El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 25 empresas mexicanas —operadas por la facción de “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa— dedicadas a diversos giros comerciales como hotelería, casas de cambio, seguridad privada y administración patrimonial, utilizadas como fachada para el lavado de dinero del narcotráfico. El caso generó repercusiones políticas al revelarse que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo figuraban en los registros societarios iniciales de una de las empresas señaladas, de la cual la mandataria fue desvinculada formalmente semanas antes del anuncio