9/07/2026
LANOTA.- La postura del gobierno mexicano respecto a la captura de Ismael “El Mayo” Zambada ha entrado en una profunda contradicción institucional. Mientras la retórica oficial mantiene una exigencia firme hacia Washington para que esclarezca la presunta violación a la soberanía nacional durante la extracción del capo, la administración federal optó por deshacerse de la pieza humana más valiosa para descifrar el misterio: el piloto involucrado en el traslado de El Mayo.
En lugar de asumir la custodia de este testigo clave para reconstruir la ruta, las complicidades y el grado de intervención de las agencias extranjeras, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo turnó de manera directa a la Fiscalía General de la República (FGR) toda la responsabilidad de la transferencia. Al canalizar las dudas hacia el terreno ministerial bajo el argumento de la autonomía, el gobierno central intenta aislarse del impacto político que genera haber devuelto al tripulante al mismo país al que hoy se le acusa de actuar con opacidad.
EL CUESTIONAMIENTO DE LA RAZÓN QUE COMPROMETE LA ESTRATEGIA
Este vacío estratégico quedó expuesto públicamente durante un intercambio con la prensa en Palacio Nacional, donde la reportera del diario La Razón formuló una interrogante que desnudó la fragilidad de la postura oficial. La periodista confrontó directamente a la mandataria sobre la conveniencia de obsequiar al sospechoso principal de la logística aérea a las autoridades norteamericanas: “¿Y no resulta un inconveniente precisamente que se haya entregado al piloto cuando pues podría haber servido como una pieza clave para que México supiera qué ocurrió o cómo ocurrió?”.
La réplica de la jefa del Ejecutivo federal no ofreció claridad sobre la lógica de la transferencia, sino que reforzó el repliegue institucional hacia las decisiones de la fiscalía que encabeza Ernestina Godoy Ramos. Sheinbaum Pardo atajó el cuestionamiento señalando que “tienen que ver las condiciones en las cuales se entregó. La fiscalía ayer lo informó y la fiscalía tendría que plantearlo y le pido al Canciller que revise el caso para que podamos dar más información”.
La incertidumbre aumentó cuando se intentó precisar el momento exacto en que las autoridades mexicanas decidieron renunciar a la custodia del aviador. Al ser consultada sobre si este movimiento se ejecutó durante el periodo de Alejandro Gertz Manero o ya con la actual estructura de la fiscalía, la titular del Ejecutivo admitió carecer de certezas: “No tengo esa información. La fiscalía ayer la reportó. A ver si la fiscal puede darnos más información hoy mismo de esta particularidad para que les podamos informar”.
CANCILLERÍA Y PRESIDENCIA EVADEN DETALLES SOBRE LA ENTREGA
Esta ausencia de datos precisos en la cúpula del poder político se extendió al desempeño de la Cancillería. El canciller Roberto Velasco se alineó al discurso de la ignorancia procesal previa, intentando matizar la entrega bajo el argumento de que el gobierno mexicano desconocía en ese instante los detalles de la intromisión de las agencias extranjeras.
Sin embargo, el argumento de que la administración fue sorprendida por revelaciones posteriores choca directamente con los antecedentes políticos inmediatos. La presunción de una intromisión ilegal no nació con los reportajes recientes, sino que fue la bandera de protesta sistemática del expresidente Andrés Manuel López Obrador desde las semanas posteriores a la detención del capo. Por tanto, el aparato de inteligencia nacional ya operaba bajo la certeza de un agravio diplomático mucho antes de que se decidiera la entrega del piloto.
La estrategia actual se ha concentrado en descalificar la narrativa de Washington en lugar de justificar las omisiones propias. Sheinbaum Pardo centró sus críticas en la incongruencia del aparato estadounidense, acusando al exembajador Ken Salazar de faltar a la verdad histórica tras la difusión de pruebas materiales que contradicen sus dichos. La presidenta expuso la inconformidad señalando que “el problema es que recientemente se presenta el avión como un operativo del FBI en una feria, además de un reportaje que sale en un periódico. Pero el problema es que hay una contradicción. Y de acuerdo con la fiscalía, ahí falta la verdad por parte del ex embajador”.
SOBERANÍA DISCURSIVA VS. PRÁCTICA JUDICIAL
A pesar de las contradicciones operativas, la administración mantiene su postura de que el combate al narcotráfico no justifica el atropello de las leyes mexicanas. Al defender la línea nacionalista heredada del sexenio anterior, Claudia Sheinbaum concluyó de manera tajante: “Pero el asunto aquí ha sido una violación a la soberanía. Porque, repito, el fin no justifica los medios. Por supuesto que este capo de la droga este detenido, este líder del cartel de Sinaloa, aquí tenía orden de aprehensión. Pero el asunto es una violación a la soberanía en esa detención”.
Sin embargo, el rigor discursivo se diluye al contrastarlo con los hechos documentados por la propia FGR. La fiscal Ernestina Godoy Ramos confirmó en su reporte que el piloto —cuya identidad se mantiene en reserva— ya se encontraba en el radar del Estado tras haber sido deportado inicialmente a México, donde reincidió en actividades criminales antes de su entrega definitiva. El informe de la funcionaria detalló que “el piloto fue deportado, siguió operando y cometiendo delitos en México”, añadiendo que posteriormente “fue detenido por portación de armas y entregado al gobierno de Estados Unidos con base en la Ley de Seguridad Nacional”.
El hecho de que las dependencias mexicanas poseyeran los elementos científicos y materiales para fincar responsabilidades locales agrava la paradoja. Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) proporcionó los audios de la torre de control que permitieron la identificación pericial del implicado, confirmando además que el vuelo operaba sin autorizaciones y con datos de identificación alterados. En lugar de procesar al implicado en territorio nacional para desentrañar el caso, el Estado mexicano prefirió entregar al único hombre que podía explicar cómo se violó dicha soberanía.
PUNTOS CLAVE DEL REPORTAJE
- Contradicción medular: El gobierno de México exige explicaciones a EE.UU. por la captura ilegal de “El Mayo” Zambada, pero entregó al piloto del vuelo, perdiendo al testigo clave para su propia investigación.
- Deslinde en el Ejecutivo: La presidenta Claudia Sheinbaum turnó toda la responsabilidad de la transferencia a la FGR de Ernestina Godoy, deslindando a su administración del diseño estratégico de la entrega.
- Cuestionamiento de La Razón: La prensa confrontó de manera directa la pérdida de conveniencia táctica que representó para el Estado mexicano desprenderse del aviador.
- Evasión diplomática: Tanto la presidencia como el canciller Roberto Velasco intentaron justificar la entrega afirmando que desconocían la implicación del FBI, a pesar de que la queja por violación a la soberanía existía desde el gobierno de AMLO.
- Inconsistencia de EE.UU.: México exhibió la contradicción del exembajador Ken Salazar, demostrando que el FBI presumió la aeronave del traslado como un trofeo de un operativo propio en una feria.
- Justificación de la FGR: Ernestina Godoy argumentó que el piloto fue devuelto a EE.UU. bajo la Ley de Seguridad Nacional tras ser detenido en territorio mexicano por portación de armas de fuego y operar un vuelo ilegal con datos alterados.
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