LANOTA– Tras semanas de incertidumbre, las autoridades y familiares confirmaron la identificación de cinco de los diez mineros que desaparecieron el pasado 23 de enero en el municipio de La Concordia, Sinaloa.
De acuerdo con reportes de los periodistas Felicitos Trujillo y Antonio López Moreno, las víctimas identificadas hasta el mediodía de este lunes son Ignacio Aurelio Salazar Flores y José Ángel Hernández Vélez, originarios de Zacatecas; José Manuel Castañeda Hernández, de Guerrero; José Antonio Jiménez Nevárez, de Sonora; y Antonio de la O Valdez.
La confirmación del hallazgo no es sólo una tragedia humana, sino el veredicto de un Estado fallido en materia de protección laboral.
Los empleados de Vizsla Silver Corp., secuestrados desde el pasado 23 de enero en Concordia, Sinaloa, pasaron de ser víctimas de una privación ilegal de la libertad a convertirse en rostros de la creciente estadística de violencia que el gobierno no ha logrado frenar en los enclaves industriales del país.
LA IMPOTENCIA DE UN SECTOR BAJO FUEGO
El gremio minero ha alzado la voz contra una realidad insostenible: trabajar en las regiones mineras de México se ha vuelto una actividad de alto riesgo bajo la mirada pasiva de las instituciones.
A través de un posicionamiento conjunto, cámaras y asociaciones calificaron de “inaceptable” que la integridad de quienes sostienen una actividad económica estratégica sea vulnerada con tal impunidad, dejando claro que la vigilancia sobre el desempeño de la fiscalía será implacable de ahora en adelante.
JUSTICIA DE PAPEL: LA EXIGENCIA DE RESULTADOS REALES
Para el sector unido —integrado por organismos como CAMIMEX, Cancham y diversos clústeres regionales— la narrativa oficial de “seguimiento” ya no es suficiente. Las familias de los fallecidos y la comunidad minera en su conjunto demandan una resolución que trascienda los boletines de prensa y se traduzca en detenciones y sentencias; de lo contrario, la justicia seguirá siendo una promesa vacía mientras los responsables permanecen en las sombras.
EL CALVARIO CONTINÚA PARA LOS DESAPARECIDOS
Mientras se procesa el duelo por los tres mineros localizados, el reclamo hacia el Ejecutivo se intensifica para no abandonar la búsqueda del resto de los trabajadores que aún permanecen desaparecidos.
La prioridad absoluta debe ser su localización con vida, una tarea que debe ejecutarse con toda la fuerza del Estado y no con la parsimonia que ha caracterizado los esfuerzos previos en incidentes relacionados con el crimen organizado.
SEGURIDAD NACIONAL: UNA PRIORIDAD OLVIDADA
Finalmente, el comunicado advierte que la seguridad no es un lujo, sino una condición mínima para el desarrollo.
Al permitir que la violencia dicte las reglas, las autoridades no sólo vulneran la dignidad humana, sino que demuestran una preocupante desconexión entre el discurso de soberanía y la realidad de abandono que enfrentan los trabajadores en el territorio nacional.
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