HORMIGUERO POLÍTICO

Durante una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, el jefe de la DEA, Terrance Cole, advirtió que la acusación por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es solo el inicio de una ofensiva judicial más amplia contra la clase política mexicana. Con el respaldo del director del FBI, Kash Patel, las agencias estadounidenses señalaron que la colusión institucional y la corrupción han facilitado la producción de drogas sintéticas, responsabilizando directamente a los funcionarios que cooperan con los cárteles de la crisis de muertes por fentanilo en su país

El escándalo en la Secretaría de Bienestar Puebla estalló tras la difusión de un video donde el coordinador de delegaciones, Edgar Chumacero Hernández, y la delegada Natalia Suárez del Real Gómez, fueron captados besándose en la Feria de Puebla 2026. La controversia escaló a nivel nacional cuando la esposa de Chumacero, la modelo Sury Sosa, confirmó la infidelidad, anunció su separación y denunció que Suárez del Real —autodenominada “La Güera de Morena”— utilizó la relación como una estrategia de ascenso político. Este episodio ha puesto bajo fuego la ética institucional y la narrativa de austeridad del partido, especialmente tras recordarse las previas polémicas de la delegada por sus ostentosas fiestas privadas que contrastan con los principios de la Cuarta Transformación.

La actual administración federal mantiene una narrativa de confrontación con el pasado colonial y un marcado repudio a la figura de Hernán Cortés, mientras paradójicamente utiliza el Palacio Nacional como una residencia de lujo sufragada íntegramente por el erario público. Este recinto, cuya construcción fue iniciada por el propio Cortés en 1522 sobre las ruinas de las “Casas Nuevas” de Moctezuma, vuelve a funcionar como una burbuja de privilegio virreinal que aísla al poder de la ciudadanía. El uso de estos espacios, incluyendo el Palacio del Ayuntamiento donde despacha Clara Brugada, evidencia una tergiversación conveniente de la historia, pues se omite que estos edificios fueron levantados piedra por piedra por mano de obra indígena explotada, lo que convierte su ocupación en una contradicción ética frente al discurso oficial de reivindicación histórica.