LANOTA.– Con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo, impulsada por el Ejecutivo y respaldada por Morena y sus aliados. Aunque aún falta la aprobación en lo particular, la mayoría aplastante de la coalición oficialista hace prever que la reforma se consolidará sin cambios significativos.
La modificación ha encendido alertas entre juristas, académicos y organizaciones civiles, que advierten que el amparo, hasta ahora escudo fundamental frente al poder, queda severamente debilitado. La reforma, eso sí, establece que no será retroactiva, por lo que los amparos ya en curso se regirán por la legislación anterior.
La diputada Olga Sánchez Cordero fue la única morenista que votó en abstención, luego que ayer criticó la reforma propuesta por la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum.
La petista Martha Araceli Cruz votó en contra y sus correligionarios Marian Durán y Javier Vázquez se abstuvieron, mientras que por el PVEM, Ana Erika Santana también dio su voto en contra.
LO QUE CAMBIA LA LEY
Entre los cambios más críticos se encuentran:
- Redefinición del interés legítimo, limitando quién puede recurrir al amparo.
- Restricciones a la suspensión provisional, prohibida en casos de bloqueos de cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera, actos que afecten al sistema financiero y revocación de permisos o concesiones federales.
- Introducción de conceptos ambiguos como “interés social” y “orden público”, que los jueces deberán evaluar antes de otorgar suspensiones.
- Ampliación del plazo para emitir fallos de 60 a 90 días, limitando la rapidez de la protección judicial.
Para críticos de la reforma, estas medidas significan que el ciudadano podría perder la capacidad de frenar actos arbitrarios antes de que se consumen los daños, debilitando la última línea de defensa frente al Estado.
VOCES CRÍTICAS
El panista Germán Martínez advirtió sobre el retroceso que implica la reforma:
“La reforma ablanda la defensa de derechos humanos reconocidos internacionalmente, achica el interés legítimo y restringe el acceso a la suspensión del acto autoritario. Constan en el diario de los debates del 12 de febrero de 2013 posiciones auténticamente progresistas.
El diputado (Ricardo) Monreal dijo que Ignacio Burgoa se volvería a morir porque el amparo estaba sufriendo una mutación. El diputado (Ricardo) Mejía Berdeja dijo que sin suspensión provisional el daño sería irreparable (porque) afecta a mineros, ejidatarios y a quienes tienen pozos, a particulares agrarios. La diputada (Luisa) Alcalde Luján, (hoy) presidenta de Morena, no hablaba de interés jurídico, ni legítimo, ni público, hablaba de interés simple, sin requisitos”.
El priista Emilio Suárez Licona alertó que la reforma representa un debilitamiento de la última línea de defensa ciudadana, dejando a comunidades y particulares sin herramientas para frenar actos de abuso gubernamental.
VOCES A FAVOR
Desde Morena, la diputada Mariana Benítez defendió la reforma:
“No se pretende eliminar el juicio de amparo, sino que busca evitar el privilegio de intereses particulares y que las obras públicas se detengan indefinidamente. Autoritarismo sería mantener el uso corrupto del amparo para privilegiar intereses particulares”.
Sus defensores sostienen que la reforma busca modernizar el amparo, agilizar los juicios y evitar que sea utilizado como herramienta para bloquear proyectos de interés nacional.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
El amparo ha sido un instrumento clave para equilibrar la relación entre Estado y ciudadano. Con esta reforma, expertos advierten que:
- La protección se vuelve menos inmediata y efectiva.
- Los ciudadanos pierden capacidad de detener actos autoritarios o daños irreversibles.
- La interpretación de conceptos como interés social queda a discreción política, lo que podría favorecer al poder sobre la justicia.
- Aunque la reforma no es retroactiva, los nuevos amparos estarán sujetos a un esquema más restrictivo, debilitando la defensa ciudadana a futuro.
La sociedad civil y los expertos coinciden: defender el amparo es defender la democracia y los derechos humanos en México, y esta reforma podría marcar el inicio del fin del amparo tal como lo conocemos.
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