Por *Odracir R Espinoza Valdez
LANOTA.MX.- Sinaloa no está regresando a la crisis, Sinaloa nunca salió del todo. Lo que cambia es la intensidad, la zona y el grupo que domina temporalmente la calle. La semana pasada estuve en Culiacán y se percibe algo difícil de explicar desde la estadística nacional, existe como una paz tensa, una normalidad vigilada (retenes militares, circulación de todas las corporaciones policiacas), se siente una ciudad que funciona, pero mira de reojo. Restaurantes abiertos que cierran temprano, tráfico, gente trabajando, pero también existen silencios, horarios modificados, rutas evitadas y una zozobra que no se borra con un boletín, ni con una declaración, yo lo sentí.
El fin de semana confirmó esa realidad, el SESNSP reportó 96 homicidios dolosos en el país entre viernes, sábado y domingo; Sinaloa encabezó la lista con 12 casos. El sábado hubo ataques armados y al menos siete personas sin vida en distintos municipios, principalmente Culiacán, Los Mochis y Mazatlán. Ese mismo día, dos policías municipales fueron heridos cerca del aeropuerto de Mazatlán tras una agresión de civiles armados, no fueron percepciones, sino realidades que están desde que inició esta guerra narca.
Curiosamente, al mismo tiempo, el Gobierno federal presume resultados nacionales, el Secretario Harfuch informó que el promedio diario de homicidios dolosos bajó 53% de septiembre de 2024 a agosto de 2026, de 86.9 a 40.8 casos diarios. Ese dato es importante y no debemos soslayarlo, pero el problema latente de inseguridad de Sinaloa demuestra que el promedio nacional puede esconder epicentros de guerra, el hecho de reducir homicidios en el país no significa pacificar territorios donde Los Chapitos y Los Mayos siguen disputando rutas, laboratorios, protección, dinero y control social, por ello, el epicentro sigue ahí.
El 1 de octubre, el Gabinete de Seguridad informó el aseguramiento de un vehículo con 1,320 kilos de metanfetamina en Sinaloa. Importante sin duda, pero hay que recordar que no basta decomisar droga; hay que seguir la ruta completa, este trabajo debe ser integral. Contestando las preguntas básicas: ¿Quién la financió? ¿Qué laboratorio la produjo? ¿Qué funcionarios permitieron movilidad? ¿Qué red lavaría el dinero? ¿Qué empresas reciben recursos? ¿Qué policías filtraron información?… ¿Se puede contestar esto?
La presidenta Sheinbaum ha dicho sobre Sinaloa que “tiene que haber pruebas” y que no se puede aceptar “así nada más lo que dice el Departamento de Justicia”, pero también que México trabaja todos los días por la paz y seguridad. Coincido, debemos exigir pruebas, pero pedir pruebas a Estados Unidos no exime a México de investigar a sus propias redes de corrupción.
Washington ya cambió de carril y dio giro, instruyó al Departamento del Tesoro que sancionará al Mayito Flaco, a miembros de su círculo, lavadores, políticos corruptos y empresas que, según Estados Unidos, permiten operar al Cártel de Sinaloa cerca de la frontera, es decir, Estados Unidos no sólo va por capos; va por dinero, negocios, hoteles, casas de cambio, proveedores, políticos y prestanombres. Ese será el verdadero golpe y ¿nosotros qué haremos?
Dos conclusiones. Primera, Sinaloa no necesita más presencia simbólica (como lo vi), sino investigación penal territorial, limpieza policial y de la corrupción operativa, más inteligencia financiera, dar protección ciudadana y sobre todo sentencias condenatorias firmes; la paz no se mide sólo con promedios nacionales, se mide cuando la gente deja de vivir con miedo, eso no lo vi en Culiacán…
Segunda, si México no investiga corrupción y lavado dentro de sus propias estructuras, Estados Unidos lo hará desde la OFAC, seguirán los retiros de visas, las acusaciones y sus sanciones. Recordemos, la soberanía no se defiende negando el problema; se defiende probando que el Estado mexicano puede desarmar al narco sin esperar a Washington, ni a nadie más, dice el adagio “la ropa sucia se lava en casa”.
*Mtro. Odracir Ricardo Espinoza Valdez.
Abogado Penalista, Académico, Primer Fiscal Anticorrupción del País y Ex asesor Legal del Departamento de Justicia de EU en México.
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