28/07/2026
LANOTA.MX.- Un nuevo caso de vulneración a los apoyos sociales encendió las alarmas en el norte del país, luego de que se hiciera pública la denuncia de la señora Esmeralda del Río, una beneficiaria de 77 años a quien le están sustrayendo sistemáticamente los recursos de su pensión sin que las autoridades correspondientes ofrezcan una solución.
La afección fue visibilizada por su hija, Reyna Sánchez, en el espacio informativo de la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula, donde detalló que acudió a las instalaciones de la institución financiera en Nuevo León para exigir una aclaración sobre los faltantes. La respuesta por parte del personal administrativo fue insólita: se le notificó de manera explícita que dentro del sistema figuraba la impresión de dos plásticos a nombre de la titular, justificando el hecho como un procedimiento interno del propio Banco del Bienestar.
DUPLICACIÓN DE TARJETAS Y RASTREO GEOGRÁFICO DE LAS ANOMALÍAS
Los registros de los estados de cuenta presentados por la familia confirman una inconsistencia geográfica alarmante. Mientras la afectada reside en la entidad neoleonesa, las disposiciones de efectivo no reconocidas se han estado ejecutando desde cajeros automáticos ubicados en Xalapa, Veracruz, lo que evidencia la duplicación de credenciales y la falta de controles de seguridad en la emisión de plásticos.
Frente a la inacción institucional, la familia afectada ha señalado que existen elementos técnicos suficientes para identificar a los responsables. Argumentan que el desglose de los movimientos bancarios, sumado al requerimiento formal de las grabaciones de las cámaras de seguridad en los cajeros automáticos, permitiría rastrear la identidad de quienes han cobrado el dinero.
A pesar de que se han remitido múltiples peticiones directas vía correo electrónico al delegado de la Secretaría del Bienestar en Nuevo León, Genaro Rodríguez Teniente, la respuesta ha sido el silencio. Hasta la fecha, las autoridades locales no han iniciado un protocolo de protección ni de restitución de los fondos para la adulta mayor.
DE UN CASO PARTICULAR A LA CRISIS ESTRUCTURAL EN EL BANCO DEL BIENESTAR
La situación que atraviesa la señora Esmeralda del Río no representa un hecho aislado, sino que se enmarca en un esquema recurrente de sustracción ilegal de recursos detectado desde 2023. Investigaciones periodísticas han documentado cómo la red de infraestructura bancaria gubernamental sufre de un “robo hormiga” orquestado desde el propio interior de la entidad financiera.
El problema adquiere dimensiones críticas al considerar que la vulnerabilidad proviene de los mismos trabajadores encargados de custodiar las cuentas. Resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirman la existencia de expedientes y sentencias contra personal del antiguo Bansefi —hoy Banco del Bienestar— por saquear los ahorros y pensiones de los usuarios.
EL MODUS OPERANDI INTERNO: CLAVES DE ACCESO Y RETIROS DISCRETOS
El esquema operativo para consumar el ilícito requiere necesariamente del uso de credenciales internas. Empleados con cargos de gerentes o auxiliares emplean sus llaves informáticas y contraseñas de acceso al sistema centralizado para manipular los registros de caja, otorgándose la facultad de gestionar cargos y abonos a discreción sobre las cuentas de los beneficiarios.
Una vez que vulneran la cuenta, los ejecutores realizan retiros intercalados por montos que oscilan entre los 500 y los 120 mil pesos. Para evitar alertas inmediatas en las auditorías y confundir a los cuentahabientes, ingresan de vuelta porcentajes menores del dinero sustraído, logrando que el ordeño de recursos se prolongue durante meses o incluso años si el usuario no detecta la anomalía.
CONSECUENCIAS LEGALES Y EL IMPACTO FINANCIERO DE LAS IRREGULARIDADES
El alcance de estas conductas ha sido tipificado por el TFJA como el delito de peculado, toda vez que servidores públicos aprovechan su posición para disponer de fondos estatales y de particulares sin la autorización de los titulares. Esta práctica ha derivado en la apertura de expedientes administrativos y penales contra decenas de presuntos responsables.
Hasta el momento, las investigaciones han derivado en la identificación de al menos 20 funcionarios involucrados de manera directa en las maniobras ilícitas. Como consecuencia de estos fallos en los sistemas de supervisión interna, el Banco del Bienestar ha tenido que reembolsar aproximadamente 24 millones de pesos por concepto de devoluciones a los usuarios que lograron acreditar las disposiciones no reconocidas.
La distribución geográfica de este problema abarca múltiples entidades del país. Los reportes por quebranto a cuentas de programas sociales concentran su mayor incidencia en estados como Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y el Estado de México.
La gravedad de la situación coincide con la bancarización masiva de los programas sociales, proceso que obligó a millones de adultos mayores a migrar de forma exclusiva a esta plataforma. Aunque la estrategia buscaba eliminar intermediarios, la falta de candados biométricos y de auditoría interna ha dejado desprotegidos a los sectores más vulnerables de la población.
Frente a este panorama, la legislación financiera contempla marcos punitivos severos. La Ley de Instituciones de Crédito establece que el personal bancario que utilice sus accesos autorizados para sustraer fondos de las cuentas de los clientes incurre en un delito federal sancionable con penas de siete a 15 años de prisión.
PUNTOS CLAVE
- Denuncia puntual: Esmeralda del Río (77 años) sufre la sustracción de su Pensión Bienestar en Nuevo León mediante la emisión no autorizada de dos tarjetas a su nombre.
- Ubicación del fraude: Los retiros no reconocidos se realizan en cajeros de Xalapa, Veracruz, sin que el delegado en Nuevo León, Genaro Rodríguez Teniente, haya dado respuesta a las denuncias.
- Mecanismo del fraude: Empleados y gerentes del Banco del Bienestar utilizan sus claves de sistema para realizar retiros de entre 500 y 120 mil pesos, regresando fracciones del dinero para camuflar el robo.
- Sanciones y pérdidas: El TFJA ha determinado la comisión del delito de peculado; la institución ha debido reembolsar cerca de 24 millones de pesos y existen al menos 20 funcionarios identificados.
- Estados afectados: El modus operandi abarca principalmente a Chiapas, CDMX, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Estado de México.
- Marco legal: La Ley de Instituciones de Crédito castiga el robo de fondos por parte de empleados bancarios con penas de 7 a 15 años de cárcel.
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