La Ciudad de México arrastra una crisis habitacional crítica que exige la construcción de 70,000 viviendas anuales para cubrir su demanda; sin embargo, en 2025 apenas se produjeron 1,222 unidades debido a una parálisis burocrática de hasta 50 trámites que retrasa los proyectos entre tres y cuatro años. Esta escasez ha ensanchado la brecha de desigualdad territorial, concentrando la conectividad e inversión en alcaldías centrales como Benito Juárez y Miguel Hidalgo, mientras margina a la periferia. Ante este escenario, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el Plan General de Desarrollo 2025-2045 con el fin de regular el suelo bajo criterios de viabilidad ambiental, jurídica y social para frenar la especulación. No obstante, urbanistas advierten que la falta de una ley reglamentaria específica en la Constitución local provocará una incongruencia jurídica que detonará una ola masiva de amparos, poniendo en riesgo la aplicación de las nuevas reglas urbanas