12/06/2026
LANOTA.El reloj marcaba los primeros minutos del 2 de junio de 2026 cuando el silencio de Nanchital, Veracruz, se rompió con el estruendo de cristales reventados. No era un asalto común; era un asalto al corazón del periodismo libre en el sur del estado. Un comando armado, encapuchado y con el cañón de fusiles de asalto apuntando al frente, irrumpió en el hogar de Roxana Guzmán Ramírez, fundadora de Pulso Informativo del Sur.
Un padre desesperado intentó interponer su propio cuerpo para salvar a su hija; la respuesta criminal fue una lluvia de golpes y patadas que lo dejó esposado, ensangrentado y directo en una cama de hospital. A Roxana se la llevaron en segundos. Diez días después, las autoridades locales no tienen una sola pista de su paradero.
Este 12 de junio, arrastrando el peso de la ineficacia y la indignación nacional, la Fiscal General de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, tuvo que salir a medios para confirmar lo que ya era un secreto a voces: el caso les quedó grande. La Fiscalía General de la República (FGR) ejerció su facultad de atracción a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
El expediente, manoseado por las autoridades estatales, fue enviado a la Ciudad de México. Aunque la fiscalía veracruzana intentó matizar el anuncio con un discurso de “cooperación continua”, la realidad es tajante: la federación le arrebató el caso a Veracruz ante el empantanamiento absoluto de las indagatorias locales.
CRÓNICA DE UN MONTAJE SENSACIONALISTA: DETENER PARA TAPAR EL SOL CON UN DEDO
La presión social obligó a la Fiscalía local a buscar culpables a marchas forzadas, recurriendo a las viejas y cuestionables prácticas del sistema judicial veracruzano. La madrugada del 6 de junio, la Policía Ministerial presumió de forma extraoficial la captura de seis presuntos implicados en el fraccionamiento Residencial Sección XI. Sin embargo, el supuesto golpe al crimen organizado se desmoronó por completo en los tribunales.
El lunes 8 de junio, tras una extenuante audiencia de más de seis horas en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, un juez de control ordenó la inmediata liberación de tres de los detenidos. ¿La razón? El Ministerio Público local fue incapaz de presentar una sola prueba lícita, intentando sostener la captura mediante delitos fabricados como narcomenudeo y “ataques a las instituciones públicas” —la clásica trampa procesal del estado para retener personas sin órdenes de aprehensión—. Entre los señalados quedó atrapado César Alejandro, un trabajador de Pemex cuyo vínculo real con el secuestro sigue en el limbo legal. Mientras la Fiscalía de Veracruz jugaba a la simulación judicial, las horas clave para encontrar con vida a Roxana se extinguían.
EL DESPRECIO POR LAS VÍCTIMAS Y LA REVICTIMIZACIÓN INSTITUCIONAL
La indolencia gubernamental no terminó en los tribunales; se trasladó al trato humano. La madre de Roxana Guzmán rompió el silencio para lanzar una denuncia desgarradora: las autoridades veracruzanas la dejaron en el desamparo informativo absoluto. La familia de la víctima no se enteraba de los supuestos avances a través de los canales oficiales, sino vía publicaciones de Facebook y notas de prensa. El aislamiento institucional al que fueron sometidos refleja la desconexión total de un gobierno que ve a las víctimas como estadísticas molestas y no como seres humanos en agonía.
A este calvario se sumó una campaña de lodo en el ecosistema digital. Colectivos de derechos humanos y la organización internacional Artículo 19 encendieron las alarmas al denunciar una preocupante ola de coberturas mediáticas que pretendían criminalizar a la periodista. Narrativas oscuras, presuntamente impulsadas para lavar la cara del Estado, intentaron desviar la atención sugiriendo vínculos ilícitos de terceros o cuestionando las decisiones editoriales de la comunicadora. Artículo 19 fue tajante: el foco no debe estar en la vida privada de Roxana, sino en la obligación del Estado de traerla de vuelta a casa.
Hoy, el expediente viaja a la capital del país. Mientras la FGR asume un caso que nace herido por la negligencia local, en el sur de Veracruz queda el eco de un video que retrata el horror, una familia abandonada por sus instituciones y una silla vacía en la redacción de Pulso Informativo del Sur, recordando que en México, buscar la verdad sigue pagándose con la vida.
PUNTOS CLAVE DE LA NOTA
- Fracaso de la justicia local: La FGR despojó a la Fiscalía de Veracruz del caso y trasladó la investigación a la FEADLE en la Ciudad de México ante la falta de resultados tras 10 días del rapto.
- Secuestro violento: El comando armado que privó de la libertad a la periodista Roxana Guzmán hospitalizó a golpes y dejó esposado a su padre al interior de su vivienda en Nanchital.
- El montaje judicial: La Fiscalía estatal intentó fabricar culpables; sin embargo, un juez ordenó liberar a tres de los seis detenidos debido a que las acusaciones de narcomenudeo no tenían sustento legal.
- Abandono a la familia: La madre de la comunicadora denunció públicamente que las autoridades locales le ocultaron información, obligándola a enterarse del caso a través de las redes sociales.
- Campaña de lodo: La organización Artículo 19 condenó la revictimización de Roxana Guzmán y exigió a las autoridades federales que la prioridad absoluta sea su localización con vida.
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