Una investigación institucional basada en datos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y reportes internacionales revela que la extorsión al sector aguacatero genera hasta 28,000 millones de pesos anuales para el crimen organizado a través de cuotas de hasta dos pesos por kilogramo, despojo de tierras y agresiones a la cadena logística, una crisis de inseguridad que ya provocó la suspensión temporal de las inspecciones de exportación por parte de Estados Unidos y amenaza la estabilidad económica de la región.