UIF congela cuentas a Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirectivo del INE, por corrupción electoral

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UIF bloquea las cuentas de Juan Carlos Cuervo Escalona.

16/11/2026

LANOTA.MX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del INE, tras incluirlo en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas a irregularidades en contratos electorales.

La medida fue ejecutada por la instancia adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyas pesquisas apuntan a una trama de adjudicaciones simuladas en la que participaron compañías proveedoras presuntamente vinculadas con Guadalupe Taddei Zavala, donde el exdirectivo habría operado como un eslabón interno para favorecer determinados intereses comerciales y hacer un uso indebido de recursos públicos.

DEL ESCRITORIO DEL ÁRBITRO ELECTORAL A APODERADO DE CONTRATISTAS

El caso cobró relevancia pública este 16 de noviembre, cuando diputados de Morena difundieron una investigación documentada que expone un presunto conflicto de interés: el 1 de junio de 2023, mientras aún ocupaba un puesto directivo en el órgano electoral, Cuervo Escalona recibió poderes legales dentro de la empresa Corporativo ZEG (identificada también como Corporativo SEG).

Dicha compañía forma parte de un conglomerado ligado a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes a lo largo de dos décadas lograron acumular contratos federales y locales superiores a los 2 mil 500 millones de pesos —con operaciones rastreadas que alcanzan los 2 mil 740 millones de pesos—. Entre los acuerdos financieros bajo escrutinio sobresalen adjudicaciones por 302.9 millones de pesos en Veracruz, 203.6 millones en Hidalgo y 69.5 millones en Coahuila.

La documentación notarial revela que en esa misma fecha de junio de 2023, Corporativo ZEG —creada en diciembre de 2015 ante la notaría 181 capitalina— también otorgó representación legal a Jesús Octavio García González, entonces encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, y a otros cuadros técnicos. Tanto Corporativo ZEG como la firma Cajas Graf habrían simulado competencia en procesos de compra celebrados entre 2016 y 2023.

NORMAS TÉCNICAS A LA MEDIDA Y DEPÓSITOS EN EFECTIVO

Con una carrera de casi dos décadas dentro del sistema electoral —iniciada en el extinto IFE durante la gestión de Luis Carlos Ugalde y María del Carmen Alanís, y consolidada en la Dirección de Coordinación y Análisis bajo la presidencia de Lorenzo Córdova—, Cuervo Escalona tuvo injerencia directa en la regulación de los insumos para comicios.

Desde su área se definieron estándares del reglamento de elecciones y se validaron prototipos de urnas, mamparas y paquetes electorales utilizados por los organismos locales (OPLES). Según las denuncias, estos requisitos técnicos fueron diseñados para cerrar el paso a otros competidores en 13 estados, garantizando los fallos a favor de las firmas de los Hernández Casillas y del círculo cercano a Taddei.

El rastreo bancario complementa los señalamientos administrativos: se documentaron transferencias hacia cuentas de Cuervo Escalona emitidas por Cajas Graf, Corporativo ZEG y Litoformas, disfrazadas contablemente como préstamos y viáticos. Los reportes financieros detallan envíos por 3 millones de pesos mediante el sistema Cecoban, ingresos en efectivo por 1.7 millones de pesos y la compra de contado de un inmueble residencial por 1.95 millones de pesos.

SACUDIDA EN SONORA Y EXPEDIENTE EN MANOS DE LA FGR

La inmovilización de activos dictada por la UIF, bajo el mando de Omar Reyes Colmenares, abarca un total de 40 objetivos (25 ciudadanos y 15 razones sociales). Desde octubre pasado, Hacienda había adelantado el congelamiento de recursos de actores “vinculados con proveedores electorales” tras detectar movimientos financieros atípicos, lo que derivó en una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El impacto del expediente ya alcanzó la esfera política estatal: la noche del miércoles 11 de noviembre, Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei, dimitió como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, luego de confirmarse que tanto él como su madre y otro familiar figuran entre las personas con cuentas bloqueadas.

Junto a los hermanos Hernández Casillas y los empresarios Alejandro Olaya Ortiz, César Rodríguez Ureña y María Margarita Carranza Sordo, el acuerdo de bloqueo financiero alcanza a una amplia estructura de exfuncionarios y colaboradores electorales:

  • Jesús Octavio García González, exdirector ejecutivo de Administración del INE y apoderado de Cajas Graf y Corporativo ZEG.
  • Luis Alberto Bustamante Canizales, excolaborador de Taddei en el Instituto Electoral de Sonora.
  • Enma Patricia García Rodríguez, extitular de Recursos Financieros del INE.
  • Iliana Araceli Hernández Gómez, exdirectora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.
  • Mario Alfonso Burciaga Esparza, exdirector de Recursos Materiales y Servicios.
  • José Alberto Pérez de Acha, excoordinador de la Unidad de Servicios de Informática.
  • Jonathan Navarrete Torres, exchofer y asesor en la oficina de Taddei, quien simultáneamente fungía como apoderado de Corporativo ZEG.

PUNTOS CLAVE

  • Investigación financiera: La UIF congeló las cuentas de Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirectivo del INE, por presunto lavado de dinero y manipulación de licitaciones de material electoral.
  • Red de apoderados: Mientras laboraban en el INE en junio de 2023, Cuervo Escalona y otros mandos administrativos fueron nombrados apoderados legales de Corporativo ZEG, firma ligada a los hermanos Hernández Casillas y presuntamente cercana a Guadalupe Taddei.
  • Beneficios y triangulación: El exfuncionario habría adaptado normas técnicas para favorecer contratos millonarios en 13 estados a cambio de depósitos en efectivo, transferencias simuladas y la compra al contado de un departamento.
  • Alcance del caso: El bloqueo financiero abarca a 40 personas y empresas —incluyendo a Guadalupe Taddei y a su hijo, quien renunció al gobierno de Sonora—, y el expediente ya fue denunciado ante la FGR.

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