21/10/2026
LANOTA.MX.- Las detenciones de presuntos generadores de violencia no han logrado resolver el fondo de la crisis que rodea a la tragedia de los mineros de Concordia, Sinaloa.
A casi nueve meses de que diez trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver fueran privados de la libertad, los familiares de las víctimas denunciaron que las investigaciones permanecen estancadas entre la secrecía ministerial y la falta de requerimientos formales a la firma transnacional.
En un comunicado formal dirigido al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, los deudos solicitaron que los interrogatorios a los recientes detenidos se orienten a la localización del ingeniero Francisco Antonio Esparza Yáñez, el único trabajador cuyo paradero no ha sido determinado.
El pronunciamiento se da tras la aprehensión en Mazatlán y El Rosario de Jesús Abraham “N”, alias “El Talibán”, presunto operador de una célula vinculada a Los Chapitos, junto con cuatro personas más.
Con estas capturas suman 11 las personas procesadas por su presunta relación con los hechos. Sin embargo, los familiares señalaron que la acumulación de aprehensiones no se ha traducido en información precisa sobre la mecánica del delito ni sobre la ubicación del ingeniero desaparecido.
RECURREN AL RECLUSORIO NORTE: LLEVAN A LA FGR ANTE UN JUEZ DE CONTROL POR OMISIONES
Ante la falta de avances en las diligencias a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la representación legal de las víctimas, encabezada por el abogado Odracir Espinoza, solicitó la intervención del Poder Judicial de la Federación.
El equipo jurídico promovió una audiencia de control judicial ante un Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, con el fin de que se revisen las presuntas negligencias y omisiones del Ministerio Público Federal en la integración de la carpeta de investigación.
Los promoventes fundamentan el recurso en la ausencia de resultados claros tras la localización de los restos de nueve de los mineros en fosas clandestinas de la comunidad de El Verde. Sostienen que la Fiscalía General de la República ha limitado sus informes a la presentación de las detenciones, omitiendo el esclarecimiento del grado de participación de los imputados.
“Nos parece imposible que a 8 meses de la tragedia en la que nueve de nuestros familiares resultaron secuestrados y asesinados… además de la detención de al menos 11 personas relacionadas con el hecho delictivo, las autoridades no sean capaces de proporcionar mayor información”, manifestaron los familiares en su escrito.
REQUERIMIENTO A VIZSLA SILVER: DEMANDAN INFORMACIÓN OPERATIVA Y MAPAS DE RIESGO
La exigencia de los familiares abarca también el deslinde de responsabilidades de la empresa Vizsla Silver Corp., que opera en la zona mediante su filial Minera Canam. Los afectados señalaron que la corporación no ha entregado la totalidad de los insumos técnicos y operativos que permitan reconstruir las condiciones de seguridad en las que laboraba el personal.
Entre la documentación solicitada a la Fiscalía para que sea requerida a la minera figuran las bitácoras de operación, los planes de evaluación de riesgo, los registros de geolocalización por GPS de las unidades, así como las grabaciones del sistema de videovigilancia correspondientes a la fecha de los hechos. Los deudos consideran indispensable determinar si la empresa cumplía con los estándares de protección.
“Hacemos patente un reclamo ante la falta de respuesta a nuestra petición para que Vizsla Silver hiciera entrega de documentos, bitácoras, protocolos de riesgo, registros de GPS, filmaciones de las cámaras de vigilancia y todo aquello que ayude a dilucidar lo que aconteció”, indica el documento dirigido a las autoridades federales.
LA LOCALIZACIÓN DEL INGENIERO ESPARZA Y EL DESLINDE LEGAL COMO PRIORIDADES
El caso mantiene como aspecto central la búsqueda del ingeniero Francisco Antonio Esparza Yáñez, de 65 años, quien se desempeñaba como enlace comunitario de la minera en el municipio de Concordia. La falta de noticias sobre su paradero mantiene abierta la indagatoria desde el aspecto humano y legal.
Las familias manifestaron que darán seguimiento a los procedimientos judiciales iniciados e insistieron en que el expediente no debe darse por concluido con los informes de detenciones, sino hasta que se establezca la ubicación del ingeniero Esparza y se determine la responsabilidad legal de los actores involucrados, tanto en el ámbito penal como en el corporativo.
PUNTOS CLAVE
- Petición a mandos federales: Familiares de las víctimas solicitaron formalmente a la SSPC y a la FGR profundizar los interrogatorios a los detenidos para dar con la ubicación del ingeniero Francisco Antonio Esparza Yáñez.
- Estado de las detenciones: A pesar de la aprehensión de Jesús Abraham “N”, alias “El Talibán”, y cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo (sumando 11 procesados), las autoridades no han precisado el móvil del delito ni la localización del trabajador faltante.
- Acción judicial promovida: La defensa de las víctimas interpuso un recurso de control judicial en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México para someter a revisión la actuación del Ministerio Público de la FEMDO.
- Solicitud de información a Vizsla Silver: Exigen que la FGR requiera a la empresa minera la entrega de bitácoras, registros de GPS, protocolos de riesgo y grabaciones de seguridad para deslindar responsabilidades operativas.
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