La confirmación del asesinato de Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, empleados de Vizsla Silver Corp. en Concordia, Sinaloa, ha desatado una ola de indignación en el sector minero nacional. Las principales cámaras y asociaciones del país calificaron el hecho como una muestra de la incapacidad del Estado para frenar la violencia en las regiones productoras, exigiendo que el caso no se diluya en la impunidad que históricamente protege a los grupos criminales en la zona serrana