Por Esteban Rodríguez
13/10/2026
LANOTA.MX.- El dinero destinado a garantizar las jubilaciones de los trabajadores del Ayuntamiento de Mérida terminó involucrado en operaciones financieras que hoy plantean más preguntas que respuestas. De un fondo que en octubre de 2024 sumaba más de 1,300 millones de pesos, al menos 134 millones 875 mil pesos estaban colocados en instrumentos de deuda privada cuyos emisores habían incumplido sus obligaciones. No se trataba, según la información municipal, de recursos declarados definitivamente perdidos, sino de inversiones cuya recuperación sería complicada.
El Sistema Individual para el Retiro y Jubilación Municipal (SIRJUM) busca esclarecer el manejo de esos recursos. El 27 de agosto de 2024, el Ayuntamiento presentó una demanda mercantil contra Bursamétrica Casa de Bolsa por posibles daños patrimoniales; también se dio a conocer una denuncia penal relacionada con el manejo del fideicomiso. La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) documentó que inicialmente no contó con información indispensable para revisar exhaustivamente las operaciones.
A las interrogantes financieras se suma la reserva por cinco años de registros y documentos vinculados con el SIRJUM, aprobada por la autoridad municipal con el argumento de proteger una investigación del Ministerio Público. Esa clasificación dificulta reconstruir públicamente la ruta de las inversiones.
El cambio de Banamex a Bursamétrica fue aprobado en junio de 2021, cuando Alejandro Ruz Castro ocupaba interinamente la alcaldía y Renán Barrera Concha se encontraba de licencia para buscar la reelección. La sustitución había comenzado a tramitarse durante la administración de Barrera. Las actas del Comité Técnico, los acuerdos del Cabildo y las instrucciones de inversión son claves para determinar qué funcionarios participaron en las decisiones y qué responsabilidades podrían corresponderles.
LA APUESTA “INEXPLICABLE”
Hasta junio de 2021, el SIRJUM, un fideicomiso creado para administrar las aportaciones de los empleados del ayuntamiento y alimentado también con captaciones del propio municipio, para garantizar con ellas el pago futuro de jubilaciones, incapacidades y pensiones, fue objeto de una decisión inesperada.
Por casi dos décadas, desde el 17 de mayo de 2002, el fondo del SIJUM había sido administrado por Banamex, pero en la segunda parte de 2020, el ayuntamiento, encabezado por el entonces panista Renán Barrera Concha, intensificó charlas con los ejecutivos de Bursamétrica Casa de Bolsa, para hacer la transferencia.
En su articulado, el “Convenio de Sustitución”, el poder de este medio declaró:
“El Comité Técnico en su Sesión Ordinaria celebrada el 7 de diciembre del 2020, mediante el acuerdo No. VII (siete romano) de la Orden del Día, autorizó llevar a cabo la Sustitución Fiduciaria de El FIDEICOMISO SIRJUM, mediante la celebración del presente CONVENIO, lo cual se acredita con la certificación del acuerdo correspondiente que se adjunta al presente instrumento como Anexо E. (…) Con fecha 11 de Diciembre del año 2020, el Comité Técnico de EL FIDEICOMISO SIRJUM, notificó al Fiduciario Sustituido el acuerdo tomado por el Comité Técnico en la sesión citada en el Antecedente inmediato anterior, debidamente certificado para su ejecución”.
Ante la proximidad de las elecciones de 2021, Barrera Concha solicitó, el 8 de abril de 2021, licencia para separarse del cargo de presidente municipal, para buscar la reelección al mismo puesto. Dejó en sus lugar, como alcalde sustituto, a su empleado de mayor confianza y lealtad, que hasta entonces había sido su Secretario Municipal, Alejandro Ruz Castro.
Cinco semanas después, el 15 de junio, el cabildo aprobó la operación, y Ruz Castro concretó los acuerdos con Bursamétrica, que fueron suscritos el 17 de junio de 2021, justo cuando la pandemia de Covid 19 mantenía a la mayor parte del personal del ayuntamiento en confinamiento. Por la entidad bursátil suscribió el convenio Flor de María Kupfer Domíguez.
Así, más de mil millones de pesos de dinero fresco pasaban a disponibilidad de Bursamétrica, una entidad que ya había entrado en una vorágine de decisiones cuestionables y desprestigio.
LA APROBACIÓN
El 6 de junio de 2021, Renán Barrera fue reelecto por segunda vez, es decir, ganaba un tercer periodo al frente de la alcaldía. Permanecía formalmente separado del ayuntamiento, pero regresó a la presidencia municipal el 22 de julio y Alejandro Ruz volvió a ocupar la Secretaría Municipal.
Con Bursamétrica administrando el fideicomiso comenzó también una nueva etapa en el manejo de las inversiones. El 14 de septiembre de 2021, el Comité Técnico del SIRJUM aprobó una política para la administración de los recursos. Parte del dinero terminó colocada en instrumentos de deuda privada, pero algunos de esos instrumentos carecían de mercado secundario, lo que dificultó su venta para recuperar el capital, y varios de los emisores terminaron incumpliendo sus obligaciones. Las señales de que algo no marchaba bien aparecieron antes de que el caso se hiciera público.
Cuando la Auditoría Superior del Estado de Yucatán revisó la Cuenta Pública 2023 del SIRJUM encontró que no tenía a la vista documentos indispensables para reconstruir cómo se habían manejado las inversiones.
La ASEY señaló que inicialmente no le fueron proporcionadas las reglas de operación actualizadas del sistema, la política de inversión aprobada por el Comité Técnico, las actas correspondientes, las instrucciones para comprar, vender o sustituir valores ni la documentación que permitiera acreditar las operaciones realizadas por Bursamétrica.
La ausencia de esa información llevó al organismo fiscalizador a señalar que no podía realizar una revisión exhaustiva de las operaciones efectuadas por la fiduciaria.
Al cierre de 2023, el contrato de intermediación bursátil administrado por Bursamétrica registraba una minusvalía acumulada de 58 millones 190 mil 95 pesos con 59 centavos. La observación de la auditoría sería posteriormente solventada mediante documentación entregada por el Ayuntamiento, pero el dato financiero permanecía: al terminar 2023 el fondo ya registraba una minusvalía superior a 58 millones de pesos.
LA CLASIFICACIÓN
Durante 2024 comenzaron a hacerse públicos los problemas para recuperar algunas de las inversiones realizadas con el dinero de los trabajadores. Para entonces Renán Barrera había dejado nuevamente la alcaldía, ahora en busca de la gubernatura y, otra vez, Alejandro Ruz ocupaba su lugar.
El 27 de agosto de 2024, el Ayuntamiento presentó una demanda mercantil contra Bursamétrica por los posibles daños patrimoniales ocasionados al fideicomiso (Carpeta de investigación 29/2024/DE/2024). Días después también se hizo pública la presentación de una denuncia penal relacionada con el manejo de los recursos.
Cuando comenzaron a solicitarse los documentos para conocer qué había sucedido con el dinero, el Ayuntamiento decidió cerrar el acceso a la información.
Mediante el Acuerdo de Reserva SM/01/0224, la Secretaría Municipal clasificó como reservados los registros, archivos, medios electrónicos y cualquier información relacionada con el SIRJUM a partir de la formalización del convenio mediante el cual Bursamétrica sustituyó a Banamex. La reserva fue establecida por un periodo de cinco años.
El argumento del Ayuntamiento fue que la documentación estaba relacionada con una investigación del Ministerio Público y que hacerla pública podía afectar el debido proceso. La clasificación podría levantarse antes, pero únicamente si desaparecía la causa que había dado origen a la reserva. El Comité de Transparencia del propio Ayuntamiento confirmó posteriormente la decisión.
Así, mientras se intentaba determinar qué había ocurrido con 1,200 millones de pesos pertenecientes al fondo de retiro de los trabajadores municipales, buena parte de los documentos necesarios para reconstruir las operaciones quedó fuera del alcance público.
El 3 de octubre de 2024, durante la instalación del Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, funcionarios municipales informaron que los tres fondos que integraban el SIRJUM sumaban mil 300 millones 377 mil 214 pesos. También revelaron qué había ocurrido con una parte del dinero.
Bursamétrica había colocado recursos del fideicomiso en instrumentos de deuda privada que no tenían mercado secundario y algunos de ellos habían caído en incumplimiento desde finales de 2023. El monto identificado en esa condición era de 134 millones 875 mil pesos.
No eran todavía declarados definitivamente perdidos. Eran inversiones en títulos privados cuyos emisores habían incumplido y cuya recuperación, reconocieron las propias autoridades municipales, sería complicada.
La nueva administración municipal decidió posteriormente retirar los recursos de Bursamétrica y trasladarlos a BBVA, mientras la Contraloría inició una revisión de los procedimientos y actos administrativos relacionados con el manejo del fideicomiso.
Bursamétrica administraba los recursos, pero el fideicomiso no funcionaba solo, existía un Comité Técnico encargado de su administración y seguimiento, en el que participaban funcionarios municipales, regidores y representantes de los trabajadores.
Entre la llegada de Bursamétrica en junio de 2021 y la demanda presentada contra la misma empresa en agosto de 2024 transcurrieron más de tres años, treinta y ocho meses. Durante ese tiempo se generaron estados de cuenta, reportes de inversión, sesiones del Comité Técnico, instrucciones de compra, valuaciones de cartera e información sobre el comportamiento de los instrumentos adquiridos.
Documentos que ahora resultan todavía más importantes porque una parte de la información necesaria para reconstruir ese periodo quedó clasificada como reservada hasta por cinco años.
LOS EXPEDIENTES SUCIOS
Ya en 2019, la CNBV detectó operaciones ilegales de Bursamétrica Casa de Bolsa, que consistía en la intermediación con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores (RNV). La violación a la ley era aún más grave porquen involucraba a uno de los caso más emblempaticos de corrupción, que rebasaría los 15 mil millones de desfalco a las arcas públicas: el caso Segalmex.
De acuerdo con la CNBV, Bursamétrica colocó certificados bursátiles emitidos por CIbanco, una entidad que en 2025 sería colocada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bajo sospecha de blanqueó de activos provenientes de actividades ilícitas.
La intermediación de Bursamétrica se había efectuado por contratación de Corafi, y Segalmex era titular de 700 millones de pesos en dichos bonos. No era un caso menor, pues Segalmex, al ser una entidad pública, se hallaba impedida a invertir en bonos privado. Completados sus procesos de investigación, la CNBV sancionó, en 2022, a Bursamétrica, con 6.3 millones de pesos.
No fue el único “detalle” que cargaba Bursamétrica. El año pasado, se destapó otra perla de la entidad de inversión especulativa. La Fiscalía General de la República, la CNBV y la Secretaría Anticorrupción, emprendieron una investigación (Carpetas FED/FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX-0000269/2023, y FED/COC/UEIDFF-CDMX/0002415/2023) por un supuesto fraude que alcanza 1 mil 350 millones de pesos procedentes de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, que también habrían destinado dinero a la especulación financiera.
El antecedente de otras investigaciones sobre Bursamétrica plantea preguntas adicionales sobre los criterios utilizados para seleccionar a la institución y vigilar las inversiones del SIRJUM. No se ha acreditado en este texto que el caso de Mérida forme parte de los expedientes federales mencionados.
Por otro lado, en julio del año pasado, se difundió en medios la versión de que el presidente de Bursamétrica Casa de Bolsa, Ernesto O’farril Santoscoy, era investigado por el SAT debido a operaciones que habría efectuado con Optimización Dalga y Sófocles Servicios y Administración, la cuales se hallan en la lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).
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