Aquí el expediente completo de la relación de corrupción de Rocha Moya y el Cártel de Sinaloa. (Imagen creada con Grok)
5/05/2026
LANOTA.- La justicia de los Estados Unidos ha desclasificado un expediente que marca el fin de una era en la política mexicana. Los documentos del Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York dibujan una realidad aterradora: bajo el mandato de Rubén Rocha Moya, el Gobierno de Sinaloa funcionó como una oficina de apoyo logístico para el Cártel de Sinaloa, específicamente para la facción de “Los Chapitos”.
Un Gran Jurado aprobó que a los implicados se les acuse formalmente de asociación delictuosa para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como de asociación delictuosa para la posesión de ametralladoras.
EL PACTO DEL SILENCIO: LA GÉNESIS DEL NARCO-ESTADO
La historia no comenzó en las urnas, sino en las sombras de la sierra sinaloense a principios de 2021. Mientras el país se preparaba para las elecciones, un grupo de hombres armados y políticos de alto nivel selló un pacto de sangre y poder. Rubén Rocha Moya, entonces candidato, no solo buscaba votos; buscaba el respaldo militar y financiero de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
A cambio de la gubernatura, Rocha Moya habría entregado las llaves del estado. El día de la elección, la democracia fue sustituida por el terror: comandos del cártel secuestraron a operadores políticos de la oposición, robaron urnas y vigilaron casillas bajo la mirada cómplice de las autoridades. El resultado fue una victoria cimentada sobre la coerción y el plomo.
LA NÓMINA DE LA INFAMIA: LABORES DE LOS ACUSADOS
La administración de Rocha Moya instaló una red de protección institucional donde cada funcionario cumplía una labor específica para favorecer al Cártel de Sinaloa:
- Rubén Rocha Moya (Gobernador): Presuntamente aceptó el apoyo violento y financiero de “Los Chapitos” para obtener su cargo, comprometiéndose a cambio a nombrar funcionarios favorables al cártel en puestos clave de justicia y seguridad.
- Dámaso Castro Zaavedra (Vicefiscal): Actuó como el informante principal dentro de la fiscalía, filtrando información confidencial sobre investigaciones de la DEA y protegiendo a miembros del cártel de ser detenidos a cambio de un sueldo de $200,000 pesos mensuales.
- Gerardo Mérida Sánchez (Secretario de Seguridad): Su labor consistió en alertar al cártel sobre redadas inminentes en laboratorios de fentanilo, permitiendo su evacuación segura, y desviar patrullajes para facilitar el tránsito de drogas hacia la frontera.
- Juan Valenzuela Millán (Comandante Policial): Alias “Juanito”, utilizó patrullas y recursos oficiales para realizar labores de sicariato institucional, incluyendo el secuestro y entrega de informantes y sus familias a manos del cártel para ser ejecutados.
- Enrique Inzunza Cázeres y Enrique Díaz Vega: Señalados como los enlaces directos que ayudaron a posicionar a los perfiles corruptos dentro del gabinete de Rocha Moya por instrucciones de los hijos del Chapo Guzmán. También de entregar al cártel los nombres de los enemigos de Rocha Moya para secuestrarlos o amedrentarlos.
EL IMPERIO DE LA DROGA Y EL DINERO SUCIO
Bajo esta protección, Sinaloa se transformó en el epicentro mundial de la crisis del fentanilo. La red de Rocha Moya facilitó no solo la producción en laboratorios clandestinos que eran “cuidados” por la policía estatal, sino también la importación de precursores químicos y la posesión de armamento de guerra, como ametralladoras de calibre pesado, destinadas a defender el territorio.
EL JUICIO FINAL: LA CAÍDA DE LOS INTOCABLES
El 23 de abril de 2026, el Gran Jurado de Nueva York decidió que el tiempo de la impunidad había terminado. La acusación no solo busca la cárcel de por vida para estos exfuncionarios, sino el desmantelamiento financiero de sus familias.
El gobierno estadounidense ha ordenado el decomiso total de bienes, desde mansiones compradas con sobornos hasta cuentas bancarias ocultas bajo nombres de testaferros. Si los activos ilícitos no son encontrados, la justicia irá tras sus bienes sustitutos, asegurando que ni un solo centavo manchado de sangre permanezca en manos de quienes vendieron a su pueblo al mejor postor del crimen organizado.
PUNTOS CLAVE DE LA ACUSACIÓN
- Delitos Imputados: Asociación delictuosa para importar narcóticos (fentanilo, cocaína, heroína), posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
- Corrupción Sistémica: El cártel mantenía una “nómina” para jefes policiales y fiscales con pagos que oscilaban entre los $30,000 y $300,000 pesos mensuales.
- Crímenes de Lesa Humanidad: La utilización de recursos del estado para el secuestro y entrega de civiles a grupos criminales para su tortura y muerte.
- Extinción de Bienes: El proceso legal permite confiscar propiedades y activos legales de los acusados como compensación por el valor de las ganancias ilícitas obtenidas.
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