LANOTA.– La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), presentada como un acto de austeridad y combate a la corrupción, ha mostrado contradicciones en su aplicación. Pese al discurso oficial, buena parte de su estructura, funcionarios e incluso el edificio sede se mantienen operando bajo la nueva instancia denominada “Transparencia para el Pueblo”.
De acuerdo con la columna Serpientes y Escaleras, de Salvador García Soto, publicada en El Universal, los sueldos de los nuevos titulares incluso superan a los que percibían los comisionados del desaparecido instituto.
SUELDOS MÁS ALTOS QUE LOS DEL INAI
La titular de “Transparencia para el Pueblo”, María Tanivet Ramos —quien anteriormente se desempeñó como comisionada de Transparencia en Oaxaca— percibe un salario neto mensual de 123 mil 689 pesos, cifra superior a los 112 mil pesos que cobraban los excomisionados del INAI.
Este hecho contradice el argumento central de la desaparición del instituto, ya que uno de los señalamientos más reiterados por el presidente Andrés Manuel López Obrador y posteriormente por la presidenta Claudia Sheinbaum fue el supuesto “alto costo” de los sueldos y prestaciones en el órgano autónomo.
FUNCIONARIOS SEÑALADOS, DE VUELTA EN LA ESTRUCTURA
La nueva oficina no solo mantiene a parte de la plantilla que integraba al INAI, sino que ha reincorporado a personajes que enfrentaron acusaciones de corrupción, hostigamiento y malos manejos.
Entre ellos se encuentra Francisco Raúl Álvarez Córdoba, exfuncionario del INAI denunciado por acoso laboral y sexual, y vinculado al esquema conocido como “Los Moches”, en el que se exigía a empleados entregar entre el 10% y hasta el 60% de sus sueldos a directivos. Hoy, Álvarez Córdoba ocupa la Dirección General de Asuntos Internacionales en “Transparencia para el Pueblo”, con un sueldo de 109 mil pesos mensuales.
Otro caso es el de Daniel Atalo Navarro, excolaborador de Óscar Guerra Ford —excomisionado señalado por usar recursos públicos en un table dance—, quien ahora figura como subdirector dentro de la nueva instancia.
EL EDIFICIO, TAMBIÉN CONSERVADO
Uno de los señalamientos más fuertes contra el INAI fue el “alto costo” del inmueble que ocupaba en Insurgentes Sur 3211. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda, encabezada por Raquel Buenrostro, ha decidido mantener la sede como oficinas de la nueva estructura.
El inmueble fue adquirido bajo un esquema de pagos a 20 años, con mensualidades cercanas a 6 millones de pesos, equivalentes a 65 millones de pesos anuales. La 4T criticó con dureza este gasto, pero hoy continúa utilizándolo.
OTROS CASOS DE RECICLAJE DE FUNCIONARIOS
La excontralora del INAI, Irma Patricia Sam Carbajal, cuestionada por no atender denuncias de corrupción y presuntos sobornos, fue incorporada como titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de las Mujeres, que encabeza Citlalli Hernández.
Este patrón de reciclaje de funcionarios ha generado críticas sobre la congruencia del gobierno federal respecto a su promesa de combatir la corrupción y eliminar estructuras onerosas.
EL SILENCIO DE SHEINBAUM
Durante una conferencia de prensa reciente, la presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre estas inconsistencias. La mandataria evitó dar una explicación y respondió que será la titular de Hacienda, Raquel Buenrostro, quien aclare la situación en los próximos días.
El señalamiento expuesto por Salvador García Soto apunta a una contradicción de fondo: el INAI fue eliminado bajo el argumento de la austeridad y el combate a la corrupción, pero los hechos muestran que la opacidad y el mantenimiento de privilegios persisten en la nueva estructura gubernamental.
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