16/10/2026
LANOTA.MX.- A un año y medio del trágico colapso de una estructura decorativa en el Parque Bicentenario que cobró la vida de los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) formalizó la imputación penal contra ocho personas físicas y tres personas morales por el delito de homicidio culposo.
En una maratónica audiencia inicial iniciada en los juzgados del Reclusorio Norte, el Ministerio Público formuló los cargos formales derivados del fatídico accidente ocurrido la tarde del 5 de abril de 2025 durante la edición del festival Axe Ceremonia.
La acusación penal abarca a María del Pilar “N” (quien fungió como responsable oficial de protección civil del evento), junto con Eduardo “N”, Marcos Francisco “N”, Martín “N”, María “N”, Nathalie “N”, Rodrigo Napoleón “N” y Pedro “N”.
A esta nómina se suman tres empresas estratégicas del conglomerado vinculado a la producción y logística del festival: Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. (Ocesa), Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V. y la firma encargada de la producción de la escenografía.
El expediente penal elaborado por la representación social reúne más de 120 entrevistas, peritajes técnicos en ingeniería, inspecciones oculares y análisis de videograbaciones que sustentan una omisión en tres frentes: la falla en la operación de la maquinaria pesada, la negligencia logística en la producción y la falta de supervisión en materia de protección civil.
De acuerdo con las indagatorias, las grúas de elevación utilizadas como soportes de la decoración colapsada fueron ingresadas e instaladas de manera irregular el mismo día del festival, inmediatamente después de que las autoridades capitalinas concluyeran las inspecciones formales del recinto sin que la maquinaria figurara en los planes autorizados.
PRIMERA VINCULACIÓN A PROCESO Y MEDIDAS CAUTELARES PARA LOS IMPUTADOS
Tras desahogarse la primera fase de las audiencias, el juez de control resolvió la vinculación a proceso de María del Pilar “N” por el delito de homicidio culposo en agravio de Miguel Ángel Rojas Hernández. Al tratarse de un delito no grave que no contempla la prisión preventiva oficiosa, la imputada enfrentará su procedimiento penal en libertad, sujeta a la obligación de firma periódica bimestral y la prohibición expresa de acercarse a los familiares de las víctimas, otorgándose un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
En el caso de los otros siete imputados físicos y las tres empresas señaladas, la defensa legal solicitó la duplicidad del plazo constitucional de 144 horas para diferir la resolución de su situación legal. Ante esta petición, el juzgador fijó como medida cautelar preventiva la presentación periódica ante la autoridad penal y la prohibición de comunicarse o acercarse a las víctimas indirectas, mientras que a las tres personas morales se les impuso la exhibición de una garantía económica por 500 mil pesos a cada una.
La audiencia continuará este domingo 18 de octubre, momento en que el juez decidirá si existen elementos suficientes para vincular a proceso al resto del grupo.
El avance en los tribunales se produce en un clima de tensión social y denuncias de impunidad. Durante los meses transcurridos desde el colapso, colectivos de fotoperiodistas, organizaciones de derechos humanos y los familiares de los comunicadores han exigido justicia, manifestándose en los juzgados civiles para impedir que las maniobras dilatorias o los vacíos legales frenen la acción de la justicia contra los organizadores y las empresas involucradas.
EL ANTECEDENTE EN EL PARQUE BICENTENARIO Y EL RECLAMO DE LAS FAMILIAS
La tragedia de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas reabrió el debate sobre los esquemas de seguridad y las condiciones de precariedad laboral en las que trabajan los medios de comunicación y su personal en eventos masivos. El fallecimiento de ambos reporteros gráficos por las severas lesiones causadas por el impacto de la estructura puso bajo la lupa los mecanismos de supervisión en espectáculos privados de gran escala.
Por su parte, los asesores jurídicos y familiares de las víctimas han mantenido una postura firme para garantizar que el proceso judicial llegue hasta sus últimas consecuencias, buscando sentar un precedente para la industria del entretenimiento y la protección de los trabajadores de la prensa. Asimismo, la Fiscalía capitalina reiteró que continuará impulsando las diligencias con estricto apego al debido proceso, con el objetivo de esclarecer las responsabilidades penales de cada uno de los implicados.
Bajo el principio constitucional de presunción de inocencia estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, todas las personas físicas y morales mencionadas se consideran inocentes en tanto no exista una sentencia firme emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente.
PUNTOS CLAVE
- Imputación Formal: La FGJCDMX acusó formalmente a ocho personas físicas y tres empresas (incluidas Ocesa y Servicios de Protección Privada Lobo) por el delito de homicidio culposo tras la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas en el festival Axe Ceremonia.
- Primera Vinculación a Proceso: María del Pilar “N”, responsable del Programa de Protección Civil del evento, fue vinculada a proceso por homicidio culposo y enfrentará la investigación en libertad con medidas cautelares.
- Medidas a Personas Morales: A las tres empresas imputadas en la causa se les impuso la exhibición de una garantía económica de 500 mil pesos a cada una.
- Fallas en la Grúas: La fiscalía determinó que la estructura decorativa que colapsó utilizaba grúas de elevación no contempladas en el plan de protección civil aprobado, colocadas tras finalizar las inspecciones en el Parque Bicentenario.
- Audiencia Decisiva: Siete personas físicas y las tres empresas solicitaron la duplicidad del término constitucional de 144 horas; la audiencia se reanudará este domingo 18 de octubre para definir su vinculación a proceso.
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