“El Marro” sigue operando desde prisión, alerta Washington

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Sanciona Estados Unidos a El Marro por seguir operando desde prisíon.

LANOTA.MX– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y su líder, José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, quien pese a haber sido condenado en México a 60 años de prisión, continúa dirigiendo operaciones criminales desde la cárcel. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el capo mantiene comunicación con su organización a través de abogados y familiares, e incluso habría promovido una alianza con el Cártel del Golfo.

HUACHICOL Y VIOLENCIA EN GUANAJUATO

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) detalló que el CSRL obtiene la mayor parte de sus ingresos ilícitos del robo de combustible y petróleo en Guanajuato, actividad que ha generado un mercado negro transfronterizo de energía. Esta disputa por el control del huachicol contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) convirtió a Guanajuato en uno de los estados más violentos del país, alimentando la corrupción y el financiamiento de otras actividades criminales, como el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

COMPROMISO DE WASHINGTON CONTRA LOS CÁRTELES

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, recordó que el presidente Donald Trump prometió perseguir la eliminación total de los cárteles para proteger al pueblo estadounidense. “Estamos aislando de forma agresiva a los cárteles del sistema financiero estadounidense, sin importar dónde o cómo laven dinero”, afirmó.

BLOQUEO DE BIENES Y CUENTAS

Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes y derechos vinculados a El Marro y al CSRL que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses. También quedaron congeladas las entidades que sean propiedad directa o indirecta en más del 50% de los sancionados.

UN GOLPE FINANCIERO

Con estas medidas, Washington busca cortar las fuentes de financiamiento del CSRL y limitar su capacidad de operación internacional. El anuncio refuerza la presión sobre una organización que, a pesar de la captura de su líder en 2020 y su condena en 2022, sigue siendo considerada una de las más violentas y persistentes en el centro del país.

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