14/05/2026
LANOTA.- Apenas trece días antes de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos detonara una bomba política al presentar cargos formales por narcotráfico en su contra, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, puso en marcha una maniobra legislativa de última hora.
Bajo el pretexto de una reforma administrativa, envió al Congreso local una iniciativa para desmantelar la Ley de Transparencia, un movimiento que expertos interpretan como la construcción de un búnker jurídico para evitar el escrutinio sobre su administración.
EL FIN DEL RASTREO AÉREO Y EL CONTROL DEL GASTO
La propuesta, formalizada el 16 de abril de 2026, ataca puntos neurálgicos que han sido clave en investigaciones periodísticas. Entre las modificaciones más agresivas se encuentra la eliminación definitiva de las bitácoras de vuelos oficiales, prohibiendo que la ciudadanía sepa quiénes abordan las aeronaves pagadas con el erario.
Este “apagón informativo” adquiere relevancia crítica ante los señalamientos de que familiares del gobernador habrían utilizado vuelos privados junto a funcionarios hoy acusados en el país vecino.
JUSTICIA A PUERTA CERRADA: RESTRINGIENDO LAS INVESTIGACIONES DE CORRUPCIÓN
El blindaje no se limita al transporte; también se extiende a los expedientes judiciales. La iniciativa busca modificar el acceso a las investigaciones de corrupción, introduciendo candados que impedirían conocer detalles de procesos en curso.
Bajo la nueva redacción, sólo los casos “acreditados” serían públicos, lo que en la práctica dejaría a la sociedad sinaloense a oscuras sobre los presuntos desvíos o complicidades de los servidores públicos mientras estos siguen en el poder.
EL DESMANTELAMIENTO DEL ÁRBITRO AUTÓNOMO
Quizás el cambio más estructural y alarmante es la desaparición de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP). La reforma pretende trasladar las funciones de este organismo autónomo a una dependencia que reporta directamente al Poder Ejecutivo.
Con este modelo, el gobierno de Sinaloa se convertiría en juez y parte: sería el encargado de administrar el dinero público y, simultáneamente, el único responsable de decidir si entrega o no la información sobre su gasto.
UNA REFORMA EN “FAST-TRACK” BAJO SOSPECHA
Aunque la iniciativa ha avanzado con una velocidad inusual —obteniendo su primera lectura en solo cinco días—, el pleno del Congreso de Sinaloa aún no ha emitido su voto definitivo. Actualmente, el dictamen se encuentra en manos de comisiones unidas, mientras la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, mantiene el curso del proyecto. Las organizaciones civiles denuncian que este apresuramiento responde directamente al calendario judicial de Rocha Moya en los tribunales estadounidenses.
RESISTENCIA CIUDADANA Y LA RUTA DE LOS AMPAROS
La reacción social no se ha hecho esperar. La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción ha identificado al menos 20 retrocesos graves en el texto. Ante la posibilidad de que la mayoría legislativa apruebe la reforma, los colectivos han anunciado una batalla legal mediante amparos, argumentando que la ley viola el principio de progresividad de los derechos humanos y busca garantizar impunidad ante las investigaciones internacionales por narcopolítica.
PUNTOS CLAVE DE LA INICIATIVA DE BLINDAJE
- Opacidad en vuelos: Se borra el acceso a registros de aeronaves oficiales, ocultando pasajeros y destinos.
- Adiós a la autonomía: El Gobierno estatal asume las funciones de la CEAIP, eliminando el contrapeso independiente.
- Partidos políticos en la sombra: Se elimina la obligación de los partidos de transparentar contratos y aportantes.
- Reservas discrecionales: Se facilitan excusas para negar información invocando “seguridad nacional”.
- Bloqueo a la fiscalización: Solo se permitiría acceso a datos de corrupción en casos ya concluidos, protegiendo investigaciones activas.
- Ofensiva legal: Organizaciones civiles preparan amparos para frenar lo que consideran un atentado contra el derecho a saber.
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