Aunque el gobierno presume una disminución del 15% en homicidios, hallazgos recientes en Reynosa, Tamaulipas, y el Rancho Izaguirre, Jalisco, revelan campos de exterminio y fosas clandestinas con restos humanos calcinados. Colectivos denuncian que las cifras oficiales ignoran la magnitud de la crisis de desapariciones y acusan omisión e impunidad en las investigaciones