS SIN RESPALDO FISCAL Y POSIBLES OMISIONES EN LA SUPERVISIÓN
El alcance de la carpeta de investigación no se limita a la firma de los contratos. La Fiscalía quintanarroense documentó la inexistencia de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes a las primeras licitaciones; sin embargo, el Ayuntamiento continuó liberando transferencias y pagos sin contar con el soporte contable y legal obligatorio.
Asimismo, la autoridad ministerial abrió una línea de indagatoria sobre la actuación de otros servidores públicos encargados de vigilar la ejecución de los convenios. De acuerdo con la información oficial, los funcionarios responsables de la supervisión no verificaron que los lavados se realizaran efectivamente ni corroboraron la existencia de los entregables necesarios para validar el ejercicio del gasto público.
Este señalamiento amplía el espectro de responsabilidades penales y administrativas hacia los mandos medios y operativos que intervinieron en el proceso de adjudicación, validación y autorización de los pagos durante el periodo 2021-2024.
CAPTURA EN VENUSTIANO CARRANZA Y CONTEXTO DE AUDITORÍAS
Según consta en el Registro Nacional de Detenciones (RND), el aseguramiento de Roxana Lili Campos Miranda se efectuó el jueves 19 de noviembre de 2026 a las 19:47 horas, en territorio de la alcaldía Venustiano Carranza, al oriente de la capital del país.
El registro federal consigna que, tras su aprehensión, la exfuncionaria fue puesta a disposición ante una autoridad federal en Tacubaya, en la Ciudad de México, en tanto se coordina su traslado hacia Quintana Roo para ser presentada ante el órgano jurisdiccional que libró el mandamiento judicial.
La detención ocurre poco más de dos años después de que Campos Miranda concluyera su gestión al frente de Solidaridad —demarcación que posteriormente recuperó oficialmente el nombre de Playa del Carmen— y se suma a otras revisiones financieras abiertas contra su administración. De forma paralela, en el ámbito local han trascendido observaciones y auditorías sobre el ejercicio fiscal 2023 que mantienen bajo revisión más de 80 millones de pesos pendientes de solventación por parte del Ayuntamiento saliente.
SITUACIÓN JURÍDICA Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Hasta el cierre del reporte emitido por la Fiscalía General del Estado, las autoridades no habían detallado si la exalcaldesa ya fue presentada en audiencia inicial ante un juez de control, si el Ministerio Público ya formuló la imputación en su contra o si se le impuso alguna medida cautelar como la prisión preventiva.
En la información oficial difundida hasta el momento tampoco se ha revelado la razón social de la empresa beneficiada con las tres licitaciones ni el desglose individual de cada contrato.
Cabe precisar que la cifra superior a los 62 millones de pesos corresponde a la estimación preliminar del presunto perjuicio patrimonial calculado por la Fiscalía y no representa aún un monto acreditado mediante sentencia firme como desviado o apropiado. De conformidad con el sistema penal acusatorio, la ejecución de una orden de aprehensión no implica culpabilidad, por lo que Roxana Lili Campos Miranda conserva intacto su derecho a la presunción de inocencia en tanto se resuelve su situación jurídica en tribunales.
PUNTOS CLAVE
- Captura en la CDMX: La exalcaldesa del entonces Solidaridad (hoy Playa del Carmen), Roxana Lili Campos Miranda, fue detenida el 19 de noviembre de 2026 a las 19:47 horas en la alcaldía Venustiano Carranza por agentes de la FGE de Quintana Roo y la SSPC.
- Daño patrimonial estimado: Se le investiga por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades, derivado de un quebranto calculado en más de 62 millones de pesos entre 2022 y 2024.
- Contratos bajo sospecha: La investigación se centra en tres licitaciones para lavar vehículos de Servicios Públicos; se cobraron hasta 865 lavados al mes para una flotilla de apenas 123 unidades, operados por una empresa con solo 15 empleados.
- Cadena de responsabilidades: La Fiscalía detectó pagos efectuados sin comprobantes fiscales (CFDI) y abrió indagatorias contra otros exfuncionarios encargados de supervisar y autorizar los recursos.
- Proceso en curso: Tras ser puesta a disposición en Tacubaya, se prevé su traslado a Quintana Roo para comparecer ante un juez de control, manteniendo su derecho a la presunción de inocencia.
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