26/10/2026
LANOTA.MX.- En un giro institucional sin precedentes, Guadalupe Taddei Zavala presentó su dimisión a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).
La renuncia se formalizó tras semanas de crecientes cuestionamientos que pusieron al descubierto una compleja red de adjudicaciones irregulares, la presencia de “choferes fantasma” en la nómina y supuestos nexos de complicidad con proveedores estratégicos del organismo, todo esto en pleno desarrollo del Proceso Electoral Federal 2026-2027.
El desenlace de esta crisis ocurrió luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ratificara una investigación formal por irregularidades contractuales que ascienden a 514 millones de pesos.
Las pesquisas se centran en contrataciones otorgadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas, destacando el caso de Corporativo Zeg.
Esta compañía, con una plantilla reportada de apenas cinco empleados, obtuvo asignaciones por 184 millones de pesos y desvió 167 millones hacia cuatro empresas vinculadas, en lo que las autoridades califican como una sistemática triangulación de recursos.
EL ORIGEN DE LA RED: DE LOS ORGANISMOS ESTATALES AL INE
Las anomalías detectadas en la gestión federal no son recientes; su historial se remonta a la trayectoria de Taddei al frente del Instituto Electoral de Sonora (2014-2021).
En aquel periodo, el órgano sonorense adjudicó un contrato de 46.8 millones de pesos a la firma Cajas Graf, representada por los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
El modelo de contratación se replicó en otras entidades.
El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua asignó a la misma empresa más de 33.8 millones de pesos mediante una licitación donde solo compitieron dos compañías del mismo consorcio.
Quien encabezaba el órgano chihuahuense en ese momento, Claudia Arlett Espino, se integró posteriormente al equipo de Taddei en el INE como secretaria ejecutiva, cargo que ocupó hasta su dimisión en septiembre pasado.
A este esquema se suma el estado de Oaxaca, donde en 2024 la entonces funcionaria local Iliana Araceli Hernández Gómez asignó 32.4 millones de pesos a Corporativo Zeg, antes de incorporarse también a la Unidad Técnica de Igualdad de Género del INE.
“No vamos a claudicar ante presiones, descalificaciones ni ataques; tampoco vamos a abandonar nuestras responsabilidades para entrar en disputas personales”, aseveró Taddei días antes de dimitir.
MANEJO PATRIMONIAL, CHOFERES DE LUJO Y VÍNCULOS OCULTOS
A los cuestionamientos por adjudicaciones se sumaron presuntas faltas a la transparencia presupuestal.
Investigaciones periodísticas revelaron que Jonathan Navarrete Torres, registrado como chofer del instituto con un sueldo mensual de 45,765 pesos, ostentaba desde 2023 un poder legal de Corporativo Zeg, omisión que ocultó en su declaración patrimonial.
Asimismo, personal del INE denunció la inasistencia habitual del trabajador a sus labores.
Paralelamente, se documentó el caso de Luis Alberto Bustamante Canizales, colaborador cercano de la expresidenta desde su gestión en Sonora.
Aunque figuraba en nómina como “líder de proyecto” con una percepción de 69,890 pesos mensuales, desempeñaba labores de asistencia personal y traslado vehicular.
Sobre estas irregularidades en el equipo de trabajo y el uso no esclarecido de una camioneta BMW X5 blindada prestada por terceros, la consejera reconoció la colaboración de su personal pero omitió profundizar en la relación jurídica con los proveedores.
FIESTAS CON CONTRATISTAS Y EL POLÉMICO VIDEO EN PARÍS
La presión pública y mediática se intensificó tras la difusión de registros gráficos que vinculaban directamente a la familia de la funcionaria con los proveedores investigados.
Imágenes filtradas mostraron la participación del contratista Hernández Casillas en celebraciones personales de la consejera y en festejos oficiales por la adjudicación de contratos millonarios, como el otorgado a Cosmocolor por 1,173 millones de pesos para la elaboración de la credencial para votar.
El escándalo escaló a nivel internacional tras revelarse un video grabado en una suite de lujo en París —con un costo estimado de 200 mil pesos por noche—, donde se observa al empresario Hernández Casillas acompañando al hijo de la funcionaria, Jorge Francisco Piñeda Taddei.
“París a tus pies, chamaquito”, le expresa el contratista al joven en la grabación que circuló ampliamente en redes sociales y medios informativos.
INVESTIGACIONES FISCALES Y FISCALIZACIÓN EN CURSO
Ante la gravedad de los hallazgos, la ASF abrió un expediente de oficio por presunto uso indebido de recursos públicos, colusión y triangulación de fondos, medida que abarca tanto al INE como a los órganos locales e involucrados.
De forma paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de Corporativo Zeg y Cajas Graf, mientras que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) mantiene abierto un proceso por posibles prácticas monopólicas.
Previo a la renuncia de la titular, la autoridad electoral removió de sus cargos a varios mandos ejecutivos y administrativos de primer nivel, remitiendo los expedientes al Órgano Interno de Control (OIC).
Este último ya había notificado previamente irregularidades graves, tales como la entrega de documentación alterada durante las auditorías correspondientes al ejercicio 2026.
EL PROCESO LEGISLATIVO Y LA RUTA CONSTITUCIONAL PARA EL RELEVO
La salida definitiva de la consejera presidenta activa de inmediato un procedimiento regulado de forma simultánea por el Artículo 41 de la Constitución Política y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
Dado que el Proceso Electoral Federal 2026-2027 se encuentra en desarrollo, el mecanismo opera en dos fases de actuación inmediata.
En primera instancia, el Consejo General del INE convocará a una sesión urgente donde las y los 10 consejeros restantes deberán elegir de entre ellos a una Presidencia Provisional.
Esta figura asumirá de forma interina la conducción operativa del órgano electoral, sin que ello signifique una designación permanente o la pérdida de su función como consejero electoral.
Por otra parte, la facultad exclusiva para nombrar a la persona titular definitiva recae en la Cámara de Diputados.
El proceso parlamentario contempla una ruta que, según estimaciones de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), tomará entre cuatro y cinco semanas:
- Formalización de la vacante: La Mesa Directiva de San Lázaro debe recibir y turnar al Pleno el oficio formal de renuncia para dar inicio al protocolo constitucional.
- Comité Técnico de Evaluación: Se emitirá una convocatoria pública y se integrará un Comité Técnico de Evaluación (con representantes designados por la CNDH, el INAI y la JUCOPO) para revisar perfiles, aplicar exámenes y desahogar entrevistas de idoneidad.
- Integración de Quintetas: El Comité integrará listas de candidatos respetando la paridad de género para la Presidencia del INE.
- Votación en el Pleno: La propuesta enviada a la Cámara requerirá la aprobación de las dos terceras partes (2/3) de los diputados presentes.
De no alcanzarse el consenso legislativo necesario, la Constitución prevé la resolución mediante sorteo (insaculación) en el Pleno de San Lázaro sobre los integrantes de la quinteta final.
Si este procedimiento tampoco se desahogara en los plazos fijados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) procederá a insacular directamente al titular de la lista remitida por el Comité.
La persona que resulte electa no iniciará un periodo de nueve años, sino que asumirá la presidencia únicamente para concluir el periodo pendiente hasta 2032.
DE LA NEGATIVA A LA SALIDA DEFINITIVA
A pesar del cerco judicial y político, la expresidenta del INE mantuvo una postura de rechazo absoluto ante las peticiones de dimisión formuladas por partidos de oposición y sectores civiles.
En encuentros privados con el cuerpo colegiado de consejeros, la funcionaria sostuvo que los señalamientos formaban parte de un “golpeteo político” y ratificó su intención de permanecer en el cargo para resguardar la institucionalidad del organismo.
“El INE está de pie, está trabajando y está fuerte y así llegará a las elecciones, cumpliendo su deber con México”, argumentó la exconsejera presidenta durante sus últimas intervenciones públicas.
Sin embargo, la ratificación del pliego de observaciones por parte de la ASF y la posibilidad latente de que la Cámara de Diputados iniciara un juicio político precipitaron el cambio de postura.
Tras la difusión y posterior republicación de un comunicado oficial, se confirmó la separación definitiva del cargo por razones de estabilidad institucional.
La dimisión se formalizará en San Lázaro, dando inicio al periodo de transición y sustitución provisional del arbitraje electoral.
PUNTOS CLAVE DE LA NOTA
- Renuncia formal: Guadalupe Taddei dimitió a la presidencia del INE tras meses de señalamientos por corrupción, en medio del Proceso Electoral Federal 2026-2027.
- Monto bajo investigación: La ASF investiga contratos irregulares por 514 millones de pesos, detectando esquemas de triangulación de recursos a través de Corporativo Zeg y empresas vinculadas.
- Red de antecedentes: El modelo de contratación se remonta a gestiones anteriores en Sonora, Chihuahua y Oaxaca, involucrando a exfuncionarios que posteriormente fueron incorporados al INE.
- Nómina e irregularidades de personal: Se detectó a un chofer con poder legal de la empresa proveedora (Corporativo Zeg) y a un “líder de proyecto” que realizaba labores de asistencia personal sin justificar sus funciones oficiales.
- Vínculos personales expuestos: Reportajes documentaron festejos compartidos con el contratista principal y un viaje de lujo a París financiado a uno de los hijos de la funcionaria.
- Acciones legales y de fiscalización: La UIF congeló cuentas de las empresas implicadas, la Cofece investiga prácticas monopólicas y la ASF mantiene abiertas diligencias de oficio sobre el organismo electoral.
- Mecanismo de relevo institucional: El Consejo General del INE elegirá una Presidencia Provisional, mientras la Cámara de Diputados activa el proceso constitucional de cuatro a cinco semanas (con opción de insaculación en el Pleno o la SCJN) para cubrir el periodo restante hasta 2032.
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