Bajo el mando de Diego Rivera Navarro, el Ayuntamiento de Tequila operó entre 2024 y 2026 como una maquinaria de extorsión institucionalizada. Mediante el uso discrecional de clausuras, cobros de predial inflados y el “cobro de piso” a transportistas turísticos, la administración municipal —presuntamente vinculada al CJNG— asfixió la economía local. El expediente de la FGR revela una fusión total entre el poder político y el crimen organizado, que incluyó desde el secuestro de rivales políticos hasta el chantaje millonario a empresas globales como José Cuervo