LANOTA.MX. Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, se alejan de los reflectores desde hace más de tres años. En 2019, enfrentaron acusaciones de pertenecer a una red de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. A lo largo de este tiempo, el paradero de ambos ha sido un misterio, alimentando especulaciones sobre su fuga y el eventual regreso a la vida pública, pero la justicia sigue su curso.
SOMBRA DE SOSPECHA SOBRE EL PARADERO DE LOS ACUSADOS
Gómez Mont, exconductora de televisión y periodista destacada, y su esposo, un abogado y empresario vinculado a las más altas esferas del poder, fueron señalados en 2019 por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, que los identificó como los líderes de una organización criminal dedicada al lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Fue en 2021 cuando, tras la reactivación de su investigación, las autoridades giraron órdenes de aprehensión contra ellos. Desde entonces, desaparecieron del ojo público, en una huida que ha dado pie a múltiples teorías y especulaciones.
En medio de este vacío, una revelación hecha por el diario El Economista el 14 de marzo reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había retirado a Gómez Mont y a su esposo de la Lista de Personas Bloqueadas, un listado de aquellos individuos o entidades cuyos recursos financieros están relacionados con actividades ilícitas. La eliminación de ambos de esta lista levantó suspicacias sobre la posible reactivación de sus cuentas o su eventual regreso al ámbito económico y social, un hecho que podría indicar un cambio en el tratamiento del caso.
INVESTIGACIÓN ABIERTA, ¿IMPUNIDAD O NEGOCIACIONES?
La fiscalía descubrió en 2021 que Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga no solo estaban involucrados en delitos fiscales, sino que también se vieron vinculados a una red de empresas fantasma utilizadas para desviar recursos públicos. La investigación se centró en una operación del gobierno de Enrique Peña Nieto bajo la Secretaría de Gobernación, dirigida por Miguel Ángel Osorio Chong, que implicaba una malversación de 2,950 millones de pesos. Esta operación fue a través de contratos públicos fraudulentos, con proveedores que aparentemente habían sido manipulados por los acusados.
Sin embargo, el asunto no se limitó solo a la evasión de impuestos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) acusó a la conductora de un desfalco fiscal de 13.5 millones de pesos en 2016. Aunque Gómez Mont logró en su momento un acuerdo reparatorio con el fisco por una cifra menor, la Fiscalía General de la República (FGR) no reconoció dicho acuerdo debido a la influencia de la administración anterior, encabezada por Peña Nieto, y la capacidad de la FGR de negociar directamente el pago de la deuda.
En cuanto a los cargos de delincuencia organizada, la acusación se basa en una aparente defraudación fiscal por 3.6 millones de pesos, lo cual generó la orden de aprehensión contra ambos. Ante esto, la defensa de Gómez Mont solicitó un amparo que le fue denegado, a diferencia de otras ocasiones, lo que dejó abierta la posibilidad de enfrentar una condena judicial.
MENSAJES FILTRADOS Y DECLARACIONES EN LA SOMBRA
Un giro inesperado ocurrió cuando en 2022, la revista EMEEQUIS filtró mensajes de WhatsApp entre Gómez Mont y su entorno cercano, en los cuales la exconductora acusaba a figuras claves del gobierno de ser responsables de las acusaciones en su contra. Aseguró que todo el asunto era resultado de un conflicto personal entre su esposo y el exprocurador fiscal Carlos Romero Aranda. Además, se vio envuelta en un lío familiar con su exesposo, quien, según las declaraciones de Gómez Mont, la amenazó con quitarle la patria potestad de sus hijos utilizando su influencia en Palacio Nacional.
EL REGRESO INESPERADO A LOS MEDIOS
El 2022 trajo consigo una sorpresa aún mayor. Durante la cobertura del fallecimiento de Daniel Bisognio, la periodista Pati Chapoy reveló que Gómez Mont le había enviado sus condolencias. Aunque este acto aparentemente trivial desató reacciones por la sorprendente mención de la exconductora, también dejó entrever que, a pesar de su huida, Gómez Mont mantenía aún alguna forma de contacto con su pasado en los medios de comunicación.
A pesar de estar prófuga, Gómez Mont recurrió a las redes sociales para dar su versión de los hechos. A través de su cuenta de Instagram, la exconductora negó las acusaciones en su contra y se defendió argumentando que la situación era una “injusticia” al compararla con un narcotraficante o terrorista, apuntando al supuesto fraude en su contra como un montaje sin justificación legal.
EL FUTURO DEL CASO Y LA PERSISTENTE BÚSQUEDA DE JUSTICIA
A la fecha, tanto Inés Gómez Mont como Víctor Manuel Álvarez Puga siguen siendo fugitivos. Las autoridades continúan con su búsqueda activa, mientras el caso avanza lentamente entre acusaciones, amparos y dudas sobre el destino de los acusados. Si bien las pruebas de la evasión fiscal y el lavado de dinero son sustanciales, la situación parece estar lejos de un desenlace claro.
Lo que está claro es que la exconductora y su esposo no solo han dejado atrás su vida pública, sino que también siguen siendo una sombra de impunidad dentro del sistema judicial mexicano. Mientras tanto, su desaparición de la vida pública alimenta las preguntas sobre si la justicia alcanzará algún día a los responsables de uno de los casos más mediáticos de corrupción en los últimos años.
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