Imagen ilustrativa creada con IA en Gemini.
27/07/2026
LANOTA.MX.- Un operativo sin precedentes sacudió las entrañas del complejo militar capitalino: en el marco de las pesquisas por un desfalco superior a los 40 millones de pesos, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) incautó una suma que rebasa los 4 millones de pesos en efectivo almacenados dentro de la sede central de la Secretaría de Marina (Semar).
Conforme a los datos sacados a la luz por el diario Reforma, las diligencias ministeriales se concentraron el 9 de septiembre de 2024 en el área de trabajo del Capitán Germán Díaz Olivier, quien fungía como jefe de Control Presupuestario de la institución. Al revisar el lugar, los peritos ubicaron una bolsa de nylon roja, un morral negro y un sobre amarillo donde yacían mil 819 billetes de mil pesos, 4 mil 414 piezas de 500 y un puñado de billetes de menor valor, dando la cifra exacta de 4 millones 30 mil 650 pesos.
El cateo se llevó a cabo específicamente en el segundo nivel del Edificio “C” de las instalaciones navales asentadas en la colonia Los Cipreses, dentro de la alcaldía Coyoacán. Estos indicios sirvieron como prueba fundamental durante la audiencia en la que se determinó llevar a juicio a Díaz Olivier y a otros tres efectivos de la Armada.
Jamás se había registrado la confiscación de un monto tan elevado en dinero contante y sonante como resultado de un expediente penal abierto dentro de un recinto de la Marina. La incursión de peritos, fiscales y agentes de la Policía Federal Ministerial devino de un expediente integrado a mediados de agosto, tras la querella formal interpuesta por los mandos navales.
La acción penal cobró fuerza a partir del reporte elaborado por la Capitán de Navío en Justicia Naval, Alejandra Ortiz Soria, quien al realizar un cruce de datos en las plataformas de contabilidad detectó una anomalía financiera por 40 millones 746 mil 071.76 pesos.
En el papel, las partidas presupuestales figuraban como erogaciones destinadas a cubrir la compra de medicamentos, materiales curativos y mantenimiento hospitalario; sin embargo, las pesquisas demostraron que los bienes y servicios nunca ingresaron a las áreas médicas de la institución.
El esquema fraudulento abarcaba supuestas contrataciones para el suministro de reactivos para detectar VIH, insumos para laboratorio hematológico, mantenimiento a tomógrafos, consolas de anestesia, aparatos de Rayos X y ventiladores pulmonares.
Dentro del conjunto de testimonios recabados, el Capitán Jorge Alberto Hernández Tovar, subdirector de Erogaciones Centrales, declaró que el 25 de junio de 2024 Díaz Olivier lo abordó para ofrecerle una tajada de un millón de pesos si accedía a validar irregularmente 14 cuentas por liquidar certificadas.
Frente al ofrecimiento, Hernández Tovar se negó rotundamente manifestando: “No, jefe, así como me dijo que eran sus asuntos, no me meta, soy contador, no mago… no me meta en sus chingaderas”, según el registro de la fiscalía.
Durante la comparecencia judicial, el Capitán imputado rechazó enfáticamente la autoría del numerario incautado y expuso su propia reconstrucción de los hechos.
En sus alegatos, el jefe militar narró que el 1 de julio de 2024 fue citado al despacho del Contralmirante Manuel Cervantes Acuña, entonces director adjunto de Administración, donde ya lo esperaban diez marinos de su área y cinco elementos de la Unidad de Inteligencia Naval (UIN). Cervantes ya le había exigido solucionar la falta de los 40 millones de pesos mediante un requerimiento escrito notificado días atrás.
El Capitán sostuvo que los elementos de inteligencia le quitaron el teléfono móvil y, al percatarse de que le faltaba el chip, lo custodiaron hasta los sanitarios donde afirmó haberlo dejado. En el trayecto, los marinos comenzaron a presionarlo para que revelara dónde estaba guardado el dinero.
Tras recuperar la tarjeta SIM, el imputado refirió que el personal de la UIN lo trasladó de vuelta a su espacio de trabajo.
“Patearon la puerta y me dijeron ‘no se haga pendejo’, me aventó uno de ellos y me preguntó ‘¿dónde está el dinero? ¿dónde está el dinero?’ ‘¿cuál dinero?’, les dije. Yo tenía un sobre con 60 mil pesos en un cajón, pero no llevaba llaves”, aseveró ante el juzgador.
Díaz Olivier añadió que uno de los agentes revisó un mueble cercano y sacó la bolsa roja con el efectivo. Posteriormente fue conducido al tercer piso para ser interrogado, para luego ser llevado al estacionamiento, donde los marinos habrían abierto la cajuela de su vehículo personal y extraído más billetes, estimando informalmente en ese momento que la suma rondaba los 6 millones de pesos.
El mando castrense acusó haber sufrido agresiones físicas y amenazas dirigidas hacia sus familiares por parte de la UIN con el fin de obligarlo a confesar la ubicación de los fondos públicos extraviados.
A pesar de que los litigantes defensores intentaron echar abajo el caso argumentando actos de tortura, el juez de control José Antonio Martínez Alvarado desestimó la pretensión, concluyendo que el acusado nunca se autoincriminó y que las evidencias presentadas por la FGR no provenían de los supuestos abusos.
Bajo este criterio, el impartidor de justicia resolvió vincular a proceso a Díaz Olivier por los delitos de peculado, administración fraudulenta y cohecho. De igual forma, por los dos primeros cargos se dictó auto de procesamiento contra el Capitán Miguel Ramos de la Cruz, el Primer Maestre retirado José Ricardo Hernández Moncada y el Tercer Maestre Carlos Norberto Tirado Jauri.
EL ORIGEN DEL FRAUDE: REPARTIÓ FONDOS A EMPRESAS FACHADA
Las alarmas institucionales saltaron el 12 de junio de 2024, cuando la Subdirección de Erogaciones Centrales y la Dirección de Ejercicio Presupuestal advirtieron al Contralmirante Cervantes Acuña sobre una serie de movimientos anómalos concretados entre enero y mayo de ese mismo año.
La auditoría interna descubrió la liquidación de 14 facturas que sumaban 40.7 millones de pesos dirigidas a la supuesta compra de medicamentos y servicios técnicos que nunca se prestaron. Las transferencias beneficiaron a tres partes: 10.5 millones a la cuenta personal del proveedor Isaac Santillán Campis; 17.6 millones a la firma PSG Productos y Servicios S.A. de C.V.; y 12.5 millones a Operadora de Servicios Paseo 121 S.A. de C.V.
En el mismo rastreo, la autoridad financiera de la Armada logró bloquear la salida de otros 9.9 millones de pesos amparados en dos facturas adicionales que no alcanzaron a pagarse.
Las indagatorias de la FGR concluyeron que el grupo de uniformados logró vulnerar las plataformas electrónicas de control presupuestal —usurpando credenciales y contraseñas institucionales— para autorizar pagos y ajustes ilegales. Una vez liberados los recursos, estos terminaban en las cuentas de empresas dispuestas a simular las operaciones.
LA CONFESIÓN DEL PROVEEDOR CLAVE
Una pieza determinante para desentrañar la red de corrupción fue la declaración de Isaac Santillán Campis, un contratista que prestaba servicios de mantenimiento a la Marina desde hacía una década y que optó por colaborar tras ser encarado por las autoridades.
El empresario relató que a principios de 2024 fue contactado por el Capitán Arturo Ezequiel Martínez Verde y el Tercer Maestre Tirado Jauri para tramitar una compra inicial de papel y consumibles por 223 mil pesos. Una vez radicados los fondos, los marinos le advirtieron que no requerían el material, sino la devolución del efectivo.
Tras restar el IVA y su comisión, Santillán entregó 160 mil pesos en efectivo dentro de la cocina de su establecimiento en Iztapalapa a los marinos Tirado Jauri y Hernández Moncada, quienes le aseguraron que le darían contratos de mayor envergadura.
Poco después la escala del fraude aumentó: le adjudicaron directamente 10.5 millones de pesos para equipo médico simulado. Cuando los recursos cayeron a la cuenta del proveedor a finales de febrero, los marinos exigieron de inmediato la restitución de 7.8 millones en efectivo.
La presión ejercida por los elementos quedó registrada en capturas de pantalla de WhatsApp entregadas al Ministerio Público, donde se leían instrucciones como “el jefe quiere ese monto” o “hasta las 6 me entregas las galletas”.
Debido a que el contratista ya había subcontratado los servicios con un tercero, tuvo que pedir la devolución del dinero y trasladar los fajos de billetes guardados en cajas de cartón hasta una vivienda en la colonia Avante, Coyoacán, donde los marinos contaron el botín sobre una cama. Meses después, al ser confrontado por la inteligencia naval, el proveedor entregó su teléfono con audios y mensajes, dejando al descubierto el modus operandi de la red.
PUNTOS CLAVE DEL CASO
- Monto incautado: Autoridades hallaron 4,030,650 pesos en efectivo dentro de la oficina del Capitán Germán Díaz Olivier en la sede central de la Semar.
- El quebranto total: La investigación de la FGR rastrea un desvío de 40,746,071.76 pesos en contratos médicos simulados.
- Modus operandi: Los implicados alteraban el sistema informático presupuestal (incluso usurpando claves) para autorizar pagos a proveedores por servicios y medicamentos jamás entregados, cobrando el dinero de vuelta en efectivo.
- Procesados: Cuatro elementos navales fueron vinculados a proceso por peculado, administración fraudulenta y cohecho (según el grado de responsabilidad).
- Prueba reina: Un proveedor de la Armada delató la red de complicidad y entregó a la FGR mensajes de WhatsApp, audios y registros que detallan el cobro de los mutes en efectivo.
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