La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo delegó en la FGR de Ernestina Godoy la responsabilidad de justificar la entrega a Estados Unidos del piloto involucrado en el traslado de El Mayo Zambada, desprendiéndose así del testigo clave para esclarecer la operación en territorio mexicano. Pese a que el Ejecutivo y el canciller Roberto Velasco argumentaron que los nexos del FBI se confirmaron de manera posterior a la transferencia, la decisión exhibe una paradoja institucional: la presunción de una intromisión ilegal y el reclamo por la violación a la soberanía nacional eran la bandera oficial desde el sexenio de López Obrador, contradiciendo la postura de enérgica protesta frente a Washington tras revelarse que la fiscalía devolvió al aviador de forma expedita bajo la Ley de Seguridad Nacional