LANOTA.– La gigante española Iberdrola confirmó lo que muchos ya veían venir: venderá sus quince plantas de generación eléctrica en México, principalmente parques de energías renovables, por cerca de 4 mil millones de euros (unos 4,689 millones de dólares), marcando su salida definitiva del país. Esta operación, gestionada a través de Barclays Bank, representa la culminación de una política silenciosa y reiterada: retirarse de mercados donde la inseguridad jurídica y el clima político hostil erosionan la rentabilidad y la certeza para sus inversiones.
DESINVERSION REFLEJA LA INCERTIDUMBRE DEL SECTOR ENERGÉTICO
La desinversión de Iberdrola no es un fenómeno aislado, sino un síntoma claro de la incertidumbre que impera en el sector energético mexicano, y que ha llevado a una de las principales empresas de Europa a renunciar a uno de los mercados más importantes de América Latina. Tras haber vendido en febrero pasado el 55 % de sus activos a un consorcio vinculado al gobierno mexicano —en una transacción polémica que generó tensiones con el entonces presidente López Obrador—, ahora la eléctrica española busca desprenderse del resto de sus activos restantes en el país.
Los motivos detrás de esta retirada son contundentes: la imposición de multas millonarias —como la sanción de 9,145 millones de pesos (casi 435 millones de euros) que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aplicó a Iberdrola Energía Monterrey por la venta irregular de energía—, la falta de certeza legal y la presión de una administración encabezada por Claudia Sheinbaum que ha adoptado un discurso y una política energética aún más radical y populista que la de su antecesor. A pesar de que Sheinbaum ha prometido un ambicioso plan de inversión en energías renovables, la forma en que se han llevado a cabo las regulaciones y los conflictos legales ha alejado a los inversionistas.
RESPUESTA OFICIAL: SHEINBAUM NIEGA INSEGURIDAD JURÍDICA
Ante los rumores sobre la posible salida de Iberdrola por falta de “seguridad jurídica”, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este jueves durante la conferencia matutina que la empresa no tiene motivos para abandonar México en caso de confirmarse la venta de sus plantas.
Al ser cuestionada, afirmó que existen los mecanismos para que la inversión privada participe siempre y cuando se respeten las reglas establecidas. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con los hechos y las preocupaciones expresadas por la propia Iberdrola y otros actores del sector.
EL IMPACTO ECONÓMICO Y POLÍTICO DE SU SALIDA
Este abandono pone en evidencia que las políticas públicas mexicanas han generado un clima de inseguridad jurídica que espanta la inversión extranjera en un sector estratégico para el país. Iberdrola, con una potencia instalada cercana a los 2,600 MW y un beneficio operativo de más de 400 millones de euros, opta por salir antes que enfrentar más obstáculos y riesgos legales.
El costo no es solo económico. La salida de una empresa líder en renovables afecta la confianza del sector energético nacional y envía una señal alarmante sobre la capacidad del gobierno mexicano para garantizar un ambiente favorable a la inversión y al desarrollo sostenible.
Mientras tanto, el nuevo CEO de Iberdrola, Pedro Azagra, celebra la operación como un paso para mejorar la salud financiera del grupo, reducir su deuda y asegurar dividendos crecientes para sus accionistas, dejando claro que la prioridad es la rentabilidad, no la permanencia en un mercado convulso.
DERROTA PARA MÉXICO QUE EXIGE REPLANTEAR POLÍTICAS
En definitiva, la partida de Iberdrola es una derrota para México, un país que pierde inversión, empleos y credibilidad ante los ojos de los mercados internacionales. La salida de esta multinacional española debe ser un llamado urgente para replantear las políticas energéticas y garantizar que la ley y el respeto a los contratos sean pilares inquebrantables para retener a los inversionistas y fomentar el crecimiento.
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