8/07/2026
LANOTA.- Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), pasará su proceso penal tras las rejas. Una jueza de control dictó prisión preventiva justificada en su contra tras ser acusado formalmente de violencia familiar y violencia vicaria por su esposa, la doctora María Felicia Jiménez Lavié.
La detención y judicialización del exfuncionario —quien formaba parte del círculo cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum— se detonó luego de que la víctima difundiera un video en redes sociales que exhibe las agresiones físicas sufridas en su hogar y en presencia de su hijo menor de edad.
El caso cobró una enorme relevancia pública desde el pasado 26 de junio, fecha en la que la víctima decidió romper el silencio mediante su canal de YouTube. A través de un video testimonial y un mensaje escrito, la científica expuso las agresiones cometidas por el excolaborador federal, señalando de forma contundente que el discurso oficialista sobre la equidad de género y la protección a las mujeres no se compaginaba con la realidad que ella vivía en el ámbito privado.
En el mensaje difundido en redes sociales, Jiménez Lavié detalló el infierno doméstico y las presiones institucionales que enfrentaba, denunciando que un alto mando del gobierno ejercía agresiones físicas en su contra. Asimismo, la doctora explicó que el temor a perder su empleo, su sustento económico, su vivienda y la propia custodia de sus descendientes —debido al peso político de Rodríguez Padilla en las altas esferas— la habían obligado a guardar silencio durante un largo periodo.
EL IMPACTO DE LAS AGRESIONES FILMADAS Y EL DAÑO A MENORES
La evidencia visual integrada a la carpeta de investigación muestra cómo los ataques físicos y verbales en contra de la mujer se ejecutaban frente al hijo de la pareja, un menor de edad. En las imágenes se observa el momento en que las agresiones escalan de tono, obligando al pequeño a huir aterrorizado hacia la zona de las escaleras de la residencia para ponerse a salvo, lo que expone el nivel de vulnerabilidad en el que se encontraba el entorno familiar.
Aunque la grabación que se volvió viral corresponde al 3 de marzo de este año, la especialista en Ingeniería Física Nuclear detalló ante los medios de comunicación que las conductas delictivas comenzaron formalmente desde el año 2022. En diversas entrevistas periodísticas, la afectada especificó que la violencia física era solo la punta del iceberg, ya que de manera sistemática era sometida a agresiones de carácter psicológico y a un estricto control económico para minar su autonomía.
La constante exposición a estos escenarios de hostilidad generó severas repercusiones en la salud emocional del hijo del matrimonio. De acuerdo con los dictámenes psicológicos recabados por las autoridades, el menor comenzó a manifestar afectaciones en su desarrollo cognitivo y social, llegando al extremo de replicar e imitar los patrones de conducta violentos de su padre en sus interacciones cotidianas con otras infancias y en su círculo familiar cercano.
ASÍ SE TIPIFICA LA VIOLENCIA VICARIA EN EL ESTADO DE MORELOS
Ante la gravedad del entorno, el fiscal general del estado de Morelos, Fernando Blúmenkron Escobar, confirmó desde la mañana de este miércoles que la institución añadiría formalmente el cargo de violencia vicaria al expediente del exdirector de la paraestatal. Este concepto legal sanciona penalmente a aquellos padres que instrumentalizan, manipulan o utilizan a las hijas e hijos como un mecanismo directo para continuar infligiendo daño, sufrimiento y control psicológico sobre la madre.
El marco legal vigente en la entidad federativa define con total claridad esta conducta delictiva en su legislación local. El ordenamiento estipula que incurre en violencia vicaria todo hombre que, habiendo tenido una relación de matrimonio o concubinato con una mujer, ejerza por sí mismo o mediante terceros la retención, ocultamiento, maltrato o puesta en peligro de los hijos con el objetivo explícito de separarlos de la madre, buscando dominarla o inducir un daño que pueda derivar en afectaciones patrimoniales, suicidio o feminicidio.
Bajo los preceptos de la ley morelense, el delito contempla una sanción base que va de los dos a los seis años de prisión. Sin embargo, el código penal prevé agravantes que pueden elevar la pena hasta en una tercera parte si los menores sufren daños físicos, o incrementarse hasta la mitad de la condena si la sustracción o retención ilegal afecta a infantes menores de doce años, abriendo también una ventana de reducción de la pena si el agresor decide restituir de forma voluntaria a las infancias con su madre.
Finalmente, las reformas legales no solo blindan a las víctimas, sino que ponen una lupa sobre el actuar de las autoridades. El marco normativo de Morelos advierte de manera punitiva que cualquier servidor público o personal de la fiscalía que intente dilatar, obstaculizar o entorpecer el proceso de investigación en estos casos será acreedor a penas que oscilan entre los tres y ocho años de cárcel, sumado a multas equivalentes a mil quinientos días, con el fin de evitar que el influyentismo de cualquier tipo interfiera en la impartición de justicia.
PUNTOS CLAVE DE LA NOTA
- Prisión preventiva: Una jueza de control dictó prisión preventiva justificada contra el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, por los delitos de violencia familiar y vicaria.
- Denuncia pública: El caso se judicializó luego de que su esposa, la doctora María Felicia Jiménez Lavié, difundiera un video el 26 de junio denunciando las agresiones y el presunto uso de influencias políticas por la cercanía del implicado con el gobierno federal.
- Afectación a menores: Las agresiones quedaron grabadas en video en presencia de su hijo menor de edad, quien según los reportes psicológicos ya manifestaba alteraciones en su desarrollo debido al entorno hostil.
- Tipificación del delito: La Fiscalía de Morelos, encabezada por Fernando Blúmenkron Escobar, imputó formalmente la violencia vicaria, delito enfocado en castigar a quienes usan a los hijos para dañar a las madres.
- Posibles condenas: Rodríguez Padilla podría enfrentar de dos a seis años de prisión, pena que puede incrementarse por agravantes relacionadas con la edad del menor, mientras que los funcionarios que entorpezcan el caso podrían recibir hasta ocho años de cárcel.
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