Cinco integrantes de una red delictiva que operaba en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y San Luis Potosí fueron vinculados a proceso y enviados a prisión preventiva tras defraudar a cuentahabientes por casi 18 millones de pesos mediante un esquema de despojo biométrico. El modus operandi consistía en acudir a los domicilios de las víctimas fingiendo la entrega de un premio bancario para tomarles fotografías del rostro, con las cuales daban de alta la aplicación móvil en otros celulares y realizaban transferencias no autorizadas. La investigación de la Fiscalía capitalina permitió ejecutar un operativo el 5 de agosto de 2026 en cuatro alcaldías y el municipio de Tlalnepantla, logrando la captura de los sospechosos a quienes se les fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria