Sicarios al servicio del grupo criminal Los Ardillos ejecutaron a cuatro activistas del CIPOG-EZ en la comunidad de Xicotlán, Chilapa, mientras las víctimas realizaban trabajos de albañilería. Entre los fallecidos destaca el líder comunitario Isaías Morales Lucas, a quien el Gobierno Federal le negó medidas de protección durante dos años pese a las constantes amenazas de muerte en su contra. El Consejo Nacional Indígena denunció la complicidad de las fuerzas federales, quienes mantuvieron su base a menos de un kilómetro de la masacre sin intervenir, mientras la estructura delictiva de los hermanos Ortega Jiménez consolida su dominio sobre la economía y la política de la Montaña Baja de Guerrero