La actual administración federal mantiene una narrativa de confrontación con el pasado colonial y un marcado repudio a la figura de Hernán Cortés, mientras paradójicamente utiliza el Palacio Nacional como una residencia de lujo sufragada íntegramente por el erario público. Este recinto, cuya construcción fue iniciada por el propio Cortés en 1522 sobre las ruinas de las “Casas Nuevas” de Moctezuma, vuelve a funcionar como una burbuja de privilegio virreinal que aísla al poder de la ciudadanía. El uso de estos espacios, incluyendo el Palacio del Ayuntamiento donde despacha Clara Brugada, evidencia una tergiversación conveniente de la historia, pues se omite que estos edificios fueron levantados piedra por piedra por mano de obra indígena explotada, lo que convierte su ocupación en una contradicción ética frente al discurso oficial de reivindicación histórica.