27/10/2026
LANOTA.MX.- Tras permanecer durante dos años sin reportar anomalías en el funcionamiento de la máxima autoridad electoral del país, el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) formalizó la existencia de múltiples investigaciones en curso.
El reporte institucional surge justo de manera simultánea a la renuncia de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, marco en el cual la contraloría comenzó a dar seguimiento a probables redes de corrupción en el organismo.
En una comunicación oficial remitida a las Comisiones de Vigilancia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, de la cual dio cuenta el periódico Reforma, el titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, confirmó ante los legisladores encabezados por Javier Herrera y Ricardo Mejía que el organismo fiscalizador indaga a 15 funcionarios y exfuncionarios, 8 personas físicas y 18 personas morales por presuntas conductas irregulares en el ejercicio público.
UN EXPEDIENTE QUE ABARCA MÚLTIPLES DELITOS ADMINISTRATIVOS Y CONFLICTOS DE INTERÉS
El documento remitido a San Lázaro desglosa una serie de conductas probables que van desde el desvío de recursos públicos hasta el enriquecimiento ilícito, pasando por el abuso de funciones, el conflicto de interés y omisiones graves en la supervisión de contrataciones.
El contralor especificó ante los legisladores que se han identificado inconsistencias severas en la información declarada por servidores públicos:
“Falta de veracidad en la información declarada, que podría actualizar supuestos de ocultamiento de conflictos de interés o enriquecimiento ilícito; uso o la aplicación irregular de recursos públicos, que podría derivar en desvío de recursos, e irregularidades en los procedimientos de contratación, que pueden implicar simulación del cumplimiento de requisitos y abuso de funciones.”
De igual manera, el balance entregado al Congreso detalla fallas estructurales en los procesos de adquisición y contratación del Instituto, las cuales habrían comprometido la hacienda pública:
“Deficiencias en la planeación, administración, supervisión, recepción o pago de bienes y servicios; incumplimiento de funciones o deberes de supervisión, que podrían causar daños y perjuicios a la hacienda pública; actuaciones bajo conflicto de interés, abuso de funciones o participación indebida en procedimientos de contratación, así como faltas de particulares vinculados con procedimientos de contratación pública”.
LOS VÍNCULOS CON PROVEEDORES Y LA SALIDA DE LA PRESIDENCIA
La apertura de estos expedientes ocurre luego de que Grupo REFORMA documentara la relación personal entre la expresidenta del INE y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, accionista de Cajas Graf y TOL Producciones, firmas registradas como proveedoras del órgano electoral. Asimismo, se reveló que Jonathan Navarrete Torres, apoderado legal de Corporativo Zeg —empresa donde Hernández Casillas figura como socio—, estuvo en la nómina del Instituto desempeñándose presuntamente como chofer de Taddei.
Frente a dichos señalamientos, el titular del OIC aseveró que las investigaciones administrativas por estas anomalías ya se encuentran formalmente en trámite dentro del órgano a su cargo.
“Respecto a los señalamientos vinculados a casos de posible ocultamiento de conflictos de interés, la autoridad investigadora de este OIC ha emitido los acuerdos de calificación de la conducta correspondiente en, por lo menos, tres de cuatro casos. Actualmente, se realizan las actuaciones procedimentales que legalmente corresponden. El caso restante continúa en etapa de investigación”, precisó Carvente Contreras en el oficio.
El funcionario garantizó ante el Poder Legislativo que la institución a su cargo mantendrá el rigor legal en los expedientes:
“Todas las actuaciones se están desahogando con objetividad, independencia y rigor técnico”.
EXIGEN “SACUDIDA” INTERNA Y LIMPIEZA DE MANDOS TRAS LA DIMISIÓN
Ante este panorama, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado a quien asuma la presidencia interina del Consejo General del INE a remover de sus cargos a cualquier funcionario ligado con las empresas investigadas o con la expresidenta saliente.
Durante un encuentro con medios de comunicación, el legislador señaló que el órgano electoral requiere una reestructuración inmediata con miras a los próximos procesos electorales:
“Creo que quien sea presidente o presidenta del Consejo nombrado hoy entre ellos, debe comenzar a remover o a pedir la renuncia de funcionarios que no tengan idoneidad o que tengan vínculos con el proveedor denunciado o con la propia presidenta saliente”.
Asimismo, Monreal advirtió que la separación del cargo no detiene los procedimientos de fiscalización administrativos, penales o financieros que realicen la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Fiscalía General de la República (FGR).
“Que no por el simple hecho de la renuncia quede sepultado, eliminado o desaparecido el pliego de responsabilidades de la presidenta, de algún funcionario o de los proveedores del INE”, enfatizó el legislador.
Al ser cuestionado sobre las fechas en que tuvo conocimiento de estas anomalías, el líder parlamentario explicó que estaba enterado desde meses atrás, pero evitó intervenir debido al carácter autónomo de las instancias investigadoras:
“Nosotros como diputados no podemos intervenir en una investigación que lleva a cabo el OIC o la Auditoría Superior de la Federación, porque gozan de plena autonomía. Nos notifican hasta que concluya el procedimiento y la sanción correspondiente”.
Finalmente, de cara a la designación del relevo en la presidencia del Consejo General, el diputado se pronunció por mantener la paridad en la cabeza del organismo:
“Yo me inclino porque sea mujer la que sustituya a la mujer que está renunciando”.
PUNTOS CLAVE
- Inacción previa y reporte oportuno: El Órgano Interno de Control (OIC) del INE no reportó irregularidades durante dos años e hizo públicas las investigaciones hasta la renuncia de Guadalupe Taddei.
- Sujetos bajo investigación: El OIC indaga formalmente a 15 funcionarios y exfuncionarios, 8 personas físicas y 18 empresas involucradas en probables redes de corrupción.
- Faltas administrativas imputadas: Las indagatorias abarcan desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, conflicto de interés, ocultamiento de información, abuso de funciones y simulación en contrataciones.
- Avance en expedientes específicos: De cuatro casos detectados sobre ocultamiento de conflicto de interés ligados a proveedores del INE, en al menos tres ya se emitieron acuerdos de calificación de conducta.
- Exigencia de limpia institucional: La bancada de Morena en la Cámara de Diputados solicitó al nuevo liderazgo del INE remover a funcionarios vinculados con los proveedores señalados o con la expresidenta.
- Deslinde de responsabilidades: La renuncia de la presidenta no extingue las eventuales responsabilidades ante la ASF, la UIF, el OIC o la FGR
Síguenos en @LaNotaDeMexico
