20/10/2026
LANOTA.MX.- Considerado por las fuerzas de inteligencia federales como el principal engrane político que abrió las puertas del Istmo de Tehuantepec al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Miguel Sánchez Altamirano, alias “El Quetu”, pasó de ser el todopoderoso exalcalde de Juchitán de Zaragoza postulado por Morena a un reo más en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Acusado de poner la estructura municipal, la policía municipal y el cobro de piso al servicio de la célula criminal “Los Cromos”, su caída no solo expuso la infiltración del narco en la administración pública oaxaqueña, sino también un botín financiero de 105.3 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) vio esfumarse entre facturas opacas, nóminas fantasma y contratistas compadres durante sus tres años de gobierno.
El asunto no es menor, porque revela cómo la penetración del crimen organizado en los ayuntamientos suele caminar de la mano con el colapso sistemático de los controles financieros.
Antes de que las fuerzas federales aseguraran el armamento de la policía local por falta de garantías de seguridad, la ASF ya había documentado una estela de irregularidades que acumuló 105.3 millones de pesos pendientes por aclarar durante la primera gestión del edil.
Los informes del órgano fiscalizador exponen problemas concretos en las Cuentas Públicas de 2022, 2023 y 2024: desde nóminas de seguridad pública pagadas a la sombra sin comprobantes fiscales, hasta contratos de arrendamiento de maquinaria cuyas obras jamás pudieron ser localizadas en el mapa, pasando por servicios de impresión sin evidencia de entrega y licitaciones donde empresas supuestamente competidoras estaban ligadas por los mismos socios.
Aunque las observaciones administrativas no prueban por sí solas un desvío hacia las arcas de la delincuencia organizada, la coincidencia entre la opacidad presupuestal y la pérdida de control territorial resulta perturbadora para la gobernabilidad del estado gobernado por Salomón Jara, quien ya solicitó la desaparición de poderes en el municipio.
MAQUINARIA FANTASMA POR 11.3 MDP Y SOCIOS COMPARTIDOS
En la revisión de las participaciones federales correspondientes al ejercicio 2023, la ASF examinó un paquete de siete contratos municipales por un total de 16.1 millones de pesos.
De esa bolsa, cuatro contratos destinados al alquiler de maquinaria pesada para construcción devoraron 11 millones 388 mil 700 pesos bajo las claves MJZ/R28/043/001/2023 (por 4.4 MDP), MJZ/R28/043/003/2023 (por 2.2 MDP), MJZ/R28/043/004/2023 (por 2.3 MDP) y MJZ/R28/043/005/2023 (por 2.4 MDP).
La anomalía central detectada por los auditores fue la absoluta falta de evidencia documental: el Ayuntamiento de Juchitán no presentó reportes de trabajo, bitácoras de operación ni la ubicación de las obras donde supuestamente trabajó el equipo.
La ausencia de este soporte impidió comprobar el destino real de los recursos federales.
Para colmo, la investigación reveló un patrón de simulación: en tres de esos contratos de maquinaria —que sumaron 6.9 millones de pesos— participaron y ganaron compañías que compartían socios y asociados en común.
La ASF promovió acciones de responsabilidad administrativa al considerar que esta relación configuró una ventaja indebida en las adjudicaciones.
Asimismo, en el mismo paquete de 2023 se detectó el contrato MJZ/R28/043/013/2023, por 750 mil pesos, para la impresión de documentos oficiales y gacetas, del cual tampoco se entregó evidencia de los materiales reproducidos ni las constancias fiscales de los proveedores, acumulando un pliego de observaciones general por 14.7 millones de pesos en ese rubro.
NÓMINAS POLICIALES EN LA PENUMBRA Y UN BOQUETE DE 41.5 MDP EN 2024
El desorden administrativo tocó fibras sensibles en el rubro de la seguridad pública.
En la Cuenta Pública 2022, la ASF observó 48 millones 973 mil 502 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) destinados al pago de elementos policiales.
El municipio no entregó plantillas autorizadas, listas de raya ni Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que acreditaran que el dinero llegó a manos del personal conforme a tabulador.
La historia de opacidad se repitió en la revisión de 2024, dejando otros 41.5 millones de pesos en el limbo presupuestal.
Entre los expedientes señalados destacan 8 millones 28 mil pesos repartidos en cuatro contratos: el MJZ/R28/005/2024 para arrendamiento de maquinaria, el MJZ/R28/033/2024 para suministros médicos sin registro de ingreso a almacén, y los contratos MJZ/R28/013/2024 y MJZ/R28/027/2024 para servicios de asesoría contable y auditoría de los cuales no existen minutas ni reportes de entregables.
QUIÉN ES MIGUEL SÁNCHEZ ALTAMIRANO
Conocido en la región del Istmo como “El Quetu”, Sánchez Altamirano consolidó su carrera política bajo el cobijo de Morena hasta alcanzar la presidencia municipal de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza.
Sin embargo, los reportes de inteligencia federal lo identifican como el presunto protector de “Los Cromos”, brazo operativo del CJNG dedicado al cobro de piso, la extorsión agravada, el narcomenudeo y el tráfico de migrantes en la zona.
Capturado el pasado 23 de septiembre de 2026 en el marco del Operativo Enjambre desplegado por la SEMAR, la FGR, la SSPC y la fiscalía estatal, “El Quetu” fue trasladado bajo estricto resguardo militar al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez.
El 29 de septiembre fue vinculado a proceso penal por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió al congelamiento de sus cuentas bancarias.
Con el exalcalde encarcelado y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, la duda pendiente radica en reconstruir la ruta de los 105.3 millones de pesos observados por la ASF para determinar qué funcionarios autorizaron las transferencias y si las deficiencias contables escondían un mecanismo financiero al servicio del crimen organizado.
PUNTOS CLAVE
- Perfil criminal y caída: Miguel Sánchez Altamirano, “El Quetu”, pasó de edil de Morena en Juchitán de Zaragoza a estar recluido en el penal de El Altiplano, vinculado a proceso por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado al ser señalado como protector del grupo “Los Cromos” del CJNG.
- Monto acumulado bajo la lupa: La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó observaciones por 105.3 millones de pesos sin aclarar en las Cuentas Públicas 2022, 2023 y 2024.
- Maquinaria fantasma y simulación: Se observaron 11.3 MDP en arrendamiento de maquinaria pesada sin bitácoras ni ubicación de obra, además de licitaciones por 6.9 MDP adjudicadas a empresas con socios en común.
- Nóminas opacas en seguridad: La ASF emitió un pliego por 48.9 MDP en 2022 por pagos a la policía municipal sin CFDI, listas de raya ni plantillas autorizadas.
- Comprobaciones faltantes en 2024: Se requirió justificar 8.2 MDP en contratos de asesorías contables, insumos médicos y maquinaria que carecen de actas de entrega-recepción o reportes de servicios.
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