LANOTA.- Mientras el gobierno de Estados Unidos acusa a tres instituciones financieras mexicanas de facilitar operaciones de lavado de dinero, en México la respuesta oficial ha sido una combinación de tecnicismos, evasivas y silencios estratégicos.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador, compareció ante medios para explicar lo que describió como una intervención “temporal” en la administración de CIBanco, Intercam y Vector. Dijo que fue una decisión preventiva, tomada en coordinación con el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el IPAB, luego de detectar “problemas de financiamiento” en dichas entidades.
Sin embargo, Amador evitó por completo mencionar las acusaciones de lavado de dinero emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que implican vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y con redes asociadas a Genaro García Luna.
Tampoco hizo referencia al hecho de que, apenas un día antes, su propia dependencia informó que los órganos administrativos y representantes legales de las tres entidades serían sustituidos. Difícilmente una medida menor.
EL SILENCIO COMO ESTRATEGIA
Ni una sola mención al origen del escándalo. Mientras Washington señala que el dinero sucio se movió a través de bancos mexicanos, la Secretaría de Hacienda se refugia en la narrativa de “fallas de liquidez”. Y cuando se esperaba una postura clara desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió una declaración escueta: “Al no haber pruebas formales de Estados Unidos, México abrirá su propia investigación”. Nada más.
¿Dónde están esas investigaciones? ¿Cuándo comenzaron? ¿Quién las dirige? Las preguntas quedan sin respuesta. El gobierno mexicano parece más preocupado por minimizar el impacto financiero que por investigar los posibles vínculos criminales de las entidades intervenidas.
NO HAY CRISIS, PERO SÍ INTERVENCIÓN TOTAL
El secretario Amador insistió en que no hay crisis, que el sistema bancario mexicano es sólido y que los mercados financieros muestran estabilidad. Destacó que el tipo de cambio se mantuvo estable entre 18.85 y 18.95 pesos por dólar, y que las tasas de interés locales incluso bajaron ligeramente. Pero la realidad es que el Estado tomó control de tres instituciones financieras acusadas de lavar dinero, y nadie en el gabinete parece querer nombrar el delito.
Las intervenciones, explicó Amador, se llevaron a cabo en tiempos distintos porque dos de las entidades están reguladas por la Ley de Instituciones de Crédito y una más por la Ley del Mercado de Valores. Pero ese detalle legal es poca cosa frente a la gravedad de las acusaciones.
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