LANOTA– Desde su llegada al poder en octubre de 2024, el alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, presuntamente transformó la administración municipal en una extensión operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Lo que inició como una gestión política derivó en un esquema sistemático de extorsión, secuestro y abuso de autoridad que asfixió tanto a grandes corporativos como a pequeños comerciantes.
La detención de Rivera Navarro el 5 de febrero de 2026 marca el clímax de una investigación federal que revela cómo el gobierno local se fusionó con la criminalidad.
EL CASO CUERVO Y EL USO DE LAS CLAUSURAS COMO REHÉN
El esquema delictivo alcanzó relevancia nacional cuando la administración de Rivera Navarro intentó extorsionar a José Cuervo. En diciembre de 2025, el ayuntamiento exigió a la empresa un pago de 60 millones de pesos por concepto de impuesto predial, una cifra que duplicaba la recaudación anual total del municipio.
Ante la negativa de la empresa, el alcalde utilizó a los agentes municipales para colocar sellos de clausura en la destilería, paralizando la producción. Tras un proceso de asedio, la empresa se vio obligada a negociar, terminando por pagar 17 millones de pesos para poder reabrir sus puertas. Este evento dejó al descubierto que las clausuras eran utilizadas como herramienta de presión para forzar el pago de cuotas fuera de la ley.
EXTORSIONES SISTEMÁTICAS A COMERCIANTES Y TURISMO
El abuso no se limitó a las grandes industrias; el gobernador de Jalisco confirmó que al menos 10 empresas tequileras y hoteles denunciaron cobros irregulares. El impacto en la economía local fue profundo:
- Sector Turístico: Transportistas revelaron que debían pagar una cuota de 50 pesos por cada turista que ingresaba al municipio, un “derecho de suelo” obligatorio para poder operar.
- Pequeños Negocios: Comerciantes locales reportaron que se les exigía hasta 50 mil pesos para reabrir tras una clausura, seguidos de cuotas mensuales de 20 mil pesos.
- Abuso de Autoridad: Casos como el de la comerciante Ana Rosa evidencian la saña; a pesar de pagar multas y cumplir requisitos, su negocio permaneció clausurado por más de un año por órdenes directas de la alcaldía.
EL ORGANIGRAMA CRIMINAL Y LA CONEXIÓN CON EL CJNG
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el ayuntamiento operaba bajo una estructura jerárquica destinada a la delincuencia organizada. El expediente identifica a piezas clave de la administración pública:
- Diego Rivera Navarro: Líder y coordinador de la red criminal.
- Severo Flores Mendoza, alias “El Rey Mago”: Policía vinculado al CJNG y boletinado por el Departamento del Tesoro de EE. UU., quien brindaba protección al cártel a cambio de sobornos.
- Directores de Seguridad, Catastro y Obras Públicas: Señalados como los operadores de las presiones físicas y administrativas contra las víctimas.
VIOLENCIA POLÍTICA Y TESTIMONIOS DE TERROR
La investigación de la FGR incluye delitos de extrema gravedad. El expediente contiene testimonios de ex-candidatos que fueron privados de la libertad y golpeados para obligarlos a firmar la renuncia a sus candidaturas bajo amenazas de muerte, señalando directamente al alcalde.
Asimismo, comerciantes detallaron cómo el propio Rivera Navarro, escoltado por policías municipales armados, ingresaba a los locales para exigir pagos bajo amenaza de secuestro. Actualmente, el edil enfrenta cargos federales mientras el síndico municipal asume el control del ayuntamiento.
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