6/10/2026
LANOTA.MX.- Una falla administrativa imperdonable tiene hoy a la impartición de justicia federal contra las cuerdas. Desde los primeros días de esta semana, los órganos jurisdiccionales distribuidos en todo México se vieron obligados a improvisar sus audiencias mediante una cuenta gratuita de Cisco Webex Meetings.
El motivo detrás de este bochornoso episodio es la negligencia del Órgano de Administración Judicial (OAJ), que dejó vencer el contrato de pago sin prever la transición operativa necesaria para mantener los juicios en línea sin interrupciones.
Este colapso tecnológico desnuda la fragilidad institucional con la que operan los nuevos mandos administrativos del sistema federal. Mientras los expedientes de materias tan sensibles como la penal, civil, laboral y administrativa se acumulan en los escritorios, jueces y magistrados deben lidiar con una herramienta limitada que pisotea flagrantemente el principio constitucional de impartir una justicia expedita y sin trabas burocráticas.
INTERRUPCIONES CADA QUINCE MINUTOS Y EL REGRESO AL CALvario PRESENCIAL
El impacto de este absurdo administrativo se resiente de forma brutal en las salas virtuales. Funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) confirmaron que la versión gratuita del software tiene una trampa insostenible: corta de tajo la señal de video y audio exactamente cada 15 minutos.
Testigos de la escena jurídica reportan cómo declaraciones clave, interrogatorios a peritos y alegatos finales quedan mutilados en plena transmisión debido a esta limitante técnica.
Ante el ridículo escenario de tener que reiniciar sesión cuatro veces por hora, diversos juzgadores han preferido tirar la toalla digital y ordenar el retorno a las audiencias presenciales. Esta decisión desmantela de un plumazo los avances de digitalización de los últimos años, obligando a abogados, peritos y ciudadanos de distintas entidades a gastar tiempo y recursos en traslados innecesarios solo porque la burocracia central no supo hacer su trabajo a tiempo.
LA ESTocada de La JUFED: SILENCIO OFICIAL Y RIESGO DE FILTRACIÓN DE DATOS
La indignación no tardó en manifestarse entre los impartidores de justicia. Julia García González, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (JUFED), utilizó sus redes sociales para tundir con sarcasmo al OAJ, comparando la ineptitud de los funcionarios con las tramas kafkianas de la literatura mexicana.
“Lo que ha pasado hoy en los órganos jurisdiccionales del PJF, donde audiencias y sesiones se llevaron a cabo en la versión gratuita de la plataforma digital que se tiene contratada, al parecer porque alguien no está haciendo su trabajo @OAJ_Mex me recuerda las ‘Instrucciones para vivir en México’ de Ibargüengoitia… Sería útil que el @OAJ_Mex garantice recursos mínimos para administrar justicia con dignidad. Por cierto, estaría bien que alguien nos explique si la versión gratuita garantiza la seguridad, privacidad, confidencialidad y tratamiento de datos que se requieren para estas actuaciones”, sentenció la magistrada en retiro.
El apunte sobre la privacidad de la información es alarmante. Al transmitir audiencias y debates legales por medio de canales abiertos y gratuitos, se pone en bandeja de plata la confidencialidad de datos personales sensibles, secretos industriales y documentos reservados, abriendo la puerta a que cualquier parte afectada promueva amparos y anule los juicios por fallas en la cadena de seguridad informática.
EL EXPEDIENTE NEGRO DEL OAJ: UN CONTRATO CADUCO Y PLAZOS BURLONES
Detrás de este apagón digital se esconde un historial de omisiones. El contrato original que blindaba tecnológicamente al PJF fue adjudicado el 12 de septiembre de 2023 por el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a la empresa Uninet —filial de Telmex— por un monto de 15.4 millones de pesos, teniendo una vigencia precisa de 36 meses que expiró el pasado 17 de septiembre.
Lejos de blindar la continuidad del servicio, el OAJ —heredero de las funciones administrativas— esperó hasta el 18 de septiembre para lanzar una invitación restringida a tres proveedores. Para colmo de males, la Dirección General de Recursos Materiales fijó el fallo de la nueva asignación hasta el inverosímil 23 de octubre.
Aunque ahora corren intentando adelantar la fecha ante el escándalo, el verdadero dolor de cabeza será configurar, instalar y poner a punto las cuentas institucionales para un padrón de 1,086 usuarios —187 cuentas más que en 2023—, garantizando que la parálisis en los tribunales federales se mantenga por varias semanas más.
PUNTOS CLAVE
- Fallo administrativo: El Órgano de Administración Judicial (OAJ) olvidó renovar a tiempo la licencia de pago para videoconferencias, obligando a usar plataformas abiertas.
- Cortes implacables: Las audiencias virtuales se desploman obligatoriamente cada 15 minutos, obligando a los tribunales a cancelar sesiones y exigir presencialidad.
- Alarma por confidencialidad: La JUFED cuestionó públicamente si el software gratuito garantiza la protección de datos sensibles y documentos judiciales reservados.
- El antecedente: El convenio previo con Uninet, valuado en 15.4 millones de pesos, feneció el pasado 17 de septiembre sin una planeación de reemplazo.
- Larga espera: La licitación actual aplazó su fallo oficial hasta el próximo 23 de octubre, prolongando la crisis técnica para más de 1,000 operadores del sistema federal.
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