29/07/2026
LANOTA.MX.- La reciente presentación de los ordenamientos sobre los “Derechos de las Audiencias” ha levantado un muro de firme rechazo entre la industria de los medios de comunicación, partidos políticos de oposición y defensores de la libertad de expresión. Las organizaciones advierten que el marco legal impulsado por el Gobierno federal esconde una tentativa de control informativo, configurando un escenario de vulnerabilidad para concesionarios de radio, televisión y plataformas digitales.
El descontento se detonó tras el anuncio hecho por la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, respecto a los nuevos criterios normativos dentro de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. De acuerdo con las voces críticas, la exigencia de instaurar un código de ética formal, nombrar una defensoría de las audiencias y la supervisión en la veracidad periodística bajo la amenaza de penalizaciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) representan una injerencia desmedida del poder público en la labor informativa.
OPOSICIÓN Y SECTOR RADIODIFUSOR ADVIERTEN SOBRE RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA
Las expresiones de alarma no se hicieron esperar desde diversos sectores institucionales. En el Senado de la República, la propuesta fue calificada como una maniobra autoritaria, advirtiendo sobre el peligro de desmantelar los contrapesos democráticos en el país:
“Están siguiendo el manual del autoritarismo, de las dictaduras, en donde empiezan por supuestas causas buenas a debilitar cualquier tipo de contrapeso, a tener mucho control, demasiado poder, sin equilibrio, y entonces es cuando se vienen todos los excesos.”
A la par, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) manifestó su inquietud ante los vacíos técnicos del proyecto normativo y el eventual impacto negativo en la libertad editorial, señalando que:
“Hay temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir o definir con pulcritud.”
El sector industrial añadió que las penas financieras contempladas constituyen un esquema punitivo sin sustento técnico claro, catalogándolas como “sanciones al margen de la ley” que atentan directamente contra la viabilidad de las empresas periodísticas.
ORGANIZACIONES CIVILES RECHAZAN QUE EL ESTADO ASUMA EL CONTROL MORAL
Desde la sociedad civil organizada, la agrupación Artículo 19 cuestionó severamente que se intente tutelar la ética del periodismo desde las instituciones gubernamentales. Su director, Leopoldo Maldonado, enfatizó que la regulación no debe transformarse en una herramienta punitiva contra los medios de comunicación:
“Los derechos de las audiencias no son para castigar ni perseguir. El Estado no puede erigirse en un parámetro de veracidad, ni defensa moral.”
En cuanto al eventual alcance de este tipo de normativas hacia los canales digitales o las plataformas de redes sociales, la organización civil consideró peligroso pretender normar internet mediante mecanismos locales imprecisos:
“No se puede legislar sobre las rodillas, son temas muy complejos, y México es parte de un rompecabezas internacional, y la regulación requiere de esfuerzos internacionales.”
LA PRESIDENTA DESMANTELA SEÑALAMIENTOS Y DESCARTA CUALQUIER INTENTO DE CENSURA
Ante la embestida de críticas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó desde el salón Tesorería de Palacio Nacional para salir al paso de los señalamientos y deslindar a su administración de cualquier afán autoritario. En su conferencia de prensa matutina, la titular del Ejecutivo aseveró tajantemente:
“Esto es falso. Absolutamente falso. No hay censura, ni va a haber censura. Además, con acuerdo de la Cámara de Radio y Televisión, esa ley se aprobó dialogando con la Cámara, fue el esquema para garantizar el derecho de las audiencias. Entonces, es absolutamente falso que el objetivo del Gobierno sea censurar. Es garantizar los derechos de las audiencias.”
Buscando tranquilizar a los sectores no alcanzados por el proyecto, la Mandataria precisó que los medios impresos e internet quedan fuera de la normativa propuesta, acotando que:
“La prensa escrita no está incorporada en este proceso. Tendría, en todo caso, que revisarse si es necesario o no, las plataformas tampoco están en esta regulación y son temas que están también a discusión de la sociedad.”
DEBATE ABIERTO POR EL ESQUEMA DE SANCIONES Y LA PROMESA DE BLINDAJES
Respecto a la controversia suscitada por la capacidad punitiva de la CRT y las sanciones económicas, Sheinbaum reconoció que la fijación de castigos financieros es la arista más delicada de la propuesta, e invitó a participar en la deliberación pública:
“Hay un tema que tiene que ver con las multas. Por eso, se puso a consulta —que ya venía desde la ley— quién pone las multas, que es la parte más polémica. Por eso, se abre la consulta pública para discutir este tema de cómo se puede quejar la empresa si hay una sanción y quién pone la sanción. Esta es la parte que se está abriendo hoy a consulta. Pero, si se fijan, pues es sencillamente una persona en donde alguien se puede ir a quejar. Si no es verdad lo que pusiste, tiene que haber derecho de réplica del propio medio, a la persona, o tomar las medidas internas para decir: ‘a ver, esto que dijimos no es información, es una opinión’.”
Finalmente, para atajar las dudas sobre una posible persecución contra voces críticas o editoriales contrarias a su administración, la Jefa del Estado mexicano prometió blindajes procesales en la versión final de la norma:
“Habrá candados para que una crítica incómoda al Gobierno no pueda ser interpretada como una violación a la audiencia, pero ni siquiera es el Gobierno, son las audiencias, es el pueblo, es la gente; es la ciudadanía que pueda tener un espacio para decirle ‘oye, quiero mejorar el derecho a la información’. Se abre la consulta pública para que se pueda participar y se pueda llegar a los lineamientos de manera definitiva, que tienen que ver con el derecho a la información.”
PUNTOS CLAVE
- Rechazo generalizado: Organismos civiles como Artículo 19, partidos de oposición y la CIRT alertaron sobre un riesgo de regresión democrática y censura indirecta a través de los nuevos lineamientos de la Ley de Telecomunicaciones.
- Cuestionamiento a las sanciones: Los críticos denunciaron que autorizar a la CRT a imponer multas atenta contra la libertad de expresión y sitúa al Estado como un árbitro moral de la verdad.
- Deslinde presidencial: Claudia Sheinbaum negó rotundamente que se busque censurar y afirmó que la medida persigue únicamente la protección y garantía de los derechos de la ciudadanía frente a los contenidos.
- Alcance limitado: El Ejecutivo federal confirmó que el proyecto aplica solo a radio y televisión, descartando la inclusión de la prensa escrita y las redes sociales en el marco regulatorio actual.
- Consulta y protección: El esquema de multas permanecerá en consulta pública hasta el 21 de agosto, proceso en el cual la Presidenta prometió establecer “candados” jurídicos para evitar sanciones ante opiniones críticas hacia el Gobierno.
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