LANOTA.MX. Lo que comenzó como un ataque de celos terminó en una tragedia que conmociona a todo México. Marianne “N” atacó brutalmente con un cuchillo a Valentina Gilabert, la actual novia de su expareja, y un juez la vinculó a proceso por lesiones dolosas.
El violento ataque, ocurrido el 5 de febrero, dejó a Valentina con 14 heridas de arma blanca, múltiples daños internos y un pronóstico reservado. Hasta ahora, la joven enfrenta nueve cirugías, incluyendo una reconstrucción de mano y, según algunas versiones, hasta de su rostro, debido a la gravedad de las lesiones.
Más allá del impacto físico y emocional, la agresión impuso una carga financiera abrumadora. Según el programa Ventaneando, la familia de Valentina no cuenta con seguro médico, por lo que asume los elevados gastos hospitalarios, que siguen en aumento.
¿QUIÉN DEBE PAGAR LOS GASTOS MÉDICOS?
La abogada Marce Torres, especialista en justicia penal para adolescentes, explicó que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes obliga a Marianne “N” a reparar el daño causado.
Según la legislación, la influencer debe pagar los costos médicos con su propio patrimonio, ingresos laborales o incluso a través de trabajo comunitario. Pero si ella no cubre la deuda, la ley responsabiliza a su madre, quien podría enfrentar el embargo de bienes para saldar la cuenta hospitalaria.
VALENTINA LUCHA POR RECUPERARSE
El abogado de la modelo, Ayrton Marín, confirmó que un juez vinculó a proceso a Marianne “N” por lesiones dolosas con agravantes, ya que pusieron en riesgo la vida de Valentina.
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Sobre el estado de salud de la joven, Marín explicó que los médicos reducen progresivamente su sedación para que pueda tomar conciencia de su situación, aunque su recuperación sigue incierta.
Mientras la familia de Valentina busca cómo costear las cirugías y terapias necesarias, la sociedad exige justicia y se pregunta: ¿cómo es posible que una víctima de un intento de homicidio tenga que cargar con los costos de su recuperación?
El caso sigue en desarrollo y podría marcar un precedente clave en temas de reparación del daño y responsabilidad en delitos graves.
